Una sentencia reconoce el derecho de unos 2.000 empleados municipales a percibir complementos no abonados entre 2021 y 2024.
El delegado sindical de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Daniel Ojeda, explica que el conflicto se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento mantiene partidas destinadas a productividad sin llegar a abonarlas a los trabajadores. Según detalla, ese dinero estaba vinculado a un programa denominado «Gestión del Conocimiento y Valor al Desempeño», cuya aplicación genera dificultades y acaba paralizando los pagos.
Ojeda señala que, pese a que el propio consistorio aprueba ese sistema, «tampoco quería pagar lo que se llama productividad del empleado», lo que provoca una situación de bloqueo durante varios años.
Reconocimiento tardío y demanda judicial
La situación cambia a finales de 2024, cuando una nueva corporación aprueba finalmente el abono del complemento de productividad, que comienza a hacerse efectivo en 2025. A partir de ese momento, el sindicato decide reclamar los atrasos acumulados: «Ahora sí me lo reconoces y me lo estás pagando, ¿y por qué no me lo pagaste en su momento?», plantea Ojeda.
El delegado sindical subraya que la reclamación no se basa en estimaciones arbitrarias, sino en las propias partidas presupuestarias consignadas cada año, lo que eleva la cifra a unos 11 millones de euros.
Sentencia favorable a los trabajadores
La resolución judicial da la razón a USPB en lo relativo al complemento de productividad, aunque deja fuera el concepto de «gestión del conocimiento», al considerar que no puede ser objeto de pago. Aun así, reconoce el derecho de los empleados a percibir las cantidades correspondientes al desempeño.
Ojeda destaca que se trata de una reivindicación impulsada únicamente por su sindicato: «Nos sorprende ser el único sindicato del Ayuntamiento que lo ha denunciado».
Críticas a la actuación municipal
El representante sindical considera que la situación evidencia una falta de voluntad política más que un problema técnico. En su opinión, no existe justificación lógica para que el Ayuntamiento niegue durante años un derecho que posteriormente reconoce y comienza a abonar: «No tiene lógica ninguna que no reconozcan ese derecho y que no lo quieran pagar», afirma.
Asimismo, califica lo ocurrido como «un maltrato al empleado público», al entender que se ha retrasado de forma injustificada una retribución ya contemplada en los presupuestos.
Posible recurso del Ayuntamiento
Ojeda indica que el Ayuntamiento ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, una práctica que, según afirma, es habitual en la institución. No obstante, el sindicato confía en que el fallo judicial se mantenga y permita cerrar un conflicto que afecta a miles de trabajadores municipales.
En términos económicos, el impacto individual será limitado —al repartirse entre unos 2.000 empleados—, pero el sindicato insiste en el valor simbólico de la resolución como reconocimiento de derechos laborales vulnerados.