Las cofradías de pescadores de Canarias llevan al Parlamento su oposición frontal al cerco del atún, al considerar que pone en riesgo el sector tradicional, favorece la concentración de cuotas y amenaza la sostenibilidad del recurso.
El presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, Lorenzo Brito, afirma que el rechazo al proyecto es «total» y compartido por todo el sector. «Es la posición de todas las OPP, de las cofradías y de las comercializadoras», señala, subrayando que la oposición no es parcial sino unánime.
«No estamos dispuestos a vender nuestras cuotas de pesca», dice Brito, quien insiste en que el recurso debe seguir siendo de acceso colectivo y no concentrarse en manos de una sola empresa.
Según explica, la iniciativa —impulsada por una empresa privada— plantea un sistema de captura industrial mediante redes de gran escala para abastecer instalaciones de engorde, algo que el sector considera incompatible con la pesca tradicional en Canarias.
Incompatibilidad con la pesca artesanal
Brito describe el cerco como una técnica propia de grandes buques industriales, con redes de hasta dos kilómetros de longitud y gran profundidad. Frente a ello, recuerda que en Canarias la pesca se realiza «con anzuelo y línea», un modelo selectivo y sostenible: «Eso es totalmente incompatible con el sector profesional canario», afirma.
Además, advierte de las particularidades del ecosistema marino en las islas, donde el atún suele desplazarse acompañado de cetáceos como delfines, lo que incrementa los riesgos de capturas accidentales con métodos masivos.
Riesgo para el reparto de cuotas
Uno de los principales argumentos del sector se centra en el reparto de cuotas. Brito denuncia que existen numerosos pescadores en Canarias con embarcaciones preparadas que no pueden acceder al atún rojo por falta de asignación: «No podemos hacer un proyecto de engorde con 250 toneladas mientras hay gente que no puede trabajar ese recurso», sostiene.
A su juicio, permitir este tipo de iniciativas podría reproducir el modelo del Mediterráneo, donde «tres empresas han concentrado prácticamente todas las cuotas», dejando al sector artesanal sin capacidad de operar.
Defensa del estatus RUP y del modelo local
El presidente de la federación insiste en que cualquier normativa debe tener en cuenta el estatus de región ultraperiférica (RUP) de Canarias, con características propias que justifican un tratamiento diferenciado: «Un recurso debe ser público y que lo pesquen todos», afirma, defendiendo un modelo que distribuya la riqueza en el conjunto del sector y no en operadores concretos.
En este sentido, considera que introducir pesca industrial en las islas sería «un disparate absoluto» que pondría en riesgo un sistema basado en la sostenibilidad y el equilibrio económico.
Apoyo institucional
Brito asegura que la posición del sector cuenta con respaldo institucional. «La consejería está con nosotros», indica, al tiempo que menciona también el apoyo de los cabildos.
Este respaldo refuerza la estrategia de las cofradías, que han trasladado su postura al Parlamento con el objetivo de frenar cualquier avance del proyecto.
Contexto de la campaña del atún
Las declaraciones se producen en el inicio de la campaña del atún, marcada por la incertidumbre meteorológica y la evolución del mercado. Brito explica que ya han comenzado a aparecer especies como el bonito del norte y los primeros ejemplares de atún rojo, considerado «la joya de la corona».
El cupo asignado a Canarias se sitúa en torno a 537 toneladas, aunque el pasado año no pudo completarse debido a las malas condiciones: «Vamos a ver si somos capaces de coger el cupo este año», dice, en un contexto en el que factores como el precio del combustible o el transporte también influyen en la rentabilidad.