El presidente de la Unión de Pequeños Ganaderos y Agricultores de Canarias (UPA Canarias), Jorge Pelayo, señala que si en Canarias un producto está prohibido, «lo que venga de fuera tampoco puede usarlo»
El presidente de la Unión de Pequeños Ganaderos y Agricultores de Canarias (UPA Canarias), Jorge Pelayo, alerta del impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sobre el sector primario del Archipiélago. El dirigente agrario asegura que las protestas recientes han logrado visibilizar el problema, pero advierte de que el campo canario se enfrenta a una doble amenaza: la pérdida de fondos específicos para las regiones ultraperiféricas y la entrada de alimentos sin las mismas exigencias sanitarias y productivas.
Defensa del POSEI y del trato diferenciado
Pelayo sostiene que Bruselas pretende diluir el régimen especial de Canarias dentro de la política agraria estatal. «Nos quieren meter dentro de la política agrícola comunitaria estatal», afirma, en referencia al programa POSEI, que compensa la lejanía y la singularidad de las regiones ultraperiféricas.
A su juicio, ese cambio obligaría a negociar cada año con el Gobierno central. «Tendríamos que estar batallando todos los años con el gobierno de turno para que nos den las ayudas, porque no saben nada de nuestra lejanía y de nuestra idiosincrasia», dice.
Aunque Francia, Portugal y España han mostrado apoyo formal a mantener ese estatus, el presidente de UPA considera que «no es suficiente».
Rechazo frontal al acuerdo con Mercosur
El núcleo de la crítica se dirige al tratado comercial con los países sudamericanos. Pelayo cree que vulnera las mismas normas que se imponen a los productores europeos. «Nos exigen una serie de reglamentaciones, pero luego permiten que entren productos que no cumplen esas condiciones», denuncia.
A su entender, se trata de una competencia desleal que puede hundir explotaciones locales. «Es un agravio comparativo con el productor de aquí», insiste.
Falta de controles en los puertos
Uno de los puntos más sensibles, explica, es la debilidad de la inspección. «Los puertos de inspección fronteriza no tienen personal adecuado, les falta personal», afirma, por lo que, en la práctica, no se comprueba con rigor qué entra.
Pelayo advierte de la posible presencia de sustancias prohibidas. «Pueden traer productos fitosanitarios o químicos que están restringidos o prohibidos en la Unión Europea desde hace más de diez años», señala.
Por eso considera insuficiente la promesa de controles. «Si tú no impones el mismo control fitosanitario que aquí, yo ese producto no lo compro», asegura.
Un problema de salud pública
Más allá del impacto económico, el dirigente agrario habla de riesgos para los consumidores. «Se está jugando con la salud de las personas. Esto es un problema de salud pública», dice.
Cita el caso de carnes, frutas u hortalizas tratadas con sustancias hormonales o compuestos que en Europa ya no están permitidos. «Si a mí me prohíben utilizar un producto en mi explotación, lo que viene de fuera tampoco puede tenerlo», resume, al reclamar las llamadas «cláusulas espejo».
Llamamiento al consumo local
Ante este escenario, Pelayo defiende reforzar la información al ciudadano. «No compren productos que vengan de terceros países sin garantías», propone, y apuesta por campañas que fomenten el consumo de cercanía.
Su mensaje es claro: «Kilómetro cero». Según explica, apoyar la producción local no solo protege el empleo rural, sino que garantiza estándares sanitarios y de calidad.
Con dos años por delante hasta que el acuerdo entre plenamente en vigor, el presidente de UPA Canarias avanza que el sector mantendrá la presión institucional y social. «Nos quedan años de pelea», concluye, convencido de que el futuro del campo canario se decide ahora.