Francisco J. Chavanel
El fin del ‘Paulinato’
El empresario Miguel Concepción -presidente de Traysesa, de Islas Airways, del CD Tenerife, y de los canales televisivos 4 y 11- es el hombre del día; un hombre de triste figura, tal vez. Es posible que estemos asistiendo al final del “paulinato” si en alguna ocasión existió como movimiento político dominante. Lo cierto es que su relevancia social no puede aislarse del triunfo político de Paulino Rivero: pertenece a esa era en la que Rivero fue presidente de CC y, luego, presidente de Canarias durante ocho años; ese periodo en el que Rivero fue desmantelando la antigua ATI de Adán Martín y de Hermoso, con sus correspondientes terminaciones nerviosas en empresarios como Antonio Plasencia, Ambrosio Jiménez, Pedro Luis Cobiella o Ignacio González. Toda esa herencia no le interesó a Paulino. No eran gente de su confianza, a su entender trabajaban para el enemigo. Por eso hizo una limpia y llamó a su lado a otros: a los denominados “emergentes”.
Entre ellos, el más importante sin duda, Miguel Concepción, empresario palmero hecho a sí mismo, que apuntaba maneras con empresas de tamaño medio, al que de repente se le sube de categoría y se le propone disputar los partidos claves de la Premier League. ¿Estaba preparado Concepción para lo que predeterminó Paulino de él? Hay que dudarlo. Al menos no tuvo el tiempo necesario para lograr unas empresas lo suficientemente sólidas que aguantasen los embates de la crisis. Lo cierto es que de repente Traysesa empieza a subir extraordinariamente su facturación y es la empresa favorita de la nueva CC de Tenerife: obras y más obras, casi todas ellas procedentes del Cabildo de Melchior. Traysesa es la madre de todas las demás, de donde salen los beneficios para mantener el circo mediático y, sobre todo, Islas Airways.
Luchar en el mismo mercado que Binter no es cualquier cosa, pero Paulino se lo aconsejó bajo el argumento de que aquella compañía -cuyo nombre inicial era Santa Bárbara- tenía un futuro extraordinario con una cuota de mercado cercana al 50%. Los números no salieron desde el principio y nunca saldrían. Concepción apenas tenía idea del negocio aéreo y en Binter, sin embargo, tenían un ejecutivo que era, y es, un fiera -Rodolfo Núñez, profesional extremadamente competitivo- y un consejo de administración con una influencia mayestática en las dos principales islas de Canarias. Cualquiera con un poco sentido común hubiese llegado a la conclusión de que no solamente era imposible tumbar a Binter, sino que también era muy difícil mantenerse en el mercado con una cuota (siquiera) del 25% cuando te gastas lo que no está en los escritos para competir de igual a igual con una compañía como la presidida por Pedro Agustín del Castillo.
Entre los años 2008 y 2011 llegaron las primeras malas noticias desde el Ministerio de Fomento. Islas Airways defrauda al Estado a través de los certificados de residencia. Los viajes aéreos entre islas estaban subvencionados de aquellas al 50%. La subvención se aplica sobre los residentes canarios y se liquida en virtud de precios no caprichosos. Me explico. La investigación se centró en demostrar que la empresa de Concepción estafó al Estado al liquidar cantidades superiores al precio habitual del billete. Según el procedimiento contencioso iniciado en Madrid por Fomento Islas Airways se podría haber embolsado la cantidad de 3,09 millones fuera de la ley. En su momento la Dirección General de Aviación Civil ordenó retener el pago de 4,44 millones de euros a Islas Airways.
Consecuencias del Contencioso: el Estado ordena en paralelo frenar cualquier subvención a Islas Airways. Por lo tanto, la asfixia económicamente, la estrangula y la condena a la desaparición durante el proceso de investigación, sin haberse demostrado su culpabilidad. Y eso fue lo que ocurrió: desde 2012 la empresa de Concepción está en concursal, sin opción alguna para recuperarse. El Estado no le concedió oportunidad.
El papel clave jugado por Soria
El Estado hizo más: convertir a todos los residentes canarios en sospechosos. Trasladó la culpa del empresario a los ciudadanos. Estos tuvieron que soportar colas humillantes, con el DNI casi en la boca, para demostrar que ellos no eran los delincuentes. Es interesante encuadrar todo esto en la reciente historia política. Miguel Concepción y Rivero eran amigos, muy amigos. Leales y estrechos colaboradores. El ascenso de Rivero fue seguido muy de cerca por José Manuel Soria, vicepresidente con Rivero, bastante incómodo por el marcaje al que le sometía Javier González Ortiz de todo lo que ocurría en su Consejería. ¿Movió Soria influencias contra Concepción?… Desde el primer instante, recrudeciéndose su ataque en el instante en que fue nombrado ministro en 2011. Lo persiguió y lo acosó hasta dejarlo sin gasolina, tratándolo como un criminal sin serlo o, al menos, sin una sentencia judicial que proclamase la supuesta estafa. El objetivo de Soria era Rivero, un “mal nacido” al que había que liquidar como fuese por su posición contraria a Repsol, y al Estado, en el “asunto petróleo”. Concepción fue una víctima colateral. Nunca sabremos si sus pecados eran de tal peso que se merecía que todo el andamiaje empresarial que había montado con muchos años de esfuerzo se viniera debajo de la noche a la mañana. Fue Soria, por supuesto, el arquitecto del control exhaustivo a los residentes canarios. El ministro, con su mala leche habitual, pretendía demostrar lo siguiente: la humillación por la que usted pasa tiene un responsable, Miguel Concepción, amigo de Rivero, señálelo a él. Mejor: señale a los dos.
El caso está ahora en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, cuya titular es Carolina Déniz, hermana de Isabel Déniz, que ocupó precisamente un puesto en el Gobierno en la época de Paulino. Y es el fiscal quien acusa. El Ministerio Público acusa a Miguel Concepción de haber estafado al Estado la cantidad de 3,4 millones de euros entre los años 2008 y 2011, y pide pena de cárcel de cuatro años para el citado Concepción, y sus dos hijas, Eloísa y Verónica, miembros en la época del consejo de administración. La acusación, ejercida por Jezabel Criado, solicita además una multa de 11,4 millones de euros para Islas Airways.
No es poca cosa.
Alternativamente la Fiscalía formula acusación por un delito de fraude de subvenciones por la que propone tres años de prisión para Concepción y sus dos hijas, así como una multa de 6,9 millones de euros, y otra de 4,5 millones para Islas Airways. En el caso de que Concepción saliera condenado cualquiera de sus empresas no podrían presentarse a concurso público alguno. Es posible que perdiera el concurso de las radios, el cual todavía no es firme.
Parece apabullante lo que pide la Fiscalía. De hecho, lo es. Lo más probable es que esa Fiscalía busque la condena, como ha ocurrido en otros recientes casos con importantes empresarios tinerfeños de por medio, a cambio de que los acusados no entren en la cárcel. Conociendo a Miguel Concepción no es de esos precisamente. Es un luchador infatigable y muy cabezota. Y si está convencido de que es inocente no aceptará pacto alguno con la Fiscalía y se defenderá en el juicio esperando demostrar justamente su ejemplaridad.
Distintas varas de medir
Concepción puede pensar lo siguiente: esto que me hacen a mí no se lo hacen a otras compañías. No solamente Islas Airways estuvo incursa en una investigación por parte de Fomento. Lo estuvieron también otras quince compañías desde 2007 y 2008. El expediente abierto más importante fue a Air Europa, a la cual se acusó en 2013 de haber cometido un fraude en billetes expedidos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, de unos 80 millones de euros, es decir, 20 veces más de lo imputado a Islas Airways. Detrás de la denuncia a Air Europa estaba Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Al día de hoy Air Europa sigue volando, acaba de anunciar que vuelve de nuevo a Canarias a competir con Binter, y no ha recibido notificación alguna de su supuesto fraude. Concepción puede argumentar con toda la razón del mundo que han ido a por él.
Ayer se cerró el círculo sobre Concepción. Todas las partes acusadoras realizaron su trabajo de forma autónoma e independiente. Pero hubo un “alguien” o varios “alguienes” que diseñaron un final así uniendo todas las piezas: un sepulcro para el amigo de Paulino Rivero. Camino de la tumba no diviso demasiadas alternativas a esta situación. Ni aún demostrando su inocencia sus empresas tendrán la vida que tuvieron. La política, y las guerras políticas -puede que también sus malas decisiones- lo han dejado exhausto, rehén de una situación casi imposible.