➤ «En España hemos extralimitado la autonomía universitaria y la hemos confundido con autogobierno» ➤ «La sociedad financia muy mayoritariamente la universidad y la universidad se debe a la sociedad» ➤ «El recurso de inconstitucionalidad transmite una imagen de la universidad que no es la adecuada»
El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), Antonio Abril, sitúa el debate canario sobre la ley de consejos sociales en un plano que trasciende al Archipiélago. Habla desde A Coruña —donde también preside el Consejo Social— y enmarca lo sucedido en Canarias como un caso «muy relevante» por dos motivos: por el «altísimo grado de consenso» con el que, afirma, se aprueba una norma universitaria y por el papel que, a su juicio, se reconoce aquí a los consejos sociales, a los que define como «los representantes de la sociedad en la universidad». Abril subraya que «los consejos sociales en Canarias han sido siempre los más desarrollados de España» y presenta el llamado «modo canario de hacer política» como una práctica basada en «no polarizar» y «intentar llegar a acuerdos».
Consejos sociales: menos «recaudar fondos» y más alinear universidad y sociedad
Abril insiste en que la función esencial de estos órganos no es la captación de recursos, sino una misión de fondo: «la principal función, la responsabilidad de los consejos sociales es procurar que la actividad y los objetivos de las universidades públicas satisfagan las necesidades reales de la sociedad, del tejido productivo». Desde esa premisa, defiende que dotarlas de más capacidades conduce a «universidades más transparentes, con más rendición de cuentas, más eficientes, más eficaces» y, sobre todo, contribuye a reducir «la excesiva distancia que hay entre la universidad y la sociedad». En su relato, la universidad pública es «un servicio público» y, por ello, debe asumir obligaciones de transparencia y adaptación a la realidad social.
Autonomía frente a autogobierno: el núcleo de la controversia
Al abordar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, Abril niega que la discusión pueda reducirse a una amenaza a la autonomía universitaria. A su juicio, el problema arranca de una interpretación histórica: «en España hemos extralimitado la autonomía universitaria» y «la hemos confundido con autogobierno universitario». Sitúa el origen en el modelo implantado tras la ley de 1983, cuando, dice, se pasa de una «universidad intervenida» a un esquema de «democracia orgánica» ejercida solo por quienes estudian y trabajan en la institución, dejando a la sociedad fuera.
Abril delimita conceptos: sostiene que la autonomía universitaria es «libertad de enseñanza, libertad de cátedra y libertad de investigación», mientras que el autogobierno «no se identifica» con esa autonomía. Y remarca un principio central de su argumentación: «la universidad es un servicio público» y «la dueña, si se puede hablar así, es la sociedad a la que se debe la universidad pública».
El recurso del Defensor del Pueblo: sorpresa y lectura del perfil
El presidente de la CCS afirma que el recurso «nos tiene sorprendidos», tanto por el contexto de consenso en Canarias como por quién lo impulsa. Subraya que no procede de 50 diputados o 50 senadores, ni de ningún gobierno, sino del Defensor del Pueblo. Desde el respeto institucional, añade una valoración personal: «el que en este momento el defensor del pueblo sea un exrector y ex presidente de la asociación de rectores transmite una imagen de la universidad que yo creo que no es la adecuada». Aclara que no pretende «ofender a nadie», pero fija una reflexión sobre la percepción pública del conflicto.
Abril resume el fondo del malestar con claridad: «lo que le ha molestado a los rectores de la ley es que mejora las capacidades y las competencias de los consejos sociales». Habla de «resistencia al cambio» y vincula la reacción al refuerzo de las funciones de «control y supervisión de la actividad económica y presupuestaria». En ese contexto, interpreta que existe también el temor a que Canarias se convierta en «un ejemplo» exportable a otras comunidades autónomas.
Cinco puntos bajo discusión: titulaciones, permanencia y acceso a la información
Abril entra en el detalle de los «cinco temas» que centran el recurso. Afirma que varias de las competencias impugnadas ya existían antes de la ley orgánica de 2023 y sostiene que «si han sido constitucionales hace 20 o 30 años, no pueden dejar de serlo ahora». Cita ámbitos como «titulaciones oficiales y centros adscritos» o «normas de progreso y permanencia del alumnado», y defiende el acceso de los consejos sociales a documentos y archivos: «no se puede ejercer el control económico y financiero sin acceso a la información».
Competencias sin medios: una debilidad estructural
Más allá del caso canario, Abril describe un problema generalizado: los consejos sociales tienen «responsabilidades legales», pero no siempre «capacidades ni medios» para ejercerlas. En ese contexto vuelve a situar a Canarias «por delante», como «la que está tirando del conjunto del sistema» y «el ejemplo que hay que seguir».
Transferencia, internacionalización y desconexión social
Abril conecta el modelo de gobernanza con déficits persistentes. Denuncia que la universidad prioriza «la publicación científica y no la transferencia de resultados al sector productivo», lo que explica que «publicamos mucho y muy bien, pero no funciona la transferencia». Cita literalmente la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación al reconocer que «un reto no resuelto en España es el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados».
En cuanto a la proyección exterior, afirma que «las universidades nunca se han internacionalizado» con la intensidad necesaria, a diferencia de las empresas españolas tras la crisis. Vincula esta carencia a la ausencia de una sociedad con capacidad real de decisión en la gobernanza universitaria.
Universidad pública y expansión privada
Abril lanza una pregunta que considera reveladora: «¿Cómo es posible que en España haya casi tantas universidades privadas como públicas?». Su respuesta apunta a la desconexión entre universidad pública y tejido productivo, y a la falta de fuentes alternativas de financiación. Resume la percepción social en una frase recurrente: «la universidad… eso no hay quien lo cambie».
«Único en el mundo»: el contraste internacional
Uno de los ejes más contundentes de su intervención es comparativo. Abril afirma que el sistema español de gobernanza universitaria es «único en el mundo» y lo contrapone a modelos europeos con un órgano único de gobierno, presidido por la parte social, que designa al rector «por concurso de méritos», incluso procedente de «cualquier parte del mundo». Frente a ello, cuestiona un sistema que hace «imposible» que alguien externo a la institución acceda al rectorado.
Cierre: excelencia universitaria y desarrollo del país
En el tramo final, Abril reformula su mensaje: «no es solo un alegato a favor de la libertad, sino a favor de la excelencia de la universidad, de su transparencia, de la rendición de cuentas, de la transferencia del conocimiento y de la empleabilidad». Sitúa a la universidad como motor del progreso: «el verdadero motor del desarrollo económico y social es el talento formado por las personas», y concluye que «mejores universidades, más abiertas a la sociedad, hacen al país muchísimo mejor».