Para el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, lo ocurrido recientemente en La Gomera no es un hecho excepcional, sino la consecuencia lógica de un modelo «precario».
La reiteración de ceros energéticos en islas no capitalinas vuelve a poner en primer plano las debilidades estructurales del sistema eléctrico canario. Para el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, lo ocurrido recientemente en La Gomera no es un hecho excepcional, sino la consecuencia lógica de un modelo «precario», sostenido por infraestructuras obsoletas y por un marco regulatorio que impide actuar con la rapidez que la situación exige.
Un sistema sin redundancias
Medina sostiene que la clave del problema no está en las energías renovables, inexistentes en La Gomera, sino en la fragilidad de la central eléctrica que abastece a la isla. «Cuando una central funciona con palos y alambres, se hace lo que se puede, pero no se pueden hacer milagros», afirma. A su juicio, la ausencia de centrales de respaldo o de sistemas alternativos convierte cualquier incidente en un apagón total.
El decano recuerda que Red Eléctrica ya había advertido de la necesidad de contar con infraestructuras de reserva y con interconexiones que permitieran paliar fallos graves. Sin embargo, esas soluciones no se han materializado. «Si hubiera existido una central de ‘backup’ o si el cable submarino con Tenerife estuviera operativo desde hace tiempo, el cero energético podría haberse evitado», explica.
El cable submarino, una falsa expectativa
Aunque el enlace eléctrico entre Tenerife y La Gomera se presenta como una solución inminente, Medina se muestra escéptico. Advierte de que conectar dos sistemas frágiles no garantiza estabilidad: «Estamos hablando de unir una isla precaria con otra isla precaria. Tenerife tiene el récord de ceros energéticos en los últimos diez años». Para el ingeniero, depositar todas las expectativas en esa infraestructura es un error de enfoque.
Un problema de gobernanza y regulación
Más allá de las obras concretas, Medina identifica un problema de fondo: la gobernanza del sistema eléctrico. «Esto no es un fallo puntual, es un problema de marco regulatorio que no funciona», señala. Asegura que la maraña normativa ralentiza cualquier actuación y hace inviable responder con agilidad a situaciones de emergencia.
El decano es tajante al valorar la acción política: «Las normas las hacen los responsables políticos y, en Canarias, no se ha modificado el marco regulatorio para agilizar procedimientos. Cero actuaciones en ese sentido». En su opinión, prometer que la emergencia energética se resolverá en un año es desconocer por completo el funcionamiento del sistema: «No se va a resolver en un año, se resolverá, como mínimo, en cinco».
Concursos que no atraen inversión
Medina alerta además del riesgo de que los concursos convocados para renovar o reforzar el sistema eléctrico queden desiertos. Algunas empresas, dice, ya han empezado a retirarse al considerar que los proyectos no son viables económicamente. El escenario más grave sería que una isla como La Gomera se quedara sin adjudicatarios, obligando a repetir el proceso y perdiendo más de un año adicional.
Un bloqueo que afecta a toda la economía
El análisis del decano trasciende el sector eléctrico. A su juicio, la lentitud administrativa y la falta de capacidad de gestión afectan a múltiples ámbitos, desde la energía hasta la vivienda. «Con los medios financieros y técnicos actuales somos incapaces de hacer lo que hacíamos hace 20 o 30 años. Estamos colapsados», afirma.
Medina concluye que el problema no es solo de planificación, sino también de ejecución: presupuestos que no se materializan y recursos que permanecen inmovilizados por falta de gestión. «Antes se planificaba más allá de una legislatura; ahora se discute, pero no se planifica ni se ejecuta. Y eso lo acabamos pagando todos», resume.