➤ «El problema de la vivienda en Canarias se resuelve promoviendo y construyendo» ➤ «Se podrían hacer 125.000 viviendas en Canarias solo en suelo público y ese suelo está retenido» ➤ «Para construir entre 10.000 y 12.000 viviendas al año hace falta mucho más presupuesto»
La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, María Salud Gil, rechaza los dos decretos estatales sobre vivienda y sostiene que las medidas planteadas no solucionan el problema de acceso a una casa. «Ninguno de los 353 artículos del decreto ley 26 y, por supuesto, del 27, mucho menos resuelve el problema de la vivienda», afirma.
Gil defiende que la respuesta pasa por aumentar la oferta y combinar inversión pública y privada para desarrollar un parque amplio que incluya vivienda pública, protegida, asequible y también de renta libre. Considera especialmente desatendidas a las rentas medias, que quedan fuera de buena parte de las políticas públicas pero tampoco pueden asumir los precios actuales del mercado.
La rentabilidad de las promociones
La representante empresarial advierte de que cualquier política destinada a ampliar la oferta debe tener en cuenta los costes reales de promoción y construcción. Señala que el suelo, la financiación, los materiales, la energía y los trámites urbanísticos han aumentado de precio y sostiene que no puede exigirse al promotor vender o alquilar por debajo del coste de producción.
Gil plantea que, en el caso de la vivienda asequible, las administraciones deben cubrir la diferencia entre el coste real de producirla y el precio que puede asumir el ciudadano. «No es que a nosotros nos den dinero», aclara, sino que la aportación pública permitiría reducir el precio final para las familias con menor capacidad económica. Cifra en torno al 40 % el incremento medio de algunos costes de producción.
Suelo público sin desarrollar
La presidenta de la asociación atribuye buena parte de la escasez de vivienda pública a la falta de planificación, presupuesto y gestión administrativa. Asegura que los ayuntamientos disponen de suelo procedente de las cesiones vinculadas a las promociones privadas que permanecen sin desarrollar desde hace años.
Según sus cálculos, en Canarias podrían levantarse unas 125.000 viviendas sobre suelo público ya disponible. Gil critica que ese potencial permanezca bloqueado por la burocracia y la falta de ejecución y señala que numerosas licitaciones públicas quedan desiertas porque los precios previstos no se ajustan a los costes reales del mercado.
Más financiación estatal
Gil considera además insuficientes los recursos previstos para Canarias dentro de los planes estatales de vivienda. Señala que una dotación de 352 millones de euros para cinco años está muy lejos de las necesidades del Archipiélago y sostiene que esa cantidad debería aproximarse a los 352 millones anuales para poder afrontar el déficit existente.
La representante empresarial calcula que Canarias necesita construir entre 10.000 y 12.000 viviendas cada año hasta 2039. A su juicio, alcanzar ese ritmo exige combinar financiación estatal y autonómica, agilizar la gestión del suelo y reducir los tiempos administrativos.
Zonas tensionadas y licencias
Sobre la declaración de zonas tensionadas, Gil sostiene que el Gobierno de Canarias ya desarrolló el marco exigido por la legislación estatal y que corresponde ahora a los ayuntamientos solicitar su aplicación. Señala que Las Palmas de Gran Canaria ha dado ese paso, aunque se muestra escéptica sobre sus efectos y cita como referencia la experiencia de Barcelona.
También valora las medidas adoptadas para acelerar la concesión de licencias urbanísticas mediante fórmulas de colaboración externa, aunque recuerda que su aplicación depende finalmente de cada ayuntamiento. Considera que los cambios normativos realizados hasta ahora han permitido cierta reacción del sector, al pasar de unas 1.900 viviendas anuales a alrededor de 4.000, aunque insiste en que la cifra continúa siendo insuficiente.
Gil defiende asimismo medidas como la posibilidad de materializar la Reserva para Inversiones en Canarias en vivienda destinada al alquiler y reivindica la participación de las organizaciones empresariales en la búsqueda de soluciones. Asegura que el sector comparte «la frustración» de jóvenes, mayores y familias que no pueden acceder a una vivienda y reclama políticas que permitan aumentar de forma sostenida la oferta.