La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas alerta de que la falta de financiación estatal y el encarecimiento de los costes de construcción están agravando la situación.
La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, sitúa la crisis de la vivienda en Canarias en un punto crítico y advierte de que, sin una dotación presupuestaria suficiente por parte del Estado, no será posible dar respuesta a una demanda que cifra en unas 12.000 viviendas nuevas al año.
Gil insiste en que la emergencia habitacional ya es una realidad social que se manifiesta en personas viviendo en caravanas, furgonetas o incluso en sus propios coches.
Una emergencia que ya es visible
Gil describe una situación que considera insostenible. Asegura que «hay muchas personas viviendo en caravanas, en furgonetas y en coches», una realidad que, subraya, ya no es marginal. Según explica, el déficit histórico de vivienda, unido al crecimiento de la población en Canarias desde los años noventa, ha generado una brecha que solo puede cerrarse con una producción sostenida de vivienda nueva: «Canarias duplicó su población desde 1991 y, sin embargo, a la hora de repartir los fondos estatales se nos sigue tratando como si no hubiera pasado nada».
El papel del Estado y la financiación
La presidenta de los constructores y promotores recalca que el núcleo del problema es presupuestario. Afirma que Canarias necesita al menos 450 millones de euros anuales procedentes del Estado para complementar sus planes de vivienda y activar la inversión privada: «Con 450 millones de euros al año, la iniciativa privada podría invertir más de 1.700 millones en vivienda accesible».
Critica que el reparto de fondos estatales no tenga en cuenta ni el crecimiento poblacional ni los niveles de pobreza del Archipiélago, y considera que esta infrafinanciación supone una nueva forma de marginación.
Burocracia, suelo y costes disparados
Gil reconoce que existen problemas administrativos y de disponibilidad de suelo, pero sostiene que, sin presupuesto, cualquier avance normativo es insuficiente. Recuerda que Canarias ya cuenta con decretos ley para agilizar licencias urbanísticas y reducir los plazos a menos de seis meses, pero insiste en que esas herramientas solo funcionarán si van acompañadas de financiación.
A ello se suma el encarecimiento de los costes de construcción, agravado por el contexto internacional: «Las materias primas están disparadas y los promotores no pueden construir al precio que la gente puede pagar».
Modelos que ya funcionaron
La presidenta de la asociación defiende recuperar fórmulas de financiación pública que, según afirma, funcionaron durante décadas en España. Explica que, hasta 2012, los planes estatales de vivienda incluían acuerdos con la banca, ayudas a la entrada para los compradores y préstamos a interés concertado: «Durante 40 años esto funcionó: el Estado subvencionaba parte de los intereses y la hipoteca no se comía el salario del ciudadano».
Desde la supresión de esos planes, señala, la vivienda protegida prácticamente desapareció y la producción de vivienda libre cayó de más de 30.000 unidades anuales a apenas 3.000.
Dudas sobre los avales y el alquiler
Gil se muestra escéptica ante medidas como los avales públicos a jóvenes compradores o los incentivos fiscales al alquiler. A su juicio, si la banca no concede crédito y no hay viviendas suficientes en el mercado, estas herramientas tienen un alcance muy limitado:
«Puedes avalar la entrada, pero luego hay que pagar un préstamo personal y una hipoteca; es una doble carga».
También cuestiona las propuestas para bonificar a propietarios que no suban los alquileres y afirma que no abordan el problema de fondo: «Es una tomadura de pelo. El problema real es la falta de vivienda, no la falta de anuncios».
Riesgo de conflicto social
La presidenta advierte de que la situación puede derivar en un conflicto social mayor si no se actúa con rapidez. Recuerda que incluso el Banco de España ha alertado de este riesgo y subraya la sensación de impotencia tanto de los ciudadanos como de los propios promotores: «Esto es un problema que, si se quiere resolver, se resuelve. Y solo se resuelve con dinero».
Gil concluye reclamando que la vivienda deje de ser un terreno de promesas incumplidas y anuncios reiterados, y se convierta en una prioridad real respaldada por presupuesto y decisiones políticas firmes.