➤ «El Cabildo tenía que haber dicho qué política de acuicultura quiere para Gran Canaria» ➤ «Estamos poniendo en riesgo algo que no nos aporta prácticamente nada» ➤ «Puede pasar una tragedia como pasó en Salinetas y nos puede afectar»
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, rechaza el proyecto de jaulas marinas previsto frente a La Aldea de San Nicolás y defiende las alegaciones presentadas por su Ayuntamiento para reclamar nuevos estudios ambientales. El Consistorio sostiene que la documentación disponible no permite descartar que los efectos de la actividad acuícola puedan alcanzar otros puntos de la costa de Gran Canaria.
Bueno asegura que en Mogán existe preocupación por las consecuencias que podría tener una instalación de estas características y plantea que el riesgo ambiental no se corresponde, a su juicio, con los beneficios económicos que deja en las islas. «No lo queremos, por muchas garantías que nos aporten», afirma, antes de cuestionar que empresas de fuera exploten las aguas canarias mientras el territorio asume los posibles efectos sobre el ecosistema.
La alcaldesa señala como una de sus principales preocupaciones que pueda producirse un episodio similar al ocurrido con las jaulas de Salinetas. «Puede pasar una tragedia como pasó en Salineta y nos puede afectar», advierte. También recuerda los cierres de playas que, según explica, se produjeron entonces y considera que aquella experiencia obliga a extremar las garantías antes de autorizar nuevos proyectos.
Estudios más amplios
El informe externo encargado por el Ayuntamiento concluye que el estudio ambiental del proyecto no analiza suficientemente qué podría ocurrir durante temporales, fuertes oleajes o episodios de corrientes intensas, ya que las simulaciones se realizan sobre condiciones normales del mar. Tampoco determina el recorrido que podrían seguir residuos y nutrientes en situaciones extremas.
Las simulaciones abarcan aproximadamente 5,5 kilómetros alrededor de la instalación proyectada, mientras que la costa de Mogán se encuentra a unos 20 kilómetros. El Ayuntamiento entiende por ello que el área estudiada resulta insuficiente para descartar efectos en zonas más alejadas. El informe no afirma que vaya a producirse contaminación en Mogán, pero tampoco considera posible descartarla con los estudios incorporados actualmente al expediente.
«Lo que pedimos es que se amplíen los estudios para conocer con certeza cuál podría ser el alcance real de la actividad y garantizar la protección de nuestro litoral y del medio marino», sostiene Bueno. El Ayuntamiento solicita al Gobierno de Canarias que reclame a la promotora análisis que contemplen corrientes más intensas, temporales y otras situaciones adversas y que amplíe el ámbito territorial estudiado.
Críticas al Cabildo
Bueno dirige además sus críticas al Cabildo de Gran Canaria por la posición que, según sostiene, mantuvo durante la tramitación de la planificación acuícola. «El Cabildo tenía que haber dicho: oye, qué política de acuicultura quiero para mi isla de Gran Canaria», afirma. A su juicio, la institución insular debía haber determinado en ese momento si aceptaba este tipo de instalaciones y, en su caso, en qué zonas.
La alcaldesa reprocha que sean ahora los ayuntamientos los que tengan que recurrir a las alegaciones para defender su posición ante los proyectos concretos. «Echo de menos en el Cabildo de Gran Canaria que no se haya plantado como Cabildo», señala, y sostiene que la institución insular debería presentar también alegaciones al proyecto de La Aldea.
Bueno insiste en que su oposición responde a una relación que considera desequilibrada entre riesgos y beneficios. «Estamos poniendo un riesgo en algo que no nos aporta prácticamente nada», afirma, al considerar insignificante la repercusión de estas explotaciones en empleo y actividad económica para Canarias frente al posible impacto ambiental que, a su juicio, asume la isla.
La política ambiental insular
La alcaldesa amplía finalmente su crítica a la política ambiental del Cabildo y cuestiona lo que considera contradicciones entre su discurso ecologista y determinadas actuaciones insulares. Cita los problemas de los vertederos, la actividad de la cementera y las obras de Chira-Soria como ejemplos de decisiones que, en su opinión, obligan a revisar la coherencia de esa política. «Tanto presumir de ecologismo», afirma Bueno antes de reclamar una posición más clara de la institución insular frente a las jaulas marinas.
La crisis de Ceuta
Bueno sostiene que lo ocurrido en Ceuta no debe interpretarse como una crisis migratoria puntual, sino como una «invasión», y reclama una respuesta contundente del Gobierno de España frente a Marruecos. La alcaldesa considera que las personas que entraron desde territorio marroquí deben ser devueltas y critica la actuación del Ejecutivo central, al que acusa de no haber reaccionado con suficiente firmeza ante la situación.
La alcaldesa carga también contra Pedro Sánchez y cuestiona el relato del Gobierno sobre los fallos en el control fronterizo. Bueno afirma que el presidente ha ido modificando su explicación sobre lo sucedido y sostiene que el episodio de Ceuta ha provocado una reacción social en defensa de la identidad española y del territorio. A su juicio, los ciudadanos ceutíes seguirán soportando durante algún tiempo las consecuencias de aquella situación.
Sobre los menores llegados a Ceuta, Bueno rechaza su reparto por otras comunidades autónomas y defiende igualmente su devolución a Marruecos. Argumenta que, en este caso, no se trata de personas que huyan de una guerra y diferencia esta situación de otras crisis migratorias procedentes de países africanos. La alcaldesa vincula esa posición a su consideración de que lo ocurrido en Ceuta tuvo un carácter distinto al de la inmigración irregular que llega habitualmente a Canarias.