➤ «Cuando todo se lleva a tribunales, quiere decir que hay una incompetencia clara y un afán de poner palos en la rueda» ➤ «La tasa de basuras corresponde a una directiva europea que nos obliga» ➤ «El Partido Socialista no lo va a tumbar nadie, por muchas crisis que tengamos»
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, afirma que la decisión del Partido Popular de apostar por Poli Suárez como candidato a la Alcaldía supone «el reconocimiento de un fracaso» de la estrategia seguida por los populares durante este mandato. Considera que la oposición municipal ha sido «radical» y «obstruccionista» y que ha recurrido de forma sistemática a los tribunales para intentar frenar la acción del gobierno local.
Hernández Spínola señala que todavía no ha decidido si continuará en la próxima legislatura y admite que la decisión tiene una dimensión familiar y otra política. Explica que dispone de unos nueve meses para valorar el escenario y que hablará con la alcaldesa, Carolina Darias, para tomar una decisión. «La decisión tiene muchas componentes. Una componente familiar. Y también una componente política que es importante y que yo tengo que valorar», afirma.
La candidatura del PP y la oposición municipal
El concejal interpreta el cambio de candidato del Partido Popular como la constatación de que la estrategia desarrollada hasta ahora no ha convencido ni siquiera a su propio partido. Afirma que el PP ha practicado durante tres años una oposición «radical, obstruccionista» y considera que esa línea ha terminado obligando a la formación a plantear una nueva estrategia electoral.
Hernández Spínola sostiene que la judicialización permanente revela falta de proyecto político. «Cuando un partido que está en la oposición recurre sistemáticamente a la vía judicial, a la fiscalía, es que realmente tiene poco que ofrecer a la ciudadanía», afirma. A su juicio, puede entenderse que un caso concreto acabe en los tribunales si existen anomalías, pero no que esa vía se convierta en una rutina.
El edil afirma que cada gran expediente municipal se enfrenta a recursos o denuncias que retrasan la gestión. Según dice, cuando todo acaba en los tribunales, lo que hay es «una incompetencia clara y un afán de poner palos en la rueda» a un gobierno que intenta mejorar la ciudad mediante licitaciones, adjudicaciones y contratos públicos.
El contrato de limpieza y los recursos
Hernández Spínola cita el contrato de residuos sólidos como ejemplo de la estrategia de bloqueo que atribuye a la oposición y a determinados intereses. Defiende que el gobierno municipal ha puesto sobre la mesa una solución económica importante para mejorar la limpieza de la ciudad, pero que cada avance en la licitación se encuentra con obstáculos.
El concejal afirma que el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma acaba de inadmitir dos recursos presentados contra el contrato de residuos. Señala que uno de ellos procede de una empresa que, según indica, «no tenía ni legitimación». Aunque evita afirmar que exista una coordinación demostrada entre actores políticos, sindicales o empresariales, sostiene que los hechos «no son por casualidad».
A su juicio, lo que se busca es impedir que los grandes proyectos del gobierno municipal tengan éxito. Hernández Spínola menciona también el Guiniguada como otro ejemplo de iniciativa sometida a recursos, denuncias y fiscalización judicial. «Se trata de coartar los grandes proyectos que ha impulsado este gobierno», afirma.
La tasa de basura y la obligación europea
El responsable de Hacienda defiende la implantación de la tasa de basura y recuerda que no nace de una decisión aislada del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino de una obligación europea. «Esto nace de una directiva europea que nos obliga», afirma, antes de precisar que afecta a los 8.000 ayuntamientos de España.
Hernández Spínola explica que la directiva europea obliga a los Estados miembros a aprobar normas para que los ayuntamientos impongan tasas que cubran el coste del servicio. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, señala que se ha elaborado una ordenanza sustentada en un estudio económico que incorpora costes directos e indirectos, como nóminas, camiones, contenedores y el conjunto del servicio.
El concejal indica que la cuota resultante es de 149 euros, con posibilidad de fraccionar el pago en cinco mensualidades de 30 euros. También recuerda que existen bonificaciones para personas vulnerables y familias numerosas, con el fin de atemperar el impacto económico en quienes tienen más dificultades.
La judicialización de la tasa
Hernández Spínola señala que la tasa de basura también ha sido recurrida y que el Ayuntamiento se encuentra a la espera de lo que resuelvan los tribunales. Explica que el órgano judicial ha designado a un perito independiente para contrastar el estudio económico municipal y comprobar si coincide con los criterios aplicados por el consistorio.
El edil defiende la rigurosidad del trabajo realizado por el Ayuntamiento, pero admite que el procedimiento está en fase procesal y que habrá que esperar al resultado. En cualquier caso, insiste en que la ciudad no puede sustraerse a una obligación que procede de Europa y que todos los municipios deben cumplir.
El impacto de la judicialización en el Ayuntamiento
El concejal afirma que la estrategia de judicializar expedientes tiene efectos directos en el funcionamiento interno del Ayuntamiento. Señala que los funcionarios se ven obligados a extremar la cautela, a responder requerimientos judiciales y a remitir expedientes, lo que genera una dinámica complicada para la administración.
Hernández Spínola dice que los empleados públicos trabajan con la preocupación de que cualquier expediente pueda acabar en los tribunales. «Los funcionarios están afectados en la medida en que tienen que estar firmando informes y expedientes», señala, antes de añadir que esa situación sostenida durante años es difícil de gestionar.
A su juicio, esta dinámica no solo ralentiza la acción del gobierno, sino que también introduce desconfianza en los procedimientos administrativos. El concejal sostiene que, pese a ello, el gobierno municipal mantiene su objetivo de sacar adelante los grandes contratos y proyectos que considera necesarios para mejorar los servicios públicos.
El PSOE y el momento político nacional
Hernández Spínola admite que el Partido Socialista atraviesa un momento «realmente complicado», pero afirma que mantiene sus convicciones políticas intactas. Sostiene que el PSOE es un partido que «merece la pena» y reivindica su capacidad histórica de resistencia.
El concejal recuerda que el Partido Socialista tiene 140 años de historia y ha superado etapas de enorme dureza, desde la represión posterior al golpe de Estado contra la República hasta el exilio, la cárcel y la dictadura. «El Partido Socialista no lo va a tumbar nadie, por muchas crisis que tengamos», afirma.
Hernández Spínola también se pronuncia sobre la ley de amnistía y el papel de los jueces. Defiende que la amnistía es una ley aprobada por las Cortes Generales, que representan el poder legislativo, y sostiene que los jueces deben cumplir las leyes. «Lo que no se puede es retorcer la ley hasta un punto que desnaturalice el sentido político que las Cortes Generales» han expresado, afirma.
Continuidad, desgaste y optimismo
El concejal reconoce que los últimos tres años han sido duros en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y admite que la decisión sobre su futuro dependerá también del desgaste personal. No obstante, evita anticipar si seguirá en la próxima legislatura y subraya que la decisión se tomará de forma coordinada con la alcaldesa.
Hernández Spínola afirma que, pese a la dureza del mandato, se considera una persona feliz y optimista. «Yo soy un hombre muy feliz y además optimista», señala, antes de añadir que procura no perder nunca el buen humor porque, con la carga de trabajo que asume, esa actitud resulta imprescindible.
El edil defiende que la gestión municipal exige resistencia, criterio y capacidad para mantener el rumbo en medio del ruido político. A su juicio, el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria ha mantenido estabilidad durante el mandato y ha seguido impulsando proyectos pese a una oposición que, según afirma, intenta impedir que la coalición de gobierno tenga éxito.