El vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Javier Valentín Peñate, asegura que la norma «pretende dejar el negocio en manos de grandes tenedores».
El vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Javier Valentín Peñate, sostiene que la norma que se somete a aprobación en el Parlamento deja «en la cuneta» a miles de familias con viviendas turísticas y abre una vía de supervivencia a quienes operan edificios completos. Afirma que hasta un 90% de los actuales titulares podría quedar fuera del mercado por exigencias municipales que, en la práctica, no podrán cumplir.
Peñate explica que el Gobierno remitirá a los ayuntamientos un listado de viviendas vacacionales y que estos deberán identificar las que «no cumplan con la actividad clasificada» para ordenar su salida de la actividad turística. En plazo inferior a un año —dice— muchos titulares, pese a tener declaración responsable, podrían perder la posibilidad de operar porque no obtendrán el requisito municipal exigido. Calcula que en torno al 90% de las viviendas actuales quedaría fuera, un porcentaje que atribuye a exigencias previas a 2011 que hoy resultan de imposible cumplimiento para propietarios individuales.
«Cribado» municipal
Según el portavoz de ASCAV, la ley prevé cinco años de adaptación solo para quienes ya presentaron declaración responsable, pero antes de ese plazo operará el «cribado» municipal. En la práctica, apunta, muchos consistorios están dejando sin efecto solicitudes de actividad por motivos como exigir el alta de autónomos a pensionistas o asalariados que alquilan su vivienda «igual que lo harían en larga temporada».
Vía de escape para edificios completos
Frente a las limitaciones para la vivienda aislada, Peñate subraya que la norma «establece un mecanismo» para que quienes explotan un edificio completo puedan acogerse a la modalidad de hotel o complejo de apartamentos. No van a tener ningún problema», responde cuando se le plantea el caso de operadores con varios edificios en zonas estratégicas. A su juicio, la ley «camufla» esas explotaciones dentro de categorías turísticas tradicionales y, al mismo tiempo, «cierra la puerta» al propietario con una sola vivienda.
El abogado niega que la erradicación de la vivienda vacacional reduzca los alquileres residenciales. Cita Barcelona y Nueva York para sostener que, pese a restricciones severas a las viviendas turísticas, los precios de alquiler siguieron al alza, mientras que «la noche de hotel subió más de un 30%» por la menor competencia. «El objetivo real es que, a menor competencia, mayor precio de los hoteles», afirma.
La carga pasa a los ayuntamientos y persiste el limbo en zonas turísticas
Otra crítica central es el traslado de la labor inspectora a los municipios. «El Gobierno quiere que los ayuntamientos pongan la cara frente a los vecinos», señala, recordando que la autonomía municipal queda «encorsetada» por parámetros fijados en la ley. «Desde 2015, quien tiene la competencia de inspección turística es el Gobierno; ahora pretende que le arreglen las papeletas los ayuntamientos», reprocha.
En ámbitos turísticos, añade, una disposición transitoria impediría que complejos «residencializados de facto» se dediquen a vivienda vacacional. ASCAV, asegura, propuso aprovechar la ley para dar salida a «miles de familias» con apartamentos en el sur y permitir la comercialización individualizada, pero el Ejecutivo «dio un balonazo hacia adelante» y lo dejó para una futura ley de ordenación del turismo. Mientras tanto, «siguen en un limbo» legal y operativo.
«No habrá solución habitacional con esta ley»
Peñate insiste en que el objetivo declarado del Gobierno —«regular el sector para bajar precios de alquiler y aliviar la tensión de vivienda»— no se cumplirá con el texto que se pretende aprobar. «No va a solucionar el problema habitacional que tiene Canarias», afirma, y remarca que informes académicos que han trasladado al Ejecutivo avalan su diagnóstico, sin haber sido atendidos. «Nos han mirado para otro lado y han usado el mismo argumento para machacarlo», denuncia.
Sobre la normativa estatal que obliga a un número de registro para operar en plataformas como Airbnb o Booking (NRA), señala que, combinada con el nuevo marco autonómico y la exigencia de actividades clasificadas, coloca al pequeño propietario en «absoluto desamparo». «Las normas actuales castigan al pequeño propietario de Canarias», concluye.