La asociación Mi Barco, Mi Casa, que agrupa a quienes utilizan su barco como única vivienda, alerta de que alrededor de 200 personas podrían verse afectadas por los procedimientos impulsados por la Autoridad Portuaria.
El conflicto abierto en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por los desalojos de personas que residen en embarcaciones sigue generando preocupación social y jurídica. La asociación Mi Barco, Mi Casa, que agrupa a quienes utilizan su barco como única vivienda, alerta de que alrededor de 200 personas podrían verse afectadas por los procedimientos impulsados por la Autoridad Portuaria, sin que hasta ahora se haya producido ningún intento de mediación o negociación.
Así lo expone Antonio Pérez, representante del colectivo, quien denuncia que la actuación del Puerto se ha iniciado «sin contar con nadie» y con un objetivo claro: expulsar a los residentes para avanzar hacia la privatización del espacio. «Eso está publicado en la propia web de la Autoridad Portuaria», afirma, subrayando que el proceso se está desarrollando de forma unilateral y sin alternativas habitacionales para las personas afectadas.
El caso de Margarita, un precedente alarmante
La reciente expulsión de Margarita, una mujer de 31 años que vivía en su barco atracado en el muelle deportivo, ha puesto rostro al conflicto. Según Pérez, el barco era de su propiedad y constituía su único recurso habitacional. Pese a ello, fue retirado y retenido con sanciones económicas «inasumibles», lo que en la práctica supone dejarla sin vivienda.
El representante de Mi Barco, Mi Casa sostiene que en este caso se han vulnerado garantías básicas. «No hubo defensa efectiva ni un informe técnico independiente que justificara el desalojo», asegura, denunciando que se actuó contra una persona vulnerable sin darle la oportunidad de recurrir adecuadamente ni de solicitar un informe de vulnerabilidad.
«Vivir en un barco no es ilegal»
Antonio Pérez insiste en que la base jurídica de los desalojos es, como mínimo, discutible. «En ningún punto de la legislación española se prohíbe vivir en un barco», señala. La Ley de Puertos del Estado, que tiene rango superior, no impide el uso residencial de una embarcación deportiva, mientras que la norma interna aprobada por la Autoridad Portuaria sí lo hace. Para la asociación, esta contradicción convierte dicha norma en «nula de pleno derecho» por vulnerar la jerarquía normativa.
Además, rechaza los argumentos técnicos utilizados en algunos casos, como el supuesto riesgo de hundimiento o problemas de seguridad. «Eso solo puede determinarlo un inspector de buques», afirma. En el expediente de Margarita, explica, no consta ningún peritaje oficial que avale esas afirmaciones, lo que hace sospechar de una actuación arbitraria basada en apreciaciones subjetivas.
Sin reuniones ni alternativas
Pérez denuncia que, hasta la fecha, no ha existido ninguna reunión con la Autoridad Portuaria, ni antes ni después de iniciarse los procedimientos. «No se ha hablado con nadie», recalca. Frente a quienes plantean la posibilidad de compensaciones económicas, responde con una pregunta directa: «¿Dónde llevo mi casa mañana para ir a trabajar?».
El colectivo recuerda que en el muelle deportivo hay unas 1.400 plazas de atraque y que muchas de las personas afectadas llevan décadas viviendo allí, algunas con familias y niños. «Este es su barrio, su ciudad. ¿Por qué se tienen que marchar?», se pregunta.
A la espera de la justicia
Actualmente, varios casos están judicializados. Pérez explica que, en su situación personal, ha podido recurrir con abogado, lo que ha ralentizado el procedimiento, aunque reconoce la lentitud de la justicia en Las Palmas. «Ahora los árbitros del partido son los juzgados», afirma, confiando en que las resoluciones aclaren si las actuaciones del Puerto se ajustan o no a derecho.
Mientras tanto, Mi Barco, Mi Casa advierte de que los desalojos no solo afectan a una forma de vida alternativa, sino que abren un nuevo frente en la emergencia habitacional de la ciudad. «Lo que está en juego no son solo barcos, sino el derecho a una vivienda digna», concluye Antonio Pérez.