José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo, afirma que el sector tiene «muchísimos problemas de ordenación y de gestión», lo que ocasiona que se vulnere el derecho a la vivienda.
Cada día se presentan en Canarias unas doscientas declaraciones responsables con la finalidad de destinar una vivienda al alquiler vacacional, lo que explica que, en los últimos años se haya llegado a la cifra de 220.000 plazas en esta modalidad, mientras se han reducido el número de camas turísticas.
«Es un ritmo inasumible», afirma José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno canario, que señala que con el decreto del año 2015, «todas las viviendas de Canarias pueden ser usadas para alquiler vacacional».
Esto supone «muchísimos problemas de ordenación y de gestión», y Sanabria entiende que no se puede tener un sector sin una regulación mínima que garantice los derechos de todas las partes: «Tenemos la determinación y tenemos las competencias».
Ordenación Sostenible del Uso Turístico
Por este motivo, el Gobierno canario presentó este miércoles el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, en el que se señala que serán los ayuntamientos quienes establecerán los límites de la vivienda vacacional, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
Con la nueva ley una parcela residencial no va a permitir el uso exclusivo de hospedaje en ninguna modalidad de alojamiento turístico, lo que supondrá un cambio respecto a la regulación actual, que no establece límites cualitativos ni cuantitativos, y donde cualquier vivienda de los 1,78 millones que hay en Canarias puede destinarse a este fin con una declaración responsable.
Por eso, esta ley busca el equilibrio entre el derecho a la vivienda, el de libertad de empresa, el de todos los canarios a preservar su identidad, su medioambiente, sus ciudades, sus pueblos y el de los 54.284 propietarios de viviendas vacacionales a tener una renta adicional. Por esta razón, la nueva norma establece, con carácter general y flexible, que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente, mientras que en las Islas Verdes se aplicará el 80%. Además, dentro de la hoja de ruta que se ha marcado la Consejería se encuentra la de proporcionar herramientas a los ayuntamientos que les permitan adecuar su normativa urbanística y delimitar dónde quieren esas viviendas.
Coordinar la información, la inspección y el control
Con ese objetivo, el Gobierno de Canarias pondrá a disposición de las corporaciones locales el Cuadro de Mandos de la Vivienda Vacacional, una herramienta digital que permite consultar en tiempo real y de forma georreferenciada la evolución de esta modalidad alojativa.
Además, se estudia y prepara una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores para el acceso al registro turístico por vía telemática, con el fin de coordinar la información, la inspección y el control de la actividad, afirma Sanabria.
Nuevos requisitos
El anteproyecto fija las razones por las que se puede habilitar el uso de hospedaje. En este sentido, será necesario acreditar que el municipio dispone de suelo suficiente para vivienda permanente, que no está afectado por las normas de mercado residencial tensionado; será imprescindible también argumentar que esa habilitación es compatible con el uso turístico residencial y tendrán que usar indicadores de sostenibilidad.
Si la administración local permanece cinco años sin efectuar actuación alguna, se aplicarán subsidiariamente unas normas que emanan del anteproyecto de ley del Gobierno autonómico, como ocurre en ciudades como Donosti o Madrid. Las viviendas destinadas al uso vacacional y/o turístico deberán cumplir requisitos mínimos de sostenibilidad, calidad y competitividad.
Diez año a uso residencial
El texto normativo incluye también que las viviendas de nueva construcción deberán destinarse como mínimo diez años a un uso residencial, antes de solicitar su comercialización como vivienda vacacional.
El inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable, que deberá ir acompañada de una memoria técnica de actividad clasificada, así como de una cédula urbanística, y no podrán dedicarse a fines turísticos las viviendas sometidas a ningún régimen de protección pública (VPO).