Para el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, la posición de Antonio Morales no obedece a razones técnicas, sino a estrategias políticas que, «lejos de aportar soluciones, introduce más incertidumbre en un sistema que ya opera al límite».
La comparecencia pública del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sobre el estado del sistema eléctrico insular ha reabierto el debate sobre la seguridad energética de la isla y la planificación de las infraestructuras necesarias para evitar un apagón. Para el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, lo ocurrido no fue una explicación técnica sino una declaración política que, lejos de aportar soluciones, introduce más incertidumbre en un sistema que ya opera al límite.
Medina analiza con preocupación el mensaje lanzado por el presidente insular, que por primera vez reconoce de forma explícita la obsolescencia del parque de generación de Gran Canaria, la escasez de margen de potencia disponible y la fragilidad derivada de centrales térmicas con más de tres décadas de antigüedad. A su juicio, ese diagnóstico no aporta ninguna novedad: «No son más que obviedades que los técnicos venimos señalando desde hace años», afirma, subrayando que el problema no es nuevo, sino el resultado de una planificación deficiente y de decisiones aplazadas en el tiempo.
Una lectura política de la crisis energética
El decano sostiene que el fondo de la comparecencia no está en el análisis técnico del sistema, sino en la intención de condicionar el concurso estatal para la incorporación de nueva potencia. Según explica, el mensaje implícito del Cabildo es claro: utilizar todos los resortes administrativos posibles para dificultar o retrasar la implantación de los grupos adjudicatarios del concurso de concurrencia competitiva de 300 megavatios. «Es una manifestación de intenciones: no nos gusta la solución y vamos a intentar bloquearla», resume.
Medina recuerda que el concurso de emergencia a corto plazo no aporta todavía ninguna solución efectiva para Gran Canaria y que el concurso de largo recorrido es, hoy por hoy, la única vía legal para reforzar la seguridad del suministro. Retrasar su ejecución, advierte, solo contribuye a mantener al sistema en una situación de vulnerabilidad permanente.
Renovables, vertidos y límites reales
Uno de los argumentos centrales del presidente del Cabildo es el elevado vertido de energía renovable, que en determinados momentos supera el 20%. Para Medina, este dato es real, pero su interpretación es interesada. «No es un fallo de las renovables, es un fallo de planificación», explica, recordando que la demanda eléctrica en Canarias permanece prácticamente estancada desde 2008. Sin crecimiento de la demanda y sin suficiente capacidad de almacenamiento, la entrada masiva de nueva generación renovable es limitada.
El decano desmiente además que el concurso estatal ignore la flexibilidad tecnológica. Según precisa, el propio diseño del procedimiento valoraba la incorporación de grupos más pequeños y modulables, aunque finalmente haya primado el criterio económico. «Eso no es una sorpresa; es cómo funcionan este tipo de concursos», señala.
En cuanto al potencial renovable, Medina introduce un matiz relevante: mientras la fotovoltaica aún tiene recorrido, especialmente en cubiertas y entornos urbanos, la eólica terrestre en Gran Canaria está prácticamente agotada. «Se ha ocupado el territorio de forma ineficiente, con parques pequeños y dispersos, y hoy es muy difícil instalar nuevos aerogeneradores», explica. Esta realidad, añade, ya está influyendo en la retirada o el aplazamiento de inversiones privadas ante la falta de rentabilidad y las dificultades de financiación.
Almacenamiento: entre el discurso y la realidad
El debate sobre el almacenamiento energético ocupa un lugar central en la controversia. Medina considera legítimo reivindicar más almacenamiento, pero denuncia las contradicciones del discurso institucional. Durante años, recuerda, se defendió que proyectos como Chira-Soria eran la solución estructural, mientras se descartaban las baterías por su coste. Ahora, cuando el precio de estas tecnologías desciende, se presentan como alternativa sin aclarar cómo se integran en una estrategia coherente.
A su juicio, las distintas escalas de almacenamiento —doméstica, intermedia y de gran tamaño— son complementarias, no excluyentes. Reconoce que Chira-Soria es «un buen proyecto de ingeniería», pero advierte contra las expectativas desmesuradas: su impacto sobre el porcentaje de renovables será limitado y no justifica, por sí solo, la paralización de otras soluciones. Además, recuerda que sigue sin existir un marco retributivo claro para los sistemas de almacenamiento independientes, lo que impide su despliegue masivo.
Riesgos de bloqueo institucional
Uno de los aspectos más graves, según Medina, es la amenaza de una contestación institucional organizada para frenar las nuevas infraestructuras. Aunque reconoce que el Cabildo puede influir en trámites territoriales y ambientales, subraya que la ley contempla mecanismos para que el Gobierno de Canarias imponga proyectos considerados de interés general. «No estamos ante un capricho político, sino ante infraestructuras críticas», insiste.
Bloquear o retrasar estas actuaciones, concluye, solo prolonga una situación de «agonía energética» que pone en riesgo la fiabilidad del suministro. «Ni comemos ni dejamos comer», resume gráficamente, alertando de que el enfrentamiento institucional puede tener consecuencias directas para la ciudadanía si se materializa un fallo grave del sistema.
Para el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, la salida pasa por asumir la realidad técnica, actuar dentro del marco legal y dejar de utilizar la energía como campo de batalla política. «Las soluciones existen y están encima de la mesa. Lo peligroso es seguir posponiéndolas», concluye.