El presidente de la Junta de Personal, José María Monzón, subraya que el "trasfondo" del caso es el déficit de personal.
Monzón señala que ambas sentencias dos salas distintas de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria dan la razón a los trabajadores en sus denuncias por la falta de negociación de las relaciones laboral de los trabajadores del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, "así como el hecho de que los estatutos no hayan sido actualizados para que a los trabajadores se les aplique el régimen laboral de los trabajadores del Cabildo de Gran Canaria."
El representante sindical señala que se trata de sentencias de una primera instancia judicial, por lo que ambas partes pueden recurrir. No obstante, considera que lo que debería hacer el Cabildo es "sentarse de una vez a negociar, porque no es un servicio cualquiera, sino un servicio vital."
Entiende que el trasfondo de este litigio es la falta de personal que sufre el Consorcio desde el año 2010, un déficit de 40 trabajadores hasta alcanzar la cifra de 240 operarios que establece la ley. Monzón denuncia que el Cabildo deja de ejecutar 3 millones de euros cada año del consorcio sin que se cubran esas carencias.