La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, anuncia un procedimiento que permitirá a la Administración contratar directamente servicios de atención, sin que los beneficiarios tengan que buscar una empresa por su cuenta.
El Gobierno de Canarias trabaja en un nuevo modelo de contratación para agilizar la prestación de servicios a las personas dependientes que ya tienen reconocido su Programa Individual de Atención (PIA), pero todavía no reciben la atención correspondiente. La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, explica en El Espejo Canario que actualmente existen 12.087 PIA no efectivos y que el objetivo es facilitar el acceso a los servicios mediante contratos gestionados directamente por la Comunidad Autónoma.
Ramírez señala que se pretende implantar un sistema dinámico de adquisición, una modalidad de licitación abierta a empresas, entidades y autónomos acreditados que cumplan los requisitos establecidos. La Administración podrá identificar periódicamente las necesidades de atención en cada municipio y contratar a distintos proveedores según su capacidad. De esta manera, una misma oferta de atención domiciliaria podrá distribuirse entre varias empresas, sin necesidad de que cada usuario tenga que localizar por sí mismo un prestador del servicio.
Contacto directo con las personas en espera
La directora general explica que durante septiembre se realizó una campaña de llamadas a través del 012 para contactar individualmente con las aproximadamente 12.000 personas cuyos PIA todavía no se habían hecho efectivos. La iniciativa permitió detectar situaciones diferentes: beneficiarios que no desean recibir servicios, personas que no comprendieron la resolución administrativa, usuarios que ya habían contratado una empresa pero no habían presentado la documentación y familias que prefieren cambiar la prestación reconocida.
Como consecuencia, la Dirección General ha abierto cientos de procedimientos de revisión y está realizando visitas domiciliarias para adaptar las prestaciones a las necesidades reales. Ramírez sostiene, además, que el plazo actual de resolución de las solicitudes se sitúa en 67 días, frente a los 214 que recoge la estadística del Imserso. Explica que esta diferencia se debe al cálculo de la media anual utilizado por el organismo estatal y confía en que sus datos reflejen la reducción de los tiempos durante los próximos meses.
Resoluciones más fáciles de comprender
Otra de las novedades anunciadas es la incorporación de documentos de lectura fácil a las resoluciones administrativas, con el propósito de que los beneficiarios comprendan qué prestación se les ha reconocido y cuáles son los pasos necesarios para hacerla efectiva. Ramírez reconoce que numerosas personas, especialmente mayores, reciben comunicaciones oficiales cuyo contenido no entienden y desconocen cómo deben proceder.
Las nuevas resoluciones incluirán un apartado de preguntas y respuestas con instrucciones sobre la contratación de servicios, la consulta de empresas acreditadas y la presentación de contratos y facturas. La directora general anuncia que comenzarán a utilizarse la próxima semana y espera que contribuyan a reducir los casos en los que la falta de comprensión de los trámites retrasa el acceso a las prestaciones.
Ramírez reconoce que el sistema de dependencia arrastra importantes carencias, aunque destaca los esfuerzos económicos realizados durante la legislatura, entre ellos el convenio plurianual de mil millones de euros con los cabildos y la actualización del precio de las plazas. Considera que el principal desafío pendiente consiste en transformar la mayor rapidez de las resoluciones administrativas en servicios efectivos para las personas que los necesitan.