El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana reclama una respuesta supramunicipal al sinhogarismo en el municipio.
El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, celebra que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite un recurso que reabre el debate sobre la «unidad de explotación» en los complejos turísticos y sostiene que el Gobierno canario estudia una vía para que los propietarios puedan comercializar sus apartamentos de forma individual. A la vez, advierte de que el municipio afronta un problema de sinhogarismo que «desborda las competencias locales» y que, según un estudio de los servicios sociales, afecta en su mayoría a personas extranjeras, por lo que pide la implicación del Cabildo y del Ejecutivo autonómico.
Unidad de explotación en revisión
Marichal precisa que la admisión del recurso por el Supremo no anticipa un fallo, pero considera que el proceso coincide con la consulta previa de la nueva ley de ordenación del turismo, donde el Ayuntamiento ha defendido que municipios «eminentemente turísticos» como San Bartolomé de Tirajana puedan mantener el alquiler vacacional en su zona turística y permitir la comercialización individual de las unidades alojativas.
El concejal subraya que el 90% del alquiler vacacional del municipio no se localiza en áreas residenciales, sino que «se concentra precisamente en la zona turística», de modo que la propuesta del Gobierno —abrir la puerta a la comercialización individual— encajaría con la realidad del destino, siempre pendiente de la letra definitiva de la norma y del criterio que finalmente fije el Supremo.
Quién paga qué en los complejos
El primer teniente de alcalde coincide con la presidenta de la Plataforma Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribé Doreste, en que no pueden trasladarse a todos los dueños los costes propios de la explotación turística (recepción, limpieza de unidades en explotación, personal de restauración o piscina). Distingue entre los «gastos comunes» regulados por la Ley de Propiedad Horizontal, a repartir entre todos, y los «derivados de la actividad económica», que —dice— «deben asumir quienes decidan explotar turísticamente su vivienda».
Marichal insiste en que la clave de cualquier reforma pasará por delimitar con precisión esa frontera entre los costes comunitarios y los propios del negocio turístico, de modo que la posibilidad de salir de una unidad de explotación no implique que el resto de propietarios sufraguen servicios vinculados exclusivamente a quienes sigan en la actividad.
Un plan para el sinhogarismo
En el pleno municipal, el edil defendió el giro de política social desde que asumieron el gobierno: pasar de una aportación de 60.000 euros a un programa trianual de 300.000 euros —explica—, ahora a través de la Obra Social tras comunicar Cáritas su salida del servicio. El objetivo, sostiene, es superar un enfoque «meramente asistencialista» y sumar itinerarios de inserción laboral y social.
«El 87% de las personas sin hogar en el municipio son extranjeras; es un asunto que excede al ámbito municipal y requiere coordinación con Cabildo y Gobierno de Canarias», afirma, crítico con que el grupo socialista propusiera el empadronamiento como respuesta. Marichal advierte de un «efecto llamada» y reclama recursos supramunicipales para salud mental y adicciones, dos problemas que —señala— están muy presentes en este colectivo.
«No podemos sostener solos un sistema que cronifique la calle; necesitamos una estrategia integral y corresponsable», resume el primer teniente de alcalde, que vincula los próximos pasos a lo que resuelvan, por un lado, el Tribunal Supremo sobre la unidad de explotación y, por otro, las administraciones insulares y autonómicas en materia de atención y reinserción.