La Asociación de Amigos de la Naturaleza indica que agravan un modelo de gestión del litoral basado en el beneficio inmediato, que ya mantiene sin depurar buena parte de las aguas residuales que se vierten al mar.
La Asociación de Amigos de la Naturaleza advierte de que los planes para instalar jaulas marinas de atún rojo en el archipiélago agravan un modelo de gestión del litoral basado en el beneficio inmediato, que ya mantiene sin depurar buena parte de las aguas residuales que se vierten al mar.
Eustaquio Villalba se declara «impresionado» por la intención del Estado y del Gobierno de Canarias de impulsar la cría de atún rojo en jaulas marinas, asociada a grandes redes de cerco para capturar los peces y engordarlos en cautividad. Recuerda que ninguna cofradía de pescadores de las islas respalda el proyecto, porque apuesta por la pesca artesanal, y subraya que la falta de plataforma continental obliga a colocar las instalaciones muy cerca de la costa, en zonas especialmente sensibles tanto desde el punto de vista ecológico como turístico.
Desconfianza hacia el Gobierno de Canarias
Aunque el Ejecutivo autonómico ha asegurado que no permitirá este tipo de explotaciones, Villalba afirma que el Gobierno de Canarias «nos tiene acostumbrados a mentir» y a desoír resoluciones judiciales. Cita como ejemplo el circuito de motor de Tenerife, donde, pese a existir varias sentencias que obligarían a paralizar el proyecto, la Administración mantiene el impulso a la infraestructura mientras no sean firmes los fallos. Por ello, insiste en que la competencia sobre la acuicultura es «absoluta» del Gobierno de Canarias y que su responsabilidad no puede eludirse.
Impactos ambientales y opacidad en las concesiones
Villalba advierte de que la acuicultura ya está generando graves problemas por los desechos de los peces, que alteran los ecosistemas marinos y se consideran responsables de la contaminación de numerosas playas, como ocurre en Gran Canaria, donde se ha tardado, a su juicio, «demasiado» en identificar a los responsables. Señala que hay «muchos intereses creados» y «mucho dinero en juego», y denuncia que esa protección a las empresas explica la falta de transparencia sobre quién está detrás de los proyectos de atún rojo, previsiblemente grandes compañías internacionales con enorme capacidad financiera.
Un modelo turístico que no cuida el mar
El portavoz ecologista cuestiona que un territorio que recibe entre 16 y 18 millones de turistas al año pueda permitirse un modelo que degrada sus costas. Recuerda que, pese a ser una «potencia mundial» en turismo, Canarias lleva décadas incumpliendo la Directiva europea de 1991 que obliga a depurar las aguas, con depuradoras que nunca funcionaron y más de la mitad de los emisarios submarinos vertiendo aguas sin tratar. Cita cierres prolongados de playas en el Puerto de la Cruz, El Médano o Adeje por contaminación, y denuncia que se haya priorizado la inversión en proyectos como el circuito del motor frente a la depuración.
Riesgo para las principales zonas costeras de Tenerife
En cuanto al impacto específico en Tenerife, Villalba recuerda que el cierre de playas por vertidos ha sido «prácticamente constante» en los últimos años y advierte de que nuevas jaulas obligarían a concentrar la acuicultura en el oeste de la isla, la única franja con aguas relativamente protegidas. Esa zona coincide, precisamente, con los principales enclaves turísticos, por lo que la combinación de emisarios, residuos de las granjas marinas y proximidad a la costa podría desencadenar una crisis ambiental y económica similar, o incluso más grave, que la que ya sufre Gran Canaria.