Comentario inicial de Marian Álvarez
Niñas de poco más de 15 años acogidas en centros de menores gestionados por el Cabildo de Gran Canaria se sometían a relaciones sexuales no deseadas por 50 euros. Dos niños de apenas 13 y 8 años de edad, también en situación de desamparo, y también residentes de centros de acogida que gestiona el Cabildo de Gran Canaria, han sufrido abusos sexuales por parte de otro menor de 14 años. También se ha dado algún caso en el que el protector inmediato de los menores se convertía en su verdugo. Hablo del caso del ex cuidador de la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Cabildo de la Isla, que ha sido condenado a 23 años de prisión por tres delitos de abusos sexuales y por utilizar a los menores para elaborar material pornográfico.
Y no he escuchado a nadie poner el grito en el cielo, reclamar una investigación inmediata de la Fiscalía sobre la gestión de esos centros y de ese acogimiento que es responsabilidad de la Administración Pública, del Gobierno de Canarias que es quien ostenta la tutela, y del Cabildo de Gran Canaria, que tiene su acogimiento. Si algo define a una sociedad es el trato que dispensa a los colectivos más vulnerables: la infancia, los mayores, los inmigrantes, los excluidos. Y en ese sentido sólo hay que leer algunos titulares para concluir cuán miserables somos como sociedad.
No, hoy no les voy a hablar del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que arrancó ayer en sede parlamentaria. Seguro que a ello dedicaremos buena parte del programa de hoy. Ahora les voy a hablar de algo que ayer ni se mencionó en el Parlamento, entre esos grandes problemas de nuestra sociedad que los portavoces de los partidos políticos dicen querer solucionar. Les voy a hablar de nuestros niños y niñas, porque aunque no sean nuestros hijos, los niños y las niñas en situación de desamparo, son responsabilidad de todos nosotros.
No les hablo de menores que cumplen medidas judiciales, no. Para ellos reservo otro momento. Estos días en Tenerife se juzga a tres personas por un delito de torturas a un menor que fue sometido durante 11 horas a medidas de separación de grupo y contención mecánica mediante correas psiquiátricas. Hoy les hablo de esos otros menores que hemos apartado de sus familias porque no pueden cuidarlos, porque no pueden garantizarles las atenciones que merecen. Familias desestructuradas, porque son víctimas de las drogodependencias, de la violencia, de pobreza, o de cualquier otra causa de exclusión. El sistema separa a esos niños y niñas de sus familias y los declara en situación de desamparo, se arroga la potestad de protegerlos, y los condena a la misma precariedad, a la misma ausencia de proyecto vital, al mismo futuro negro y desesperanzador, pero además con el agravante del desarraigo familiar.
¿Quiénes asumen la responsabilidad de lo que le pasa a esos niños y a esas niñas que sufren abusos o caen en redes de prostitución cuando están tutelados por el Gobierno y acogidos por el Cabildo? ¿A quién pedirán explicaciones ahora los padres o familiares a quienes retiraron la patria potestad de esos menores aludiendo a su protección?
Dice la consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, que en el caso de los menores que presuntamente han sufrido abusos sexuales en el centro de acogida en el que residían, se han cumplido todos los protocolos previsto entre el Cabildo y la ONG que gestiona el centro: Denunciar en la Policía, informar a Fiscalía y al Gobierno de Canarias (tutor de los menores y responsable de su atención integral). Y prestar asistencia psicológica a las víctimas en la Unidad Servicio de Atención a las Víctimas de Abuso Sexual del Centro de Orientación Familiar. Y es que dice la consejera que desde 2015 existe un protocolo para la actuación sobre violencia sexual infanto-juvenil dentro de la Guía Técnica para la Organización y Funcionamiento de los Hogares de Acogida de Menores en Situación de Desamparo, implantado en todos los centros de la red de Gran Canaria. Pues consejera, creo que es más que evidente, que ese protocolo no sirve para nada, cuando además ustedes mismos reconocen que, en relación a este caso, no se había advertido ningún indicador previo sobre violencia sexual.
¿Y qué hay de cómo funcionan a diario esos centros? ¿Existe una supervisión de cómo esa organización, o cualquier otra, está velando por la protección de los menores? ¿Hace una seguimiento y certifica que esos menores están recibiendo una atención mejor que la que tenían en sus casas? ¿Comprueba que su alimentación sea la adecuada, que tengan ayuda extraescolar para afrontar sus estudios, que reciben asistencia psicológica si la necesitan, que tienen ratos de ocio saludable y actividades deportivas? ¿Hay garantías de que las personas al cuidado de esos menores tienen la cualificación profesional adecuada para el reto de educar a niños y niñas en situación de riesgo? En definitiva, ¿que reciben todo aquello que sus padres no podían darles, todo aquello que nosotros nos desvelamos por dar y proveer a nuestros hijos?
Cuando esos niños son apartados de sus familias, tras su paso por el centro de atención inmediata, son reenviados a un centro/casa determinado. Ese cambio de domicilio implica cambio de colegio, cambio de médico, cambio de amigos y amigas. Y de la noche a la mañana pasan a convivir con perfectos extraños en el más absoluto de los desarraigos. Por favor, imagínenlo por un momento, visualicen a ese niño o esa niña pasando por esos momentos. Por muy dura que haya sido su experiencia en su entorno familiar, era su único referente.
Ahora imaginen que esa casa los adultos que cuidan a esos niños no son personal cualificado, no han sido formados en esta atención especial a menores, no tienen nociones de psicología, ni de pedagogía, no tienen ninguna formación en el ámbito educativo. Además, su trabajo es también precario, está mal remunerado y abarca muchas horas. Están explotados.
No lo digo yo. Lo dice la delegada sindical y coordinadora de centros de atención de menores gestionados por ONG en Gran Canaria Laura Saz, que en diciembre pasado exigía al Cabildo de Gran Canaria que incluyera una cláusula en los concursos de adjudicación que obligue al cumplimiento del convenio laboral estatal vigente desde 2010. Existen diferencias salariales mensuales de hasta 500 euros entre las Islas en las que si se aplica este convenio. También han insistido en que la dotación presupuestaria que destina a este fin es insuficiente, así como las plantillas, y todo ello está afectando a la calidad del servicio que se presta en la atención de los centros de protección de menores.
Ya en 2011 un informe interno del Cabildo de Gran Canaria puso en evidencia el descontrol que existía en la gestión contable de los contratos con las empresas que gestionan estos centros, y donde el Cabildo desconocía siquiera de un registro de los menores ubicados en cada centro. Así las cosas, las empresas cobraron hasta medio millón de euros más de lo debido por plazas no ocupadas. Ya en 2012 una auditoría externa centrada en 24 centros de acogida, tanto de convenio de entidades colaboradoras como los propios del Cabildo, reflejaba las graves carencias que ofrecían a la hora de cumplir con los objetivos socioeducativos marcados en los pliegos técnicos de los convenios.
Y es que, según distintas fuentes, las condiciones en las casas o pisos tutelados, también son de extrema precariedad. Se subsiste con lo mínimo. Comparten dormitorios niños de 8 y de 14 años. No sólo les separa la edad, también experiencias vitales muy distantes, como si en realidad tuvieran algo en común. Dormitorios de varias plazas, puede que apenas tengan espacio para tener sus propias cosas, o quizás deban dormir con ellas bajo la almohada para que no desaparezcan. Y a eso le llaman hogares tutelados. Y se pretende que estudien, que sean aplicados, que quieran ser algo en la vida, que se apasionen por una profesión. Que en la adolescencia piensen en un futuro de alternativas fuera de la exclusión y la pobreza, que se esfuercen por conseguirlo, pese a que son plenamente conscientes de que a los 18 años irán a la calle, que no podrán continuar con su formación, que la Universidad es sólo un sueño inalcanzable, una quimera más. Y que al salir del centro tendrán que buscarse la vida de cualquier manera. ¿Y nos sorprende que las adolescentes, niñas sin arraigo, sin expectativas, sin futuro acaben en redes de prostitución? ¿Y nos sorprende que aquellos a los que sacamos de un entorno familiar, con la excusa de apartarlos de un camino que sólo les llevara a la delincuencia, terminen siendo unos delincuentes? No debería sorprendernos. Porque esta es la realidad. El sistema les condena a aquello de lo que dice querer protegerlos. Claro que habrá casos es los que apartar a un niño de un entorno familiar disruptivo y nocivo, haya sido su tabla de salvación. Pero un solo caso de fracaso es un coste que no podemos asumir. No deberíamos poder vivir con eso en nuestras conciencias.
Celebro que así lo piense también la fiscal de Menores, Montserrat García, que ha incoado un expediente para analizar los protocolos que se siguen en estos centros/casas/hogares/pisos o como quieran llamarlos. Y no es la primera vez que la Fiscalía critica la mala atención que se está prestando a los menores en situación de desamparo, basta con revisar las memorias anuales de la Fiscalía.
No se puede mirar para otro lado. No cuando estamos hablado de niños y niñas. No se les ocurra siquiera hacer como con la Sanidad, y empezar a tirarse la responsabilidad entre unos y otros aludiendo a que la administración superior no aporta los suficientes recursos. Porque ningún argumento económico servirá para justificar tanto daño. Apliquen de forma inmediata las medidas correctas que sean necesarias para garantizar que los menores reciban todo aquello que necesiten para su bienestar. Y pónganse a trabajar de forma inmediata en un nuevo y verdadero sistema público de protección, que prevea ayudar a las familias con problemas y miseria, actuar en el origen, de tal manera que el desarraigo sea la última alternativa a valorar. Y que cuando no quede más remedio que separar al menor de sus progenitores, la prioridad siempre y por encima de todo, sea su bienestar, con una atención integral que garantice que la medida haya valido la pena.