La alcaldesa de Mogán acusa a la consejera de Turismo, Jessica de León, de generar inseguridad jurídica y de haber tramitado una norma «mal hecha» que ahora se ve obligada a rectificar.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, arremete contra la nueva ley de vivienda vacacional aprobada por el Parlamento de Canarias y contra la gestión de la consejera de Turismo, Jessica de León, a la que acusa de generar inseguridad jurídica y de haber tramitado una norma «mal hecha» que ahora se ve obligada a rectificar. La regidora pide a los propietarios que no den pasos precipitados hasta que el texto se publique oficialmente y se aclaren los criterios que deberán aplicar los ayuntamientos.
Llamamiento a «quedarse quietos» ante la inseguridad jurídica
Bueno explica que su mensaje a los propietarios de viviendas vacacionales no es una invitación a incumplir la ley, sino a no tomar decisiones irreversibles mientras la norma no esté publicada y la propia responsable de impulsarla admite que tendrá que corregirla. «Yo me he dirigido a la población para que no haga nada», señala, después de constatar lo que considera contradicciones de la consejera en varias entrevistas sobre qué deben hacer los afectados. Recuerda que, antes incluso de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, De León ha anunciado que será necesario modificarla, lo que a su juicio evidencia que «esta ley empezó mal y acabó mal y ahora la tiene que enmendar».
El laberinto de las actividades clasificadas
Uno de los puntos más polémicos para la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y para los ayuntamientos es la exigencia de tramitar la actividad como «clasificada». La consejera ha defendido que este aspecto queda resuelto remitiéndose al anexo 3 del decreto 86/2013, pero la alcaldesa de Mogán recuerda que existe una sentencia que impide cerrar el problema en esos términos.
Además, subraya que ese mismo anexo permite a cada consistorio adaptar sus modelos de comunicación previa, lo que podría desembocar en 88 interpretaciones distintas: «Nos encontraremos que los requisitos de actividades clasificadas en las fronteras serán distintos a los de Mogán, y los de Mogán distintos a los de Tuineje», advierte. Frente a ello, Bueno insiste en que el Gobierno debió elaborar «un decálogo exclusivamente para las viviendas vacacionales» y, si era necesario, modificar el reglamento de actividades clasificadas.
La regidora sostiene que el verdadero objetivo de esta vía es expulsar del mercado a la mayoría de pequeños propietarios. Según sus cálculos, «el 90% sale fuera» si se aplican al alquiler vacacional los criterios habituales de las actividades clasificadas, muchos de los cuales resultan imposibles de cumplir para viviendas ya consolidadas. Asegura que ella sí ha hecho su tarea, pidiendo a los servicios técnicos municipales que enumeren qué documentación exigirían en Mogán —declaración responsable, inscripción en el registro de turismo, título de propiedad, licencia de primera ocupación, certificado de compatibilidad urbanística—, y reprocha al Ejecutivo que no haya querido hacer ese trabajo de forma homogénea para toda Canarias.
Una ley sin consenso y con cambios de última hora
Bueno recuerda que la ley ha estado en tramitación dos años y medio, tiempo durante el cual ayuntamientos y FECAM han presentado múltiples propuestas para intentar reconducirla. Sin embargo, sostiene que el Gobierno «nunca ha querido tener consenso» con las corporaciones locales. Como ejemplo, cita las enmiendas presentadas «en voz» por la propia consejera el mismo día del pleno final, a última hora, para corregir errores que ya venían de la tramitación. «¿Cómo viene usted en el último minuto del partido en una ley que hemos estado dos años y medio tramitándola para decir “tengo que cambiar esto porque me he dado cuenta de que he metido la pata”?», se pregunta. Para la alcaldesa, el anuncio de que se aprobará después un decreto para modificar la norma recién aprobada confirma la improvisación: «¿En qué manos estamos?», lanza.
Las familias, las grandes olvidadas
La regidora moganera alerta de que detrás del debate técnico hay miles de hogares que dependen en buena medida de los ingresos del alquiler vacacional. «Aquí estamos vacilando a más de 45.000 familias que viven de esto, las pequeñitas, los ahorradores, los que tienen ese sustento para complementar su pensión o su economía familiar», denuncia. En su opinión, no se puede «jugar así» ni salir a los medios «diciendo una cosa y la contraria» cuando lo que está en juego es la estabilidad económica de quienes han invertido sus ahorros en una vivienda turística. Bueno insiste en que los ayuntamientos serán clave para el desarrollo de la ley, pero advierte de que si se mantiene el actual diseño y no se escucha a las corporaciones locales, el resultado será un conflicto permanente y un mapa normativo desigual en todo el Archipiélago.