➤ «Red Eléctrica podría estar priorizando la rentabilidad sobre la seguridad del suministro» ➤ «Es urgente una investigación sobre los protocolos de operación en las islas» ➤ «El operador del sistema debe rendir cuentas: no puede actuar sin supervisión»
Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, alerta sobre una posible gestión al límite del sistema eléctrico en las islas. Tras el apagón en La Palma del pasado martes, el ingeniero expresa su preocupación por el hecho de que no se estaría aplicando el criterio de seguridad N-1, que obliga a mantener en funcionamiento grupos de reserva para garantizar el suministro en caso de fallo de una unidad principal.
Medina explica que los sistemas eléctricos insulares, al estar aislados, no disponen de respaldo externo, por lo que este principio técnico debería ser de obligado cumplimiento. Sin embargo, señala que Red Eléctrica, como operador del sistema, podría estar eludiendo esta exigencia amparándose en la normativa vigente, con el objetivo de reducir costes y maximizar los incentivos económicos que recibe por operar de forma eficiente.
Incentivos económicos y decisiones técnicas
El decano denuncia que el modelo de retribución vigente incentiva a Red Eléctrica a reducir el uso de reservas y consumo de combustible, lo que en determinadas circunstancias puede ir en detrimento de la seguridad. «Si no se mantiene una turbina en reserva por ahorrar costes y esta falla, el resultado es un apagón como el de La Palma», afirma. En su opinión, este tipo de decisiones son posibles porque «los procedimientos de operación los aprueba el propio Ministerio y se convierten en normas, pero nadie controla cómo se aplican en la práctica».
Medina considera que el operador del sistema podría estar interpretando «al límite» las directrices de eficiencia, y que eso es lo que debe investigarse. «¿Gana Red Eléctrica dinero a costa de los apagones? No lo puedo afirmar, pero el sistema de incentivos actuales puede llevar a esa tentación», declara.
Exige una auditoría pública del sistema eléctrico insular
Ante esta situación, Medina pide una investigación en profundidad en el Parlamento de Canarias sobre los protocolos operativos aplicados en todas las islas. «No puede ser que nos estemos enterando ahora de que no se aplica N-1 en los sistemas aislados», denuncia. A su juicio, la situación actual genera dudas razonables sobre si la seguridad del suministro está realmente garantizada o si, por el contrario, se está actuando bajo criterios económicos sin suficiente supervisión pública.
En un ejemplo ilustrativo, compara la situación con la de un taxista que debe cruzar el desierto con dos pasajeros: puede reducir peso y consumo para recibir un incentivo, pero a costa de eliminar las ruedas de repuesto. «Eso es lo que puede estar ocurriendo aquí», concluye.
El apagón de La Palma, una señal de advertencia
Medina subraya que el reciente apagón debe servir como una llamada de atención. Recuerda que, tras un evento similar en la península, tanto la presidenta de Red Eléctrica como la ministra de Transición Ecológica aseguraron que no volvería a repetirse y se ordenaría el sistema en función de la seguridad. «Si eso es cierto, ¿por qué en Canarias parece seguir ocurriendo lo mismo?», se pregunta.
Para el decano, urge reforzar los controles sobre los operadores del sistema, clarificar los criterios técnicos que se están aplicando y asegurar que la prioridad es el suministro seguro y continuo para la ciudadanía, por encima de cualquier interés económico.