➤ «Pedro Sánchez y su gobierno han fracasado con Ceuta-Melilla, igual que lo llevan haciendo con Canarias a lo largo de los últimos años en materia migratoria» ➤ «Por desgracia, toca en un plano muy práctico ir desbloqueando los asuntos que se pueden» ➤ «Cada uno de los acuerdos de la moratoria va a ser ratificado por el juzgado»
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, cuestiona la respuesta del Ejecutivo estatal ante la situación de Ceuta y considera que refleja una situación de «descontrol absoluto» y falta de capacidad para afrontar los problemas. Cabello vincula esta crítica con la gestión de la política migratoria en Canarias y, en el ámbito político, sostiene que la debilidad parlamentaria del Gobierno obliga a las comunidades autónomas a intentar desbloquear los asuntos pendientes mientras sea posible.
Cabello establece una relación entre lo sucedido en Ceuta y la experiencia migratoria de Canarias desde el punto de vista de la respuesta del Estado. «Pedro Sánchez y su gobierno han fracasado con Ceuta-Melilla, igual que lo llevan haciendo con Canarias a lo largo de los últimos años en materia migratoria. Esa es la analogía», afirma.
La respuesta a Ceuta
El viceconsejero distingue, sin embargo, entre la naturaleza de ambos fenómenos y sostiene que la situación de Ceuta no debe analizarse exclusivamente como un problema migratorio. A su juicio, la diferencia fundamental está en el origen y en la respuesta que requiere cada situación, aunque considera que en ambos casos existe una incapacidad del Gobierno de España para ofrecer soluciones.
Cabello critica también que el presidente del Gobierno mantuviera sus vacaciones durante la crisis y compara esa actuación con la respuesta de las autoridades canarias ante situaciones de emergencia. «Es que no me cabe en la cabeza», insiste, antes de recordar que él mismo regresó de sus vacaciones durante un incendio por si podía colaborar con algún ayuntamiento.
A su juicio, el problema supera además el debate sobre las relaciones con Marruecos. Cabello pone el foco en la situación de la población de Ceuta y cuestiona que un Estado con los recursos de España no pueda responder con mayor eficacia. «Aquí hay una gente que está sufriendo, que son españoles», señala.
Debilidad política y financiación
Cabello considera que la situación parlamentaria del Gobierno de España es extremadamente débil y plantea que debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones si no puede sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. No obstante, advierte de que esa situación no puede paralizar la gestión de los asuntos que afectan directamente a Canarias.
En ese contexto explica la posición que, según sostiene, mantiene el Ejecutivo canario ante el Gobierno central. «Por desgracia, toca en un plano muy práctico ir desbloqueando los asuntos que se pueden», afirma. Como ejemplo, alude a las necesidades de inversión educativa y a la necesidad de obtener recursos para responder a problemas que siguen existiendo con independencia de la situación política en Madrid.
El viceconsejero defiende así que Canarias continúe negociando mientras el actual Gobierno permanezca en funciones plenas y tenga capacidad para adoptar decisiones. «Canarias ha adoptado un rol, que es el siguiente, oye, en lo que este Gobierno sigue encima de la mesa, vamos a intentar sacar los asuntos», explica.
Los acuerdos por la moratoria
Cabello aborda también los acuerdos extrajudiciales alcanzados por el Gobierno de Canarias para afrontar las consecuencias económicas de las sentencias relacionadas con la denominada moratoria. Asegura que existen «36 sentencias» y cifra en 1.300 millones de euros la cantidad que, según explica, correspondería legalmente a los empresarios afectados.
Frente a esa cantidad, afirma que el Gobierno canario ha negociado acuerdos por una cifra situada por debajo de los 500 millones. «Es un ahorro muy importante», sostiene. Cabello defiende que el Ejecutivo ha decidido afrontar un problema heredado e intentar reducir el coste para las arcas públicas mediante una negociación con los afectados.
El viceconsejero rechaza además las acusaciones de falta de transparencia y subraya que los acuerdos necesitan respaldo judicial antes de hacerse efectivos. «Cada uno de los acuerdos va a ser ratificado por el juzgado», afirma. Añade que la utilización del remanente permite acelerar los pagos y evitar que continúen aumentando los intereses.
Cabello sostiene que, ante la existencia de numerosas resoluciones judiciales en el mismo sentido, la obligación del Gobierno es buscar la solución económicamente menos gravosa y respetar las decisiones de los tribunales. También responsabiliza políticamente a Román Rodríguez de las decisiones que dieron origen al problema y rechaza que la responsabilidad pueda trasladarse a posteriores gobiernos de Canarias.