➤ «En dos años hemos pasado de 26 a 14 meses de espera y ya hay islas que cumplen los seis meses que marca la ley». ➤ «No hemos llegado tarde: hemos renegociado un convenio caducado desde 2018 y lo hemos actualizado a costes reales». ➤ «El Estado le debe a Canarias más de 350 millones solo en dependencia y otros 100 millones por los menores migrantes».
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defiende que la comunidad autónoma ha acometido una reforma estructural del sistema de dependencia tras años de infrafinanciación y falta de actualización de los servicios.Sostiene que los problemas actuales no se explican por inacción del Ejecutivo autonómico, sino por un marco financiero estatal que, a su juicio, «no cumple la ley» y traslada a Canarias una carga económica que no le corresponde.
Un convenio renovado tras años de parálisis
Delgado explica que el nuevo convenio sociosanitario firmado con los cabildos, dotado con 1.602 millones de euros para el periodo 2025-2028, sustituye a uno anterior que expiró en 2024 y cuyos precios estaban desfasados desde hacía más de una década. La consejera afirma que el acuerdo no solo actualiza los costes reales de los servicios, sino que introduce un protocolo de derivaciones para casos sociales complejos, que van desde personas mayores con alta hospitalaria hasta situaciones sobrevenidas como incendios o inundaciones que inutilizan viviendas.
Según detalla, los efectos del convenio se retrotraen al 1 de enero de 2025, lo que permite cubrir todo el ejercicio y garantizar estabilidad financiera durante cuatro años. «Hemos apostado por un instrumento que no nos haga volver a la casilla de salida», afirma.
Menos personas bloqueadas en hospitales
Uno de los problemas más visibles es la ocupación de camas hospitalarias por personas con alta médica que no pueden regresar a sus domicilios. Delgado asegura que la cifra se ha reducido de forma significativa: «No hablamos de 1.500 personas, ahora no llegan a 500». Añade que cada caso se analiza de manera individualizada, distinguiendo entre quienes necesitan refuerzos de ayuda a domicilio, quienes requieren plaza sociosanitaria y aquellos supuestos en los que existen situaciones de abandono familiar, que ya se están derivando a la vía judicial.
La consejera señala que en 2025 ya se han puesto en marcha unas 4.000 plazas nuevas mediante ampliaciones de centros existentes y refuerzos de servicios como la ayuda a domicilio, además de obras financiadas con fondos europeos Next Generation, por más de 75 millones de euros, que permitirán incrementar la capacidad del sistema a lo largo de este año.
Listas de espera: avances desiguales
En relación con los tiempos de espera, Delgado reconoce que la situación sigue siendo mejorable, pero subraya avances relevantes. «Cuando empezamos la legislatura se tardaban 26 meses en reconocer el grado; ahora estamos en 14 meses de media y ya hay islas donde se cumple el plazo legal de seis meses», dice. Añade que el número de personas con grado reconocido y prestación concedida ha pasado de 44.000 en julio de 2023 a 68.000 en la actualidad.
La consejera admite que existe una fuerte demanda en los centros de día, alineada con la estrategia europea de desinstitucionalización. Defiende un modelo que prioriza la permanencia de las personas dependientes en su entorno habitual, combinando centros de día de proximidad, ayuda a domicilio y la figura del asistente personal. «Lo importante es que el mayor esté en su casa el mayor tiempo posible y no romper su entorno social», afirma.
Centros de día y lucha contra la soledad
Delgado insiste en que los centros de día son una herramienta clave contra la soledad no deseada y el deterioro cognitivo. Detalla que se está realizando un estudio municipio a municipio para planificar nuevas infraestructuras, con el objetivo de que los municipios pequeños cuenten al menos con un centro de día y los de mayor población amplíen su red. Reconoce que existen listas de espera, aunque señala que hay territorios donde la oferta ya es suficiente y otros, como Lanzarote, donde los cabildos están adquiriendo inmuebles para crear nuevos recursos.
Menores migrantes y arraigo en Canarias
En materia de menores migrantes con derecho a protección internacional, Delgado aclara que no han renunciado al asilo. Afirma que se está verificando, con intervención de la Fiscalía, que algunos de estos menores tienen arraigo en Canarias y desean permanecer en el archipiélago. «Lo que pedimos al Estado es que habilite plazas en Canarias para ellos», explica, y confirma que mientras tanto siguen siendo atendidos por la comunidad autónoma, con financiación estatal.
La consejera defiende el paso progresivo de grandes centros de emergencia a hogares de menor capacidad, de hasta 20 menores, para favorecer la integración. Asegura que este modelo permitirá que los jóvenes continúen su formación, accedan al empleo y desarrollen su proyecto de vida en condiciones de mayor normalidad.
La financiación, el gran conflicto con el Estado
Delgado sitúa el principal problema en la financiación estatal de la dependencia. Recuerda que la ley establece una cofinanciación al 50%, pero denuncia que el Estado solo aporta en torno al 17%. “En 2025 Canarias puso 518 millones y el Estado solo 99; este año el coste sube a 581 millones”, afirma. Según sus cálculos, el Estado adeuda a Canarias más de 350 millones de euros en dependencia, a lo que se suman los recursos pendientes por la atención a menores migrantes y por los planes contra la pobreza.
La consejera critica que no se tenga en cuenta la aportación de los cabildos en el cómputo estatal y alerta de que esta infrafinanciación pone en riesgo la sostenibilidad económica del archipiélago. «Si Madrid se ahorra 200 o 300 millones al año a costa de Canarias, nos meten en un problema enorme», sostiene.
Reformas lentas, pero estructurales
Frente a las críticas políticas recibidas en meses anteriores, Delgado afirma que el «silencio» actual responde a que los hechos avalan el trabajo realizado. «Hemos ido despacio, pero seguros, porque esto requería una reforma profunda», dice. Reconoce que queda mucho por hacer, pero defiende que el nuevo modelo sienta las bases para un sistema de bienestar más sólido y previsible en los próximos años.