➤ «Endesa sigue siendo la empresa de referencia en Canarias desde el punto de vista del suministro energético en las centrales térmicas convencionales» ➤ «Tenemos cuatro islas que dependen única y exclusivamente de Endesa» ➤ «Los vertidos se han disparado. Estamos hablando, en algunos casos, de hasta el 20%»
Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, advierte que el archipiélago sigue «caminando hacia el apagón» y que la llamada emergencia energética está lejos de resolverse. Insiste en que «la emergencia no va a estar resuelta antes de cinco años» y contrasta ese horizonte con el compromiso público del Gobierno de Canarias, que llega a prometer que el problema se solucionará en un año. Recuerda que ya han pasado dos, «megavatios sin servicio, cero, megavatios instalados, cero», y subraya que el discurso que mantiene es «firme» frente a quienes lo acusan de catastrofista.
El decano sitúa el origen del problema en la apuesta de los últimos quince años por mantener la dependencia del fuel y de los derivados del petróleo para generar electricidad. Afirma que «hay que cambiar prácticamente todo lo que existe en las islas» si se quiere gestionar mejor la red, reducir el riesgo de apagones y ganar tiempo hasta que se materialice el llamado concurso largo, con el que se prevé adjudicar en torno a 1.500 megavatios —o quizá bastante menos— para cubrir la demanda del conjunto del archipiélago.
Gran Canaria, la isla más atrasada
Medina describe una situación muy desigual entre islas. Señala que mientras en Tenerife y Fuerteventura «se va caminando» con algunas pequeñas plantas en marcha, «la que está en la cola es Gran Canaria». Enumera los problemas: el «barco turco» ya está fuera del sistema —«esos son del orden de 100 megavatios»—; la planta de Disa ha quedado paralizada por la oposición vecinal «porque no tienen ni parcela»; y «la obra de Ayagaures no ha empezado». Concluye que, a día de hoy, «en Gran Canaria no hay solución».
El decano rechaza que el problema sea la falta de suelo disponible. Sostiene que el Gobierno de Canarias dispone de herramientas legales, como «el artículo 6-BIS de la ley del sector eléctrico canario», que le permitirían implantar una instalación «donde quisiera» y obligar a los ayuntamientos a adaptar su planeamiento. Asegura que ese precepto ya se está utilizando «como instrumento para implantar a martillazos en el territorio» parques fotovoltaicos y eólicos allí donde el planeamiento no los contempla, lo que está generando un fuerte rechazo social, especialmente en islas como Fuerteventura.
Un instrumento legal polémico y un negocio «ruinoso»
Medina explica que aplicar el mismo mecanismo legal para obligar a un municipio a aceptar «una central térmica que funciona con gasoil» es políticamente «muy complicado de gestionar», más aún si, como apunta, «el presidente del Cabildo lo va a impedir». Por eso insiste en que el problema de fondo no es jurídico, sino económico: «es una cuestión de falta de interés por parte de las empresas, porque esto del negocio no es así, yo creo que es un tema ruinoso». Añade que muchas compañías aún no tienen claro cómo se les va a retribuir y que solo «lo van aclarando» poco a poco, lo que frena la toma de decisiones de inversión.
Sobre el concurso de concurrencia competitiva para nueva potencia térmica, el decano denuncia falta de transparencia. Describe una resolución «encriptada» en la que las adjudicaciones se identifican por códigos, sin posibilidad de saber con claridad qué empresas han ganado en cada isla ni con cuánta potencia. Relata que, a partir de los datos que consigue y de las conversaciones que mantiene, va «construyendo un puzzle» que le permite dibujar un mapa provisional del reparto de la generación.
El monopolio de Endesa, intacto en buena parte del archipiélago
Ese «puzzle» lleva a Medina a una afirmación contundente: «En las islas de La Palma, El Hierro, Gomera y Lanzarote, la única empresa que se ha presentado es Endesa». A partir de ahí, remata: «Endesa sigue siendo la empresa de referencia en Canarias desde el punto de vista del suministro energético en las centrales térmicas convencionales», pese a una reforma legal que pretendía romper el monopolio y abrir el mercado a otros operadores.
Recuerda que el diseño del sistema actual se remonta a la etapa del ministro José Manuel Soria al frente de Industria, cuando se planteó «cargar el monopolio de Endesa» para entregar la operación de la red a Red Eléctrica. Según el decano, el resultado es «nefasto», porque el mercado eléctrico canario es tan pequeño que, «si hay un elefante dentro, no cabe nadie más». Asegura que las otras empresas «en conjunto no han ofertado ni el 30% de la potencia», de modo que el peso de Endesa se mantiene prácticamente intacto.
Retrasos, recursos y un horizonte de hasta quince años
Mirando al futuro, Medina enlaza la situación actual del concurso corto con la tramitación del concurso largo, que debería «resolver el problema para toda la vida». Explica que la resolución de la emergencia por vía administrativa puede prolongarse hasta tres años entre resolución provisional, alegaciones, resolución definitiva y eventuales impugnaciones judiciales con petición de medidas cautelares. A eso, advierte, hay que sumar «como mínimo cinco años de tramitación» de proyectos, permisos y evaluaciones ambientales para cada nueva central térmica, en el mejor de los casos.
Recuerda que las centrales deberán superar un «rodillo de la administración» en materia de impacto ambiental, calidad del aire y salud pública, en un marco regulatorio que se alimenta de sucesivas directivas europeas. Ironiza con que la normativa es tan densa que recomienda leerla «en la mesilla de noche» como sustituto de las pastillas para dormir, porque «usted se quedará dormido en cinco minutos».
Renovables frenadas y energía que se tira
El decano se detiene también en el papel de las energías renovables en el sistema canario. Señala que Red Eléctrica, tras forzar la penetración de estas tecnologías «por consignas políticas», ahora «está recogiendo velas» y quemando «gas por un tubo» para aumentar la seguridad del sistema. Apunta que la empresa está introduciendo una gran cantidad de consignas y limitaciones a los parques eólicos y fotovoltaicos, lo que reduce su aportación real a la red.
En ese contexto, destaca que se han empezado a publicar datos sobre los llamados vertidos de energía, es decir, la electricidad renovable que podría haberse inyectado en la red y se corta «por razones de seguridad». Afirma que «los vertidos se han disparado» y que «estamos hablando, en algunos casos, de hasta del 20%», un porcentaje que compromete la rentabilidad de muchos proyectos. Advierte de que, si los bancos tienen en cuenta esos niveles de recorte en sus análisis financieros, el acceso a la financiación para nuevas instalaciones se complica aún más.
Almacenamiento caro y sin encaje normativo claro
Preguntado por el uso de baterías para aprovechar la energía renovable que hoy se desperdicia, Medina reconoce que el almacenamiento puede ser una parte de la solución, pero recuerda sus límites. Señala que la capacidad de las baterías es «limitada» y que para aumentar el volumen almacenado «eso son inversiones» que encarecen la infraestructura y reducen la rentabilidad. Explica que incluso los proyectos que se conciban solo como sistemas de almacenamiento —«en vez de montar un parque eólico, un fotovoltaico, se puede montar un parque de baterías»— carecen todavía de una «normativa de cobertura» clara que determine cuánto se le paga al operador.
El decano menciona también el papel de obras como la central de bombeo de Chira-Soria, en Gran Canaria, llamada a convertirse en gran almacén de energía renovable. Sin embargo, recuerda que el proyecto sigue en obras y que «no sabemos cuándo va a estar operativo», mientras «hay un 20% de energía de renovables que se pierden en islas todos los días», una realidad que admite como «impresionante» por el volumen de recursos desaprovechados.
Un sistema pequeño, complejo y muy politizado
En su análisis, Medina sitúa también bajo el foco a Red Eléctrica. Afirma que la compañía «se vio en un compromiso serio» al hacer «dejación de funciones» por consignas políticas, priorizando un experimento de alta penetración renovable por encima de su obligación de garantizar la seguridad del sistema. Sostiene que, tras el gran apagón, la empresa intenta ahora blindarse con nuevos conceptos —«seguridad reforzada»—, más consumo de gas y cambios normativos que le permitan «dormir más tranquilos».
El decano recuerda que ya en 2013 hubo un debate parlamentario en el que se advirtió de que la reforma eléctrica diseñada para Canarias no traería competencia real. Subraya que aquellas advertencias «han ocurrido de forma milimétrica», hasta el punto de que, tras «prácticamente 12, 15 años» de cambios legales y concursos, el mapa energético del archipiélago «prácticamente se queda igual que estaba». En ese contexto, reitera su preocupación: la emergencia energética no tiene una salida a corto plazo y la ciudadanía sigue expuesta a un riesgo de apagón que, a su juicio, no se está abordando con la seriedad y la transparencia que requiere.