Expediente X

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural avanza en la restauración de suelos degradados, aunque advierte de que persisten vertidos clandestinos y falta de concienciación ciudadana pese a las mejoras legislativas y administrativas.

La futura norma busca equilibrar protección ambiental, actividad económica y conservación de los núcleos costeros históricos, incorporando además participación ciudadana y mayor coordinación entre administraciones.

La Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial impulsa nuevas herramientas para combatir el reto demográfico, agilizar la concesión de licencias y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en los municipios de menor tamaño del archipiélago.

Daida Hernández advierte de que la exposición temprana a plataformas digitales afecta al desarrollo emocional, favorece la ansiedad y fomenta una dependencia basada en la aprobación externa.

El colectivo animalista alerta de la celebración de torneos en varias islas, incluso en instalaciones públicas, y reclama a las administraciones que actúen ante lo que considera un grave caso de maltrato animal.

La Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias alerta de que el desarrollo de la Ley de Bibliotecas, vigente desde 2019, está prácticamente detenido, lo que impide mejorar los servicios públicos de lectura y reduce la calidad del sistema bibliotecario del archipiélago.

La Agencia Española de Protección de Datos alerta de los riesgos visibles e invisibles de introducir fotografías de otras personas en sistemas de inteligencia artificial, una práctica cada vez más común que puede afectar a la privacidad, el honor y otros derechos fundamentales.

La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva acusa a la Consejería de vulnerar derechos fundamentales y de apartar a menores del sistema ordinario por conductas vinculadas a su diagnóstico.

El comité defiende que la gestión municipal genera beneficios directos para el municipio y advierte de que el traspaso a empresas privadas podría precarizar el empleo y encarecer el servicio.

Comprar suelo y promover la propia casa permite ajustar costes y diseño, pero exige asesoramiento técnico y afrontar licencias que pueden tardar más de un año. El Colegio de Arquitectos pide agilizar trámites.