El Ayuntamiento sostiene que el fallo del TSJC incurre en contradicciones y mantiene vigente el cobro hasta que haya una resolución judicial firme.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, anuncia que el Ayuntamiento presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la tasa por los servicios municipales vinculados a la actividad turística. La regidora considera que el fallo no aclara cuáles son los errores cometidos por el Consistorio: «Una sentencia cuando te viene en contra supuestamente me tiene que decir dónde he errado, cuáles son mis debilidades. Pero es que en esta sentencia no se dice cuáles son mis debilidades».
Bueno rechaza que el Ayuntamiento carezca de competencias para aprobar el tributo y recuerda que el artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales permite a los municipios crear tasas por la prestación de servicios. También cuestiona que el tribunal califique la medida como un impuesto con afán recaudatorio. «El hecho imponible está totalmente definido. El principio de equivalencia está totalmente definido. Y el afán recaudatorio no existe», afirma. Los servicios incluidos son el ciclo integral del agua, la recogida y el tratamiento de residuos y la promoción turística sostenible.
La alcaldesa señala además que la propia sentencia reconoce inicialmente la documentación aportada para justificar el hecho imponible, pero posteriormente sostiene que este no aparece definido. «En la página 23 de la sentencia, que consta de 38 páginas, precisamente el magistrado, en un primer momento, reconoce que nosotros tenemos avalado y estudiado el hecho imponible. Pero dos párrafos más abajo después nos dice que no aparece por ningún lado», explica.
El coste de atender a la población turística
El Ayuntamiento calcula que los servicios públicos municipales afectados por la actividad turística cuestan 2,7 millones de euros anuales y sostiene que ese déficit recae actualmente sobre los residentes. Bueno recuerda que en Mogán conviven diariamente unas 50.000 personas, mientras el municipio recibe financiación según una población de derecho de alrededor de 22.000 habitantes. «El déficit que me genera el turista, ¿quién me lo compensa?», pregunta. La tasa establece un pago de 15 céntimos por persona y día de estancia y pretende que los visitantes financien aproximadamente 1,2 millones del coste de esos servicios.
Bueno reclama al Gobierno de Canarias que apruebe un impuesto turístico autonómico que permita devolver una parte de la recaudación a los municipios, como ocurre en Cataluña o Galicia. Critica que se plantee incrementar el IGIC de las pernoctaciones sin garantizar recursos adicionales a los destinos: «¿Para ir a la caja única para que el Gobierno de Canarias siga gastando más de lo mismo y no compensarnos el roto que nos hace el turismo aquí?». La tasa de Mogán continúa vigente mientras la sentencia no sea firme y los cerca de 1,4 millones de euros recaudados permanecen congelados a la espera de una resolución definitiva.