Montse Cosano, responsable de Empleo y Personas Migrantes de CCOO Canarias, responsabiliza a los gobiernos central y autonómicos de una situación en la que trabajar no garantiza unas condiciones de vida dignas.
La secretaria de Empleo y Personas Migrantes de CCOO Canarias, Montse Cosano, explica en El Espejo Canario que la huelga general responde al deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, especialmente por los bajos salarios, las dificultades de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los productos y servicios básicos. Considera que estos problemas han provocado un malestar social que va mucho más allá de las diferencias entre partidos políticos.
Cosano sostiene que la responsabilidad de esta situación corresponde tanto al Gobierno central como a los ejecutivos autonómicos, independientemente de su orientación política. «Esto no es solo en contra de un gobierno, sino de todos los gobiernos», afirma, y cuestiona un sistema económico en el que «los ricos cada día sean más ricos y los pobres cada día seamos más pobres».
El respaldo de los responsables políticos a la huelga
Preguntada por la posibilidad de que algún integrante del Gobierno responsable de las políticas de vivienda secundara la huelga, la dirigente sindical considera positiva esa participación. Argumenta que el apoyo de los ministros supondría reconocer las dificultades que atraviesa la ciudadanía. «Si apoyan esta huelga, si salen a esta huelga, están apoyando a la sociedad. No me parece mal», asegura.
La representante de CCOO insiste en que las reivindicaciones afectan al conjunto de la población trabajadora y subraya que disponer de un empleo ya no constituye una garantía suficiente para afrontar los gastos cotidianos. A su juicio, los salarios actuales no responden a las necesidades económicas de numerosos hogares.
Rechazo a la responsabilización de los inmigrantes
Cosano también rechaza las declaraciones de Santiago Abascal que vinculan la inmigración con las dificultades de acceso a la vivienda. La dirigente sindical cuestiona las cifras utilizadas por el líder de Vox y le reclama que examine los datos antes de atribuir a la población migrante la responsabilidad de la crisis habitacional.
La responsable sindical defiende, además, los efectos económicos de los procesos de regularización de personas migrantes, al considerar que permiten incorporar trabajadores a la economía formal y aumentar las cotizaciones. Atribuye las posiciones de Abascal sobre inmigración al racismo y sostiene que el debate sobre vivienda debe centrarse en las condiciones económicas y las responsabilidades de los gobiernos.