La portavoz del partido, Esther Hernández, anuncia que instará a aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para convocar nuevas elecciones.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tuineje (Fuerteventura), Esther Hernández, reclama la dimisión en bloque del grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y el PSOE tras dos años y medio de mandato que califica como «un cúmulo de desastres, oportunidades perdidas y servicios cerrados». Si el gobierno local no renuncia «después de un periodo de reflexión», el PP anuncia que instará al Ejecutivo central a aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para disolver la corporación y convocar nuevas elecciones.
Dos años y medio «de desastres y servicios cerrados»
Hernández sostiene que el balance del actual mandato es «profundamente negativo» para la ciudadanía de Tuineje. Entre las primeras decisiones que reprocha al grupo de gobierno figura el cierre de la oficina del catastro municipal, que obliga ahora a los vecinos a desplazarse a Gran Canaria para realizar trámites básicos. Denuncia además el cierre práctico de la oficina de recaudación, que «solo abre una vez a la semana y únicamente para ejecutivas y multas», dejando sin atención ordinaria a quienes quieren pagar en voluntaria o domiciliar impuestos. A su juicio, la gestión municipal «se aleja por completo de lo que la ciudadanía entiende por servicio público».
Deporte sin escuelas, clubes sin subvenciones y obras paralizadas
La portavoz popular enumera otros ejemplos de lo que considera «un patrón de incompetencia»: la eliminación de las escuelas deportivas municipales y la pérdida reiterada de subvenciones procedentes de otras administraciones. Señala que los clubes deportivos arrastran subvenciones impagadas «desde hace dos años» y advierte de que se está entrando ya en «un tercer año de retrasos». Como símbolo de la parálisis, cita las obras del campo de fútbol de Tarajalejo, que «no terminan de concluirse» pese a llevar dos años y medio en marcha. En conjunto, Hernández describe un municipio «sin impulso, sin proyectos culminados y con servicios esenciales en retroceso».
Un pasacalle suspendido por falta de ambulancia
El detonante de la ofensiva política del PP fue, según explica, la suspensión del pasacalle infantil previsto el pasado viernes por no disponer del plan de seguridad en vigor debido a la ausencia de una ambulancia. Para Hernández, este episodio refleja «hasta qué punto la desorganización ha llegado al día a día» del Ayuntamiento de Tuineje. Añade que, más allá de este incidente, la interventora municipal ha emitido «tres informes gravísimos» sobre la situación económico-financiera del consistorio, en los que se hablaría de «irregularidades sistemáticas graves», lo que refuerza su petición de dimisión del gobierno local.
El recurso al artículo 61 y el precedente de Marbella
Ante la posibilidad de que el grupo de gobierno no dimita, el PP anuncia que acudirá al Gobierno del Estado para solicitar la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases, que contempla, en casos «muy excepcionales», la disolución de una corporación municipal y la convocatoria de nuevas elecciones. Hernández reconoce que «no lo tenemos fácil» y admite que se trata de un mecanismo apenas utilizado, con el conocido antecedente del Ayuntamiento de Marbella en el caso Malaya. Aun así, insiste en que la gravedad de los informes de intervención y la deriva en la gestión municipal justifican que Tuineje «sea considerado un caso límite» y que se estudie la disolución del actual gobierno local.
Llamamiento a la «responsabilidad» del grupo de gobierno
La portavoz popular concluye apelando a la «responsabilidad política» de Coalición Canaria y el PSOE en Tuineje, a quienes pide que «asuman las consecuencias de su gestión» y abandonen sus cargos antes de que el conflicto se traslade a la esfera estatal. Asegura que el objetivo del Partido Popular no es «generar ruido», sino «devolver la normalidad institucional y reactivar servicios que la ciudadanía necesita». Mientras esperará la respuesta del grupo de gobierno, Hernández confirma que su formación ya trabaja en la argumentación jurídica y documental que elevará al Gobierno central si finalmente se mantiene la negativa a dimitir.