Alejandro Marichal explica que la normativa pretende dar seguridad jurídica a más de 17.000 vecinos y establecer criterios claros para reconocer el uso residencial de apartamentos y bungalows.
En una entrevista en El Espejo Canario, Marichal explica que la ordenanza no modificará la clasificación ni los usos urbanísticos de las parcelas, sino que establecerá los criterios para determinar la situación legal de cada vivienda. Para ello, distinguirá varios supuestos en función de la fecha de adquisición y de la normativa vigente en cada momento, tomando como referencias el Plan General de 1996, la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 y la Ley del Suelo de 2017.
Tres situaciones jurídicas
El responsable municipal señala que los propietarios podrán obtener certificaciones que acrediten su situación conforme a la legalidad, el uso residencial consolidado o la condición de fuera de ordenación. En determinados casos, estos documentos también permitirán solicitar el archivo de expedientes sancionadores relacionados con el uso residencial de inmuebles turísticos. No obstante, reconoce que todavía no es posible precisar cuántos vecinos podrán acogerse a cada supuesto.
Marichal destaca que la ordenanza establecerá un procedimiento reglado para solicitar estas certificaciones, con documentación y requisitos definidos, evitando las interpretaciones dispares que hasta ahora se producían entre los técnicos municipales. «Lo que hacemos es establecer un procedimiento reglado de cómo interpretar esa normativa», explica.
Asesoramiento jurídico y respaldo del Gobierno
El primer teniente de alcalde asegura que el texto ha contado con el trabajo de los servicios municipales de Urbanismo y el asesoramiento del catedrático Francisco Villar, vinculado a la redacción de la Ley del Suelo de Canarias. Añade que el Ayuntamiento remitió previamente un borrador al Gobierno autonómico, del que recibió una respuesta favorable, por lo que no espera objeciones a su aprobación.
Marichal sostiene que otros municipios turísticos de Canarias podrían adoptar iniciativas similares dentro de sus competencias. Considera que la ordenanza permitirá ofrecer una respuesta a vecinos que llevan años esperando una solución, sin perjuicio de los cambios que pueda introducir en el futuro el nuevo Plan de Modernización de Maspalomas, actualmente en tramitación.