Una familia con cinco menores es desalojada de su vivienda en la calle Montevideo mientras espera una casa pública que podría entregarse en uno o dos meses. Derecho al Techo critica la decisión judicial y reclama más sensibilidad.
La Asamblea Vecinal Derecho al Techo denuncia el desahucio de una familia formada por siete miembros —un matrimonio y cinco hijos de entre 13 y 18 años— que es expulsada de la vivienda en la que residía en la calle Montevideo, en Las Palmas de Gran Canaria.
El portavoz del colectivo, Javier Marrero, explica que la familia pasa la noche gracias al apoyo de colaboradores de la organización mientras se tramita una ayuda de emergencia de los servicios sociales municipales.
Marrero señala que la solución actual es provisional y muy limitada en el tiempo. «Momentáneamente, a través de estos colaboradores se les pudo dar un alojamiento para pasar estos días», afirma. Sin embargo, añade que el apoyo inmediato solo cubre «un par de días», por lo que la familia sigue en una situación de gran incertidumbre.
A la espera de una vivienda pública
Según explica el portavoz del colectivo, el Gobierno de Canarias ya tiene asignada una vivienda pública a esta familia a través de Visocan, aunque todavía no está lista para ser habitada.
Marrero indica que la vivienda carece aún de servicios básicos. «Está asignada, pero no tiene ni la conexión de electricidad ni la conexión de agua», señala.
La previsión es que la vivienda pueda estar disponible en aproximadamente un mes o mes y medio, un plazo que desde el colectivo consideran asumible para haber evitado el desahucio.
«Era lo que nosotros intentamos negociar porque creíamos que era lo más humano y también prudente», explica Marrero, quien subraya que la familia ya contaba con un informe oficial de vulnerabilidad.
Críticas a la decisión judicial
Desde Derecho al Techo critican con dureza la actuación judicial que permite ejecutar el lanzamiento pese a la situación social de la familia.
Marrero asegura que el juzgado conocía las circunstancias económicas del hogar, que ingresa alrededor de 1.200 o 1.300 euros mensuales mientras paga un alquiler de 800 euros. El portavoz considera que la decisión carece de sensibilidad social. «Me parece vergonzosa la actuación de la justicia en este asunto», afirma.
Según explica, el colectivo intentó negociar una prórroga del desahucio mientras se resolvía la entrega de la vivienda pública, pero finalmente la presión de la propiedad terminó precipitando el lanzamiento.
El contexto de la vivienda en la ciudad
El portavoz de Derecho al Techo sostiene que el caso refleja el impacto de la crisis de vivienda y del proceso de gentrificación que vive la capital grancanaria.
En su opinión, resulta especialmente incomprensible que el desahucio se ejecute cuando la vivienda podría permanecer cerrada durante meses: «Es inhumano que esa casa esté cerrada en estos momentos mientras esta familia queda en extrema vulnerabilidad», afirma.
Marrero añade que el propietario es una persona extranjera y considera que el objetivo es destinar el inmueble a un negocio, algo que, a su juicio, agrava aún más la situación social del caso.
Pertenencias aún dentro de la vivienda
El colectivo denuncia además que la familia ni siquiera pudo retirar todas sus pertenencias durante el lanzamiento judicial.
Marrero explica que la comisión judicial dio muy poco tiempo para sacar los enseres y que todavía quedan alimentos en la vivienda: «Incluso hay alimentos en la nevera de esta familia porque ayer fue imposible sacarlos», señala.
En estos momentos, la organización intenta negociar con la propiedad para que se permita a la familia recuperar sus pertenencias mientras continúa buscando una solución habitacional estable.