La presidenta de la PALT, Maribé Doreste, lamenta el rechazo parlamentario a la propuesta del PSOE y advierte de que el nuevo decreto ley podría perpetuar las restricciones al uso residencial de los apartamentos situados en zonas turísticas.
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribé Doreste, expresa en El Espejo Canario su indignación por el rechazo en el Parlamento de Canarias a la propuesta del PSOE para resolver el conflicto de las viviendas situadas en zonas turísticas. La iniciativa, que no prosperó por la oposición de Coalición Canaria y el Partido Popular, planteaba permitir el uso residencial donde lo autorizase el planeamiento municipal y paralizar las sanciones a los propietarios afectados. «Estamos muy desilusionados», afirma Doreste, que recuerda que los afectados llevan once años luchando contra una legislación que, a su juicio, pretende expulsarlos de sus hogares.
La representante de PALT denuncia que ya se están imponiendo multas en municipios como Valle Gran Rey, en La Gomera, y Puerto de la Cruz, en Tenerife, y que numerosos propietarios han tenido que recurrir a la vía contencioso-administrativa para defender sus derechos. Acusa al Gobierno autonómico de actuar «como un fondo buitre» al intentar destinar a la explotación turística viviendas que sus propietarios han utilizado históricamente como residencia habitual o segunda vivienda.
Críticas al nuevo decreto ley
Doreste también cuestiona el decreto ley que prepara el Ejecutivo canario para regular la explotación de los apartamentos turísticos. Considera que la denominada unidad de gestión reproduce las restricciones de la unidad de explotación y que, bajo la apariencia de permitir el alquiler individual de los inmuebles, se pretende vincularlos de manera permanente a la actividad turística. «Es el mismo perro con distinto collar», sostiene.
Advierte de que esta fórmula podría impedir a los propietarios recuperar libremente sus viviendas para destinarlas a otros usos y comprometer las posibilidades de sus herederos. Según su interpretación de la propuesta normativa, la protección del uso residencial quedaría limitada a los actuales ocupantes, mientras que los derechos de explotación turística permanecerían vinculados a los operadores. «Este decreto que se vende con bondades de venir a solucionar y a permitir el uso residencial y a permitir que la gente pueda alquilar por su cuenta […] es un caballo de Troya que trae muchísimas trampas», asegura.
Viviendas habituales y segundas residencias
La presidenta de PALT insiste en que el conflicto no afecta únicamente a propietarios que buscan obtener rentabilidad mediante el alquiler vacacional, sino también a familias que viven de manera permanente en sus apartamentos. Recuerda que en San Bartolomé de Tirajana hay 17.000 personas empadronadas y denuncia casos de familias con menores que reciben sanciones por residir en inmuebles situados en complejos turísticos, incluso cuando estos carecen de una empresa explotadora.
Doreste reclama que se respete la naturaleza jurídica original de las propiedades y rechaza que todas las viviendas situadas en complejos de zonas turísticas deban considerarse obligatoriamente unidades alojativas. Confía en que el Tribunal Supremo establezca límites a la unidad de explotación y defienda la libertad de los propietarios para decidir sobre sus inmuebles. «Yo espero y quiero seguir confiando en la justicia», concluye.