La madre de Aythami, que permanece en prisión, continúa sin recibir comunicación alguna sobre una posible progresión al tercer grado, una situación que la madre califica de «incomprensible» y profundamente injusta.
La incertidumbre y la falta de respuestas marcan el día a día de Mabel Fernandes Ramos desde que su hijo, Aythami, permanece en prisión. Dos meses después de la última revisión de grado, celebrada en noviembre, la familia continúa sin recibir comunicación alguna sobre una posible progresión al tercer grado, una situación que la madre califica de «incomprensible» y profundamente injusta.
Fernandes, funcionaria de Justicia, explica que el plazo habitual para notificar verbalmente la resolución es de un mes. Sin embargo, ese plazo se ha superado ampliamente sin que Aythami haya recibido ninguna información oficial. «No le han dicho nada, ni siquiera de palabra», señala, recordando que en una revisión anterior la resolución desestimatoria llegó cinco meses después, solapándose con la siguiente evaluación de grado.
Retrasos reiterados y documentación ignorada
La madre denuncia además que en esta última revisión no se ha tenido en cuenta documentación relevante aportada con anterioridad, como la carta de trabajo, un elemento clave en la valoración penitenciaria. Aythami fue trasladado del módulo cinco al módulo ocho —destinado a internos que trabajan— y, según explica Fernandes, esa documentación «desapareció» en el proceso. «Ahora tiene una carta de trabajo actualizada, pero en la revisión no constaba nada», lamenta.
Aythami lleva un año y dos meses en prisión, cumpliendo una condena de cinco años por delitos contra la salud pública y asociación ilícita. En este tiempo, la familia ha tenido que asumir no solo la dureza del internamiento, sino también la lentitud administrativa y judicial que, a juicio de su madre, agrava innecesariamente la situación.
A la espera de la jueza de Vigilancia Penitenciaria
La única novedad reciente es que la jueza de Vigilancia Penitenciaria ha solicitado informes al educador y a la trabajadora social para resolver el recurso presentado contra la anterior denegación del tercer grado. Esos informes ya estarían sobre la mesa de la magistrada. «Esperamos que esta semana o, como muy tarde, la próxima, haya una resolución», señala Fernandes, aunque reconoce que la experiencia previa no invita al optimismo.
Activismo y denuncia pública
Lejos de resignarse, Mabel Fernandes ha decidido impulsar una estrategia de denuncia pública y movilización social. Junto a colectivos cannábicos y de lucha social, prepara acciones ante el Defensor del Pueblo, el Diputado del Común y el buzón ciudadano de la Unión Europea, denunciando una vulneración de derechos fundamentales y una aplicación desigual del ordenamiento jurídico en el mismo espacio europeo.
Fernández subraya la contradicción entre países como Alemania, donde se regulan y protegen determinadas actividades asociativas, y España, donde —según sostiene— se criminalizan y se castigan con penas de prisión. «En el mismo marco jurídico europeo se protege en un sitio y se persigue en otro», afirma.
«No vamos a parar»
Preguntada por si esta exposición mediática puede perjudicar a su hijo, reconoce que el temor existe, pero asegura que, en la práctica, el activismo ha tenido efectos positivos. «Ha servido para que muchos funcionarios conozcan el caso real de Aythami y no lo metan en el mismo saco que a otros internos», explica. Aun así, advierte que, si hubiera represalias, la respuesta será redoblar la protesta. «Si se ponen fuertes, nosotros gritaremos más», afirma con determinación.
Mientras la resolución sigue pendiente, Mabel Fernandes insiste en que lo que está en juego no es solo el futuro inmediato de su hijo, sino el respeto a los derechos dentro del sistema penitenciario. «Solo pedimos que se haga bien, conforme a la ley», concluye, a la espera de una decisión que, por ahora, continúa sin llegar.