Lucía Pérez Rey, coordinadora de las unidades de Trabajo Social Comunitario y Desahucios del Ayuntamiento, confirma la suspensión del lanzamiento de un vecino de 70 años enfermo de cáncer, aunque advierte de que la medida no garantiza que pueda permanecer definitivamente en su vivienda.
El Ayuntamiento de Arona ha intervenido en 254 casos de desahucio desde el 1 de septiembre de 2025, según explica en El Espejo Canario Lucía Pérez Rey, coordinadora de las unidades de Trabajo Social Comunitario y Desahucios del área municipal de Servicios Sociales. La responsable municipal confirma que se ha suspendido el lanzamiento previsto para el 22 de octubre de un vecino de Guaza, de 70 años, enfermo de cáncer y perceptor del ingreso mínimo vital. El afectado continúa en su vivienda y, por el momento, no existe una nueva fecha para ejecutar el desahucio.
Pérez Rey explica que los informes de vulnerabilidad elaborados por los servicios sociales no implican automáticamente la paralización de los procedimientos judiciales. «Los tiene en cuenta, pero no son concluyentes», señala sobre la valoración que realizan los jueces. La trabajadora social precisa que cada procedimiento es diferente y que la decisión última sobre la suspensión o el aplazamiento corresponde al órgano judicial, incluso cuando existen circunstancias personales de especial gravedad.
Una emergencia habitacional sin recursos suficientes
La coordinadora advierte de que Arona carece de viviendas disponibles y de recursos alojativos de emergencia suficientes para afrontar el problema. «Lo que antes era algo anecdótico, que más o menos podíamos resolverlo, ahora es algo de todos los días», afirma. Explica que los servicios sociales intentan evitar que las personas vulnerables, especialmente cuando hay menores, terminen en la calle, pero reconoce que los ayuntamientos carecen de herramientas y competencias suficientes para resolver una crisis que excede sus posibilidades.
Pérez Rey describe un mercado del alquiler en el sur de Tenerife en el que la escasez de oferta y los elevados precios dificultan encontrar vivienda incluso a personas con empleo. Asegura que el propio Ayuntamiento tiene problemas para cubrir sustituciones laborales porque algunos trabajadores aceptan inicialmente los puestos, pero terminan renunciando al no encontrar alojamiento. Los propietarios, explica, realizan un verdadero «casting» entre los solicitantes y exigen determinados perfiles, varias nóminas o la ausencia de menores.
La vulnerabilidad de inquilinos y propietarios
La responsable municipal considera que el debate sobre los desahucios no puede limitarse a la situación de los inquilinos, porque también existen pequeños propietarios que dependen de las rentas para sostener su economía. Advierte de que la inseguridad que perciben algunos arrendadores está provocando mayores exigencias para alquilar e incluso la retirada de viviendas del mercado, lo que, a su juicio, agrava la escasez de oferta.
En el caso del vecino de Guaza, Pérez Rey asegura que los servicios sociales habían estudiado alternativas de emergencia para evitar que quedara en la calle. Aunque la suspensión del lanzamiento ofrece un alivio inmediato, insiste en que la situación continúa abierta y que el Ayuntamiento permanece a la espera de conocer si el juzgado establece una nueva fecha de desahucio.