➤ «Estamos resolviendo 3.000 expedientes mensuales» ➤ «Vamos a pasar de 14 a 22 euros la hora en ayuda a domicilio» ➤ «Las ayudas municipales y autonómicas siguen siendo incompatibles, pero el cambio legal ya está en marcha»
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defiende su gestión de la dependencia, rechaza las acusaciones de «datos falsos» y anuncia cambios estructurales para acelerar prestaciones y reforzar la atención domiciliaria. «Si vuelven a decir que se están falseando los datos, tendremos que tomar medidas judiciales», dice, recordando que las cifras se certifican por funcionarios autonómicos y se validan por el Ministerio antes de publicarse como oficiales.
Datos oficiales y aviso de acciones legales
Delgado afirma que las estadísticas de dependencia que Canarias remite al IMSERSO «van certificadas por un funcionario público y verificadas por otro del Ministerio», por lo que sostener que hay manipulación «imputaría un delito a ambos». Advierte que no volverá «a desmentir más» a quienes hablen de «vías falsas» y avanza que, de repetirse, «no quedará otra» que acudir a la vía judicial.
La consejera sostiene que su departamento «está resolviendo una media de 3.000 expedientes mensuales», tras reforzar equipos «por encima de 180 personas», con 30 incorporaciones recientes. Señala que ya hay islas —La Palma, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura— que cumplen el plazo de 180 días para resolver. También subraya dos hitos administrativos: en 10–15 días desde la solicitud, el ciudadano puede consultar su expediente en línea; y al llegar a la consejería, en julio de 2023, se detectaron «casi 8.500 solicitudes sin grabar» que han sido ordenadas.
Personas con derecho reconocido sin prestación efectiva
Frente a la acusación de «mover» personas entre listas, Delgado explica que el desfase se debe a los trámites que siguen a la resolución: elección de empresa, formalización del contrato y alta del servicio, procesos que «pueden llevar tres o cuatro meses». En junio encontraron «unas 8.000 personas» en esa situación; desde entonces, dice, se está llamando «una a una» para identificar obstáculos, y en muchos casos el servicio ya se presta aunque la empresa «tenga pendiente presentar el contrato» a la administración.
Un nuevo modelo para ayuda a domicilio
Para evitar que la familia peregrine entre empresas, la consejería licita un contrato autonómico de ayuda a domicilio: «Ya está a punto de salir el concurso», afirma. Con el nuevo esquema, será la empresa adjudicataria la que contacte al ciudadano «que tiene el derecho reconocido» para activar el servicio. Además, en el convenio con cabildos se ha pactado un alza del precio/hora de 14 a 22 euros, con la que la consejera pretende corregir «el déficit de financiación» que, admite, tenía desbordadas a muchas entidades.
Plazas residenciales y balance de infraestructuras
Delgado responde a las críticas sobre falta de plazas públicas recordando que el convenio insular «tiene efectos desde el 1 de enero de 2025», de modo que «todo cabildo que ha querido crecer en plaza lo ha hecho». Añade, no obstante, que el margen depende de obras heredadas: «El segundo plan de infraestructuras sociosanitarias fue un desastre, solo se ejecutó en torno al 40% y algunas actuaciones siguen sin terminar», lo que limita la creación inmediata de plazas nuevas; aun así, dice, se han generado plazas mediante ampliaciones y mejoras.
Solicitudes en aumento y envejecimiento demográfico
El departamento contabiliza «unas 18.000 solicitudes» registradas y observa que cada mes «entran 1.000 o 2.000 más», un flujo que la consejera vincula al envejecimiento de la población y a la percepción de mayor agilidad en la tramitación. Insiste en que el objetivo es traducir rápidamente el derecho reconocido en una prestación efectiva —sea económica o de servicio— y que parte de la mejora procede de ordenar el circuito documental y de seguimiento con las empresas.
Menores migrantes y reparto estatal
Sobre los menores que solicitan protección internacional, Delgado informa de 161 traslados a la península pero califica el ritmo de «lentísimo», lo que, calcula, prolongaría la descarga de plazas «unos 10 meses» si no se acelera desde el Estado. Advierte de que las nuevas llegadas —con 450 solicitudes más desde mayo— tensan el sistema y reclama «lealtad institucional», financiación suficiente «hasta los 18 años» y un impulso del Gobierno central. «Todas las comunidades tienen que cumplir la ley; ninguna lo hace con alegría porque todas exigen más financiación», resume. Critica que estos menores «se han usado como arma arrojadiza» y pide un frente común contra los discursos de odio.
Compatibilidad de ayudas y marco estatal
Preguntada por la compatibilidad entre ayudas municipales y autonómicas en dependencia, la consejera responde que «siguen siendo incompatibles», pero adelanta que el cambio «se va a arreglar» en la reforma legal que tramita el Congreso, lo que permitirá que «todas las prestaciones sean compatibles entre sí». Recuerda además que las cuantías de las prestaciones «las establece la ley estatal», no las comunidades, por lo que los márgenes autonómicos se concentran en la gestión y los convenios de servicios.
Política de forma y fondo
Delgado evita personalizar en la oposición, pero denuncia «política de la mala» centrada en «cazar el dato» en lugar de presentar propuestas. Reitera su apuesta por «no perder las formas» y por sumar miradas para resolver problemas «que afectan a los más vulnerables: personas con discapacidad y mayores». «Me da igual que me critiquen; lo que pido es aunar esfuerzos», concluye, convencida de que ya se han puesto «bases sólidas» para corregir déficits estructurales del sistema.