Eva Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, critica que la sanidad pública no esté en condiciones de ofrecer con garantías los abortos instrumentales que demandan la mayoría de las mujeres.
Eva Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), sostiene que el derecho al aborto está «muy normalizado» en España, alerta de una ofensiva internacional contra los avances feministas, y critica que la sanidad pública no esté en condiciones de ofrecer con garantías los abortos instrumentales que demandan la mayoría de las mujeres. También considera inviable, con la actual aritmética parlamentaria, blindar el aborto en la Constitución.
La vicepresidenta de ACAI sintetiza las prioridades: despliegue efectivo de unidades públicas formadas en técnica instrumental; circuitos que aseguren confidencialidad; y mantenimiento de la red concertada que hoy sostiene la accesibilidad. «Cuando lleguemos a ese río lo cruzaremos», dice sobre futuros choques políticos, pero insiste en que los servicios deben garantizarse ahora con seguridad y respeto.
Un derecho asentado y un debate que reaparece
Rodríguez, con cuatro décadas de práctica clínica en un centro concertado del Servicio Andaluz de Salud, afirma que el aborto «está muy normalizado» en la sociedad española y que la decisión la toman mujeres «de cualquier ideología» cuando enfrentan un embarazo no deseado o un diagnóstico que impide tener «un niño sano». Advierte, no obstante, de que los intentos de retroceso volverán a aparecer porque forman parte de una estrategia internacional organizada contra la «ideología de género y el feminismo».
La dirigente de ACAI valora que muchas comunidades autónomas concertaran con clínicas acreditadas un servicio multidisciplinar que evita estigmas y acompaña a las pacientes. Denuncia que la sanidad pública, salvo excepciones, solo está ofreciendo hoy el método farmacológico y no el instrumental con sedación, que dura «cinco minutos», permite el alta «en una hora» y la reincorporación al día siguiente: «La mayoría de las mujeres no quieren un aborto farmacológico».
Según explica, el aborto farmacológico implica más dolor, mayor consciencia del proceso y se realiza en el domicilio, mientras que el instrumental requiere equipos formados y circuitos estables que muchos hospitales públicos no han desarrollado desde la ley de 2010, pese a que ya incluía la formación como obligación. «Tendrían que haber hecho los deberes», resume.
Cifras, seguridad y concertación
Rodríguez subraya los estándares de seguridad alcanzados en España: «No ha habido ninguna muerte en ningún centro de interrupción voluntaria del embarazo en estos 40 años», y la mortalidad es «bajísima» en comparación con países del entorno. Defiende la concertación como vía eficaz para garantizar acceso y calidad, con equipos que integran trabajo social, psicología y enfermería y que trabajan «a favor de la decisión de la mujer», sea continuar o interrumpir el embarazo.
En relación con los datos más recientes —106.162 interrupciones voluntarias en 2024, un 3% más que el año anterior, y solo un 22% realizadas en hospitales de titularidad pública—, atribuye esa baja participación de la red pública a la falta de despliegue real del servicio desde los años ochenta y a la externalización posterior mediante conciertos con centros especializados.
Desigualdad territorial, objeción y capacidad real
Preguntada por la desigualdad territorial, matiza que «la mayoría de las mujeres tienen acceso al aborto en su comunidad autónoma sin problema», y que el cuello de botella se concentra en los casos de gestaciones avanzadas —alrededor del 2%—, que deberían hacerse mayoritariamente en hospitales. A su juicio, la objeción de conciencia a menudo encubre problemas organizativos: plantillas saturadas, falta de formación instrumental y volúmenes de intervención tan bajos que impiden mantener la pericia necesaria.
También llama la atención sobre la confidencialidad: aunque la ley exige codificar derivaciones e historias clínicas, asegura que siguen llegando pacientes remitidas desde hospitales con «nombre, apellidos, DNI y número de la Seguridad Social» visibles, lo que vulnera la privacidad en un ámbito marcado por el estigma.
Blindaje constitucional: «no dan los números»
Rodríguez ve «buenísima» la idea de proteger el aborto en la Constitución —como ha hecho Francia—, pero la considera «idealista» en el presente: «Ahora mismo sería prácticamente imposible… no dan los números con la composición del Parlamento», sostiene.
Sobre un hipotético gobierno PP-Vox, recuerda que el PP ya gobernó con una ley «bastante progresista» y no la revirtió —más allá del intento fallido de Alberto Ruiz-Gallardón—, y confía en que el coste electoral de restringir derechos disuada nuevas ofensivas. Interpelada por el voto joven a Vox, califica de «incoherente» que mujeres que consideran el aborto un derecho respalden a ese partido, y atribuye parte del apoyo a un «voto de hartazgo» que no repara en las consecuencias sobre libertades concretas.