➤ «Hay funcionarios empoderados que se creen reyesuelos de reinos de taifas» ➤ «Los empresarios no se presentan a las obras porque los precios están desfasados» ➤ «Tenemos una administración que no funciona»
El expresidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, responsabiliza a la burocracia administrativa, a la lentitud municipal y a la falta de actualización de los precios públicos de buena parte de la crisis de vivienda y del bloqueo de infraestructuras que atraviesa Canarias.
Izquierdo sostiene que el principal obstáculo para construir viviendas no es la falta de voluntad empresarial, sino “una burocracia que no funciona” y unos procedimientos administrativos que, afirma, impiden desarrollar proyectos “en tiempo y forma”.
El expresidente de la patronal de la construcción añade además que el actual módulo económico para la vivienda pública “llega al mínimo imprescindible” y no cubre el incremento de los costes de materiales y de ejecución que soportan actualmente las empresas constructoras.
La agilización administrativa
Izquierdo reconoce, sin embargo, que el Gobierno de Canarias “ha hecho su trabajo” mediante los decretos de agilización administrativa impulsados en los últimos años, especialmente el decreto ley 3/2025, que permite derivar la tramitación de licencias a colegios de arquitectos o entidades acreditadas.
Afirma que numerosos ayuntamientos canarios ya se están acogiendo a este mecanismo y que “empieza a notarse cierta agilidad” en la tramitación urbanística. No obstante, considera que el verdadero problema se encuentra en determinados municipios donde, según dice, los responsables políticos no ejercen autoridad suficiente sobre la estructura administrativa: «¿Quién manda en los ayuntamientos, los políticos elegidos democráticamente o unos funcionarios empoderados?»
Izquierdo critica con dureza a parte del funcionariado municipal y sostiene que algunos empleados públicos “ni comen ni dejan comer”, en referencia a las reticencias que, según afirma, existen para aplicar los nuevos mecanismos de agilización administrativa.
El dirigente empresarial llega a señalar directamente a alcaldes y funcionarios como responsables del déficit habitacional en Canarias. “Si en Canarias no tenemos vivienda, tienen nombre y apellido”, afirma durante la entrevista.
Obras desiertas y TRAGSA
Otro de los aspectos abordados durante la conversación es el creciente número de concursos públicos que quedan desiertos. Izquierdo asegura que las empresas no concurren porque los proyectos salen a licitación con precios “desfasados”, imposibles de asumir en un contexto de encarecimiento constante de materias primas y transporte marítimo.
Explica que muchos materiales de construcción utilizados en Canarias proceden actualmente de Asia y denuncia las dificultades logísticas derivadas de la situación internacional. Según indica, hay obras que deben ralentizarse o incluso paralizarse porque las empresas no tienen garantías de recibir el material necesario en plazo.
Además, acusa a las administraciones de favorecer indirectamente a la empresa pública TRAGSA mediante encomiendas directas posteriores a concursos desiertos: «Los empresarios saben que dos y dos son cuatro y no son veintidós».
Según sostiene, cuando una obra queda desierta se termina adjudicando mediante encomienda a empresas públicas, que están obligadas por ley a aceptar el encargo “sea el precio que sea”. Añade que esta situación ya ha sido denunciada ante la Unión Europea.
La gestión del suelo
Izquierdo también pone el foco en la gestión urbanística municipal y asegura que Canarias dispone de suelo suficiente para construir vivienda, incluso dentro de los propios cascos urbanos. El problema, afirma, es que las oficinas técnicas y gerencias municipales “son incapaces de gestionar ese suelo”.
Para ilustrarlo, menciona casos concretos como una licencia en Garachico que, según asegura, lleva más de veinte años pendiente de resolución, o las licencias industriales paralizadas durante años en Granadilla.
También compara municipios vecinos como Adeje y Arona para evidenciar, a su juicio, las diferencias de gestión entre administraciones sometidas a la misma normativa. “En uno sale todo y en otro no sale nada”, resume.
Falta de datos y reforma administrativa
Sobre el debate de las viviendas vacías y el alquiler vacacional, Izquierdo asegura que ni siquiera la administración dispone de datos fiables sobre la realidad habitacional del archipiélago.
En este contexto, reclama una profunda reforma de la función pública canaria y defiende incorporar criterios de productividad en la administración. Considera que la actual ley autonómica está “totalmente desfasada” y critica la falta de preparación de parte de la clase política: «Tenemos políticos que no tienen la preparación para ocupar el cargo que están ocupando».
Tras más de 35 años vinculado a FEPECO, Izquierdo asegura que, pese a abandonar la presidencia de la patronal, seguirá interviniendo en el debate público sobre la situación económica y administrativa de Canarias.