El exdirector de Global y portavoz de la Plataforma por un Transporte Público reclama iniciar de inmediato los trámites para implantar un modelo de gestión pública directa antes de que venza la actual concesión.
Francisco Zumaquero, exdirector de Global y portavoz de la Plataforma por un Transporte Público, advierte de que Gran Canaria corre el riesgo de perder el control de su transporte interurbano si el Cabildo no adopta cuanto antes una decisión sobre el futuro del servicio. En declaraciones a El Espejo Canario, recuerda que la concesión vence a finales de 2027 y que la proximidad de las próximas elecciones insulares reduce considerablemente el margen para preparar una alternativa de gestión pública. «La calidad del servicio es lo que está en juego, el control público del servicio es lo que está en juego», afirma.
Zumaquero sostiene que, si no se inician inmediatamente los estudios económicos y los procedimientos administrativos necesarios, la nueva corporación podría verse obligada a convocar un concurso público. Según sus cálculos, una concesión de quince años alcanzaría un valor de entre 1.000 y 1.500 millones de euros, una dimensión económica que podría atraer a grandes operadores como Alsa o Avanza. Considera que Global, una empresa propiedad de sus trabajadores, tendría dificultades para competir con estas compañías.
El riesgo para las líneas menos rentables
El antiguo responsable de Global advierte de que una concesionaria privada podría priorizar la rentabilidad económica frente a las necesidades de conexión territorial. Explica que únicamente unas pocas líneas del transporte interurbano resultan rentables, mientras que muchas otras permiten comunicar la cumbre, las medianías y los municipios menos poblados con el resto de la isla.
Zumaquero teme que un operador multinacional tenga menos flexibilidad para reforzar servicios cuando aumenta inesperadamente la demanda o para atender acontecimientos extraordinarios, como fiestas populares y grandes eventos. También expresa su preocupación por las consecuencias que un cambio de modelo podría tener sobre las condiciones laborales y sobre las empresas locales que actualmente prestan servicios auxiliares a Global.
Una empresa pública sin necesidad de comprar Global
El portavoz de la plataforma considera que la solución pasa por crear una empresa pública dependiente del Cabildo, siguiendo el modelo de TITSA en Tenerife. Coincide con el presidente insular, Antonio Morales, en que no es necesario adquirir Global para asumir directamente el servicio. Explica que la Administración podría comprar únicamente aquellos activos que considerase necesarios, como cocheras, talleres y terrenos, cuyo valor estima en unos once millones de euros.
Zumaquero recuerda que Global dispone de instalaciones, personal especializado y más de cinco décadas de experiencia en la gestión del transporte interurbano. A su juicio, aprovechar esos recursos permitiría facilitar la transición hacia un modelo público sin tener que construir toda la estructura desde cero. Insiste en que todavía existe tiempo para actuar, pero considera imprescindible que el Cabildo tome decisiones antes de que termine la legislatura. «Vamos a buscar una solución desde lo público, que no tiene por qué ser la compra de la empresa», concluye.