➤ «Cuando llegamos, no sabíamos el estado real de la contabilidad del Ayuntamiento» ➤ «La situación del Ayuntamiento viene de diez años de debilitamiento institucional» ➤ «Denegamos la planta de biogás para defender el bienestar de los vecinos y proteger las arcas municipales»
El alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira (PSOE), asegura que el consistorio atraviesa una etapa compleja marcada por problemas contables acumulados durante años y por la necesidad de regularizar pagos pendientes. El regidor reconoce que el ayuntamiento afronta cerca de un millón de euros en facturas pendientes correspondientes a ejercicios anteriores, una situación que, según afirma, condiciona el funcionamiento diario de la administración municipal.
Ferreira explica que las irregularidades detectadas en la contabilidad municipal obligan al actual equipo de gobierno a dedicar una parte importante de sus esfuerzos a ordenar las cuentas antes de poder centrarse plenamente en la gestión cotidiana del municipio.
Facturas pendientes y problemas contables
El alcalde señala que el origen de la situación se remonta a varios mandatos anteriores y que los problemas se han detectado tras la incorporación de nuevos responsables técnicos en el área económica: «Estamos afrontando facturas de años anteriores y de mandatos anteriores y eso nos está generando un retraso importante en el pago a proveedores», afirma.
Según explica, en algunos casos se trata de facturas que ni siquiera habían sido contabilizadas correctamente en ejercicios anteriores. El regidor asegura que los errores de contabilidad se vienen detectando desde al menos 2017 y que ahora el ayuntamiento está obligado a asumir pagos que corresponden a ejercicios anteriores: «Yo, estando incluso dentro del ayuntamiento, no sabía el estado real de la contabilidad», dice.
Entre las deudas pendientes, Ferreira menciona facturas relacionadas con servicios esenciales como el suministro eléctrico o las tasas de residuos, así como pagos correspondientes a ayudas sociales de ejercicios pasados.
La situación ha obligado al consistorio a negociar con proveedores para evitar interrupciones en servicios básicos.
Un plan de choque para regularizar las cuentas
El alcalde reconoce que esta situación está condicionando seriamente la gestión municipal durante el actual mandato.
Ferreira explica que la llegada de nuevos responsables en la intervención y en la contabilidad municipal ha permitido detectar irregularidades que hasta ahora no se habían puesto de manifiesto: «Este año está siendo muy complicado porque los nuevos técnicos están sacando todos los fallos y defectos que había en ejercicios anteriores», afirma.
Ante esta situación, el gobierno municipal ha puesto en marcha un plan de choque para tratar de regularizar las cuentas lo antes posible.
El regidor asegura que mantiene reuniones diarias con el área de Hacienda para intentar acelerar el proceso de revisión de facturas y normalizar los pagos a proveedores.
La polémica sobre los sueldos municipales
Durante la entrevista, el alcalde también responde a la polémica generada en torno a la supuesta anulación de los sueldos aprobados por el ayuntamiento en 2024.
Ferreira rechaza esa interpretación y asegura que se trata de una confusión interesada: «Se está tratando de confundir y de malinformar a la población», afirma.
Según explica, lo que se declara nulo es únicamente la convocatoria urgente de un pleno municipal, pero no el acuerdo sobre las retribuciones de los cargos públicos.
El regidor recuerda que los sueldos municipales se aprueban en julio de 2023 y que incluso cuentan con el voto favorable de algunos de los concejales que posteriormente presentan la impugnación.
Además, subraya que las retribuciones actuales son inferiores a las existentes en mandatos anteriores: «Ningún concejal ha aumentado su sueldo y para las arcas municipales hay un ahorro respecto a la etapa anterior», asegura.
Un mandato marcado por la reconstrucción institucional
A pesar de las dificultades, Ferreira sostiene que mantiene intacta la ilusión por el cargo y defiende el trabajo que se está realizando para reorganizar la administración municipal.
El alcalde describe la situación heredada como extremadamente compleja, con carencias importantes en la estructura administrativa del ayuntamiento: «Esto no viene de un año ni de dos; viene de diez años en los que el ayuntamiento se ha ido debilitando», afirma.
Según explica, el consistorio carecía de personal técnico suficiente en áreas clave, lo que ha obligado al nuevo equipo de gobierno a iniciar un proceso de reorganización administrativa.
Ferreira concluye que el objetivo es reforzar la plantilla municipal, cubrir las plazas vacantes y recuperar la capacidad de gestión del ayuntamiento: «Estoy convencido de que en un plazo breve de tiempo el municipio va a salir adelante», afirma.
Rechazo a la planta de biogás en La Atalaya
Otro de los asuntos abordados durante la entrevista es la decisión del ayuntamiento de denegar la licencia para la instalación de una planta de biogás en la zona de La Atalaya.
Ferreira explica que la decisión se adopta tras analizar informes técnicos y jurídicos que advierten de posibles impactos sobre el entorno y la población: «Denegamos la planta de biogás para defender el bienestar de los vecinos y vecinas», afirma.
El alcalde asegura que el ayuntamiento actúa con cautela para evitar posibles responsabilidades jurídicas y para garantizar que cualquier decisión se adopte con respaldo legal suficiente.
Según explica, el principal problema radica en la proximidad de la instalación a núcleos urbanos y a equipamientos sensibles: «Con informes técnicos y jurídicos se concluye que una instalación de este tipo tan cerca de zonas habitadas generaría perjuicios insostenibles para la población», señala.
Debate sobre las energías renovables
Ferreira insiste en que la oposición municipal a la planta de biogás no responde a un rechazo a las energías renovables, sino a la falta de una regulación más precisa sobre este tipo de infraestructuras.
El alcalde considera que el Gobierno de Canarias debería establecer normas más estrictas sobre la ubicación y funcionamiento de estas instalaciones.
Entre otras cuestiones, menciona el impacto del tráfico de camiones que transportan residuos orgánicos o el posible impacto de los olores sobre los vecinos: «No estamos en contra de las energías renovables, pero creemos que deben regularse mucho más estrictamente», afirma.
También cuestiona la viabilidad de una planta de estas características en una zona donde, según explica, no existe suficiente producción local de residuos orgánicos para alimentarla.