Comentario inicial de Marian Álvarez
En Canarias 1.900 menores están tutelados por la Administración, bien porque hayan sido declarados en situación de desamparo, bien porque sean menores con edades comprendidas entre 14 y 18 años cumpliendo algún tipo de medida judicial por delitos cometidos. Si son muchos o pocos no es la cuestión de esta reflexión.
Los menores no viven en un mundo paralelo. Su situación es producto de la sociedad a la que pertenecen, la que entre todos construimos. En el caso de menores con medidas judiciales, nos contaba ayer la magistrada del Juzgado del menor número 1 de Las Palmas, que la mayor parte de los delitos cometidos son contra el patrimonio. No es de extrañar en esta sociedad en la que el dinero y las posesiones marcan la diferencia. Son menos los delitos relacionados con la violencia, aunque existen. Cuestiones como la violencia hacia los propios progenitores, el acoso escolar y las agresiones machistas son el fiel reflejo de los valores y principios que les hemos transmitido. Cuando se escarba en la experiencia de estos pequeños delincuentes siempre se encuentran rastros de la violencia que ellos han visto ejercer y que ahora repiten como automatismos.
El acoso escolar siempre ha existido, pero en nuestra sociedad el problema se agrava con el acceso de los menores a nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales, que permite una enorme difusión de las ofensas en forma incluso de fotos y videos. ¿Es necesario que un niño de 10 años tenga un teléfono móvil de última generación? ¿Es necesario que un niño de 10 años tenga acceso ilimitado a Internet y todos sus contenidos?
Aún hoy en radio y televisión tenemos una legislación que protege a los niños y las niñas de determinados contenidos: son los horarios de protección infantil que obligan a que determinados contenidos no puedan ofrecerse a las horas en las que los menores pueden estar frente al televisor: Un ejemplo de que somos un mal ejemplo.
La decisión de qué contenidos pueden y no pueden ver los niños en televisión o escuchar en la radio no se dejó a criterio de cada familia, que es quien en primer y último lugar debe tutelar el acceso de los menores a estos medios de comunicación e imponer las reglas de uso del mando de la tele. Quizás porque los propios padres recurrimos a la televisión como sustituto de nuestra compañía para poder dedicarnos a hacer otras cosas, igualmente necesarias, o no… Mi hijo comparte aula con una niña en cuya casa no hay televisión por principio familiar. ¿Cómo se las apañan con los niños, nos preguntamos el resto de padres?
Esos horarios de protección infantil no tienen ninguna aplicación en Internet, el otro gran sustituto de la compañía y la comunicación paterno-filial. Pero ¿quién le pone puertas al campo de la tecnología y la comunicación en este siglo XXI? En el uso de Internet somos los padres quienes debemos ‘proteger’ a los niños, instalando programas específicos de control parental que les impidan acceder a contenido no adecuado para su edad. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos antes de entregar el móvil o la tablet a un niño con el icono de Youtube en el mismo escritorio, para que no le cueste ni buscarlo? ¿Eso es admisible en la responsabilidad que tenemos como madres y padres?
El análisis del coste social del alcanzar el primer mundo súper desarrollado no es nuevo. Toda gran revolución, como la industrial, conlleva riesgos en el ámbito social. Pero no por ser antiguo es baladí. En el camino se pierden valores y principios que pasan una importante factura en las siguientes generaciones, lo que es sin duda un gran fracaso de la sociedad. Quizás la manifestación más evidente de ese fracaso es la situación de los menores que acaban tutelados por la Administración, porque los niños, son responsabilidad de todos.
En unos casos es fruto de la horfandad o de la incapacidad manifiesta de las propias familias para garantizar las necesidades de esos menores. En esos casos, la Administración se dota de un sistema en el que los niños y las niñas sufren el desarraigo y la ruptura constante de referentes familiares en un círculo vicioso que les lleva de centro en centro, de familia de acogida en familia de acogida, de piso tutelado en piso tutelado… Lo que se traduce en un conjunto de problemas emocionales y trastornos de conducta que los convierte en carne de cañón. Como es el denominado caso ‘18 lovas’. ¿Tiene justificación o explicación alguna que niñas menores de edad, alguna con apenas 14 o 15 años, bajo la tutela de la Administración, se vinculen en redes de prostitución y que nadie se entere? ¿Es eso admisible en la responsabilidad que tiene la Administración, supuesta garante de la protección de los derechos de los niños cuando sus familias no pueden/no quieren/o no saben protegerlos?
Cuando ese fracaso social convierte a esos niños en pequeños delincuentes nos dotamos de una norma específica, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, cuyo fin principal es recuperar a esos niños y niñas del abismo al que los hemos empujado. Una batería de medidas correctoras que garanticen la corrección de conductas y dibujen un futuro mucho más optimista y merecido para esos menores. Todo fue práctico, lógico y efectivo en el papel. Pero en la realidad, las prioridades presupuestarias de las comunidades autónomas no contemplan las inversiones necesarias para dar cumplimiento a esas medidas dictadas por los jueces y nos encontramos con lista de espera de hasta seis meses para que los chicos y chicas reciban esa atención. O con centros de internamiento como el de La Montañeta, en Gran Canaria, que no reúne ninguna de las condiciones exigidas para cumplir con ese objetivo de la Ley. ¿Es esto también admisible?
La demagogia es sin duda mi fuerte, pero yo no puedo dejar de asombrarme cuando en la misma semana hemos hablado por una parte, de las inexplicables dietas y sobresueldos que cobran sus señorías los diputados del Parlamento regional y, por otra, de que los menores bajo tutela de la administración no tienen garantía de solución porque no hay recursos suficientes.