➤ «Las obras generan retenciones y molestias, pero son inversión necesaria» ➤ «El PSOE busca dar estabilidad a las instituciones» ➤ «Arucas fue una de las zonas más violentas de la represión franquista»
Los cuatro menores migrantes que han crecido y se han integrado en Arucas vuelven a enfrentarse a un traslado a la península dictado por la normativa estatal. El alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo, reclama que se tenga en cuenta el arraigo de estos chicos y que se aplique la ley con flexibilidad y sentido común, al tiempo que reivindica la memoria de las víctimas de la represión franquista en el municipio y la responsabilidad democrática de quienes gobiernan hoy.
Facundo explica que el origen del conflicto está en la aplicación estricta de la normativa estatal sobre menores migrantes con solicitudes de asilo. Habla de esos cuatro menores que tienen que llevarlos a la península cuando ya llevan más de cuatro años integrados, arraigados en familias». Subraya que algunos de estos chicos viven con familias de acogida, «algunas son trabajadoras municipales» que conoce personalmente, y que «están estudiando y juegan en un equipo de fútbol», plenamente integrados en la vida cotidiana del municipio.
Por eso insiste en que, en este caso concreto, «no tiene mucho sentido aplicarles la ley estrictamente». Recuerda que llegaron en patera, pasaron por los centros de menores y, tras los procedimientos administrativos, se quedaron acogidos en hogares y tejidos sociales de Arucas. A su juicio, el problema no reside tanto en la norma como en la forma de interpretarla y aplicarla a realidades que han cambiado con el paso del tiempo.
El paso por el Canarias 50 y la falta de condiciones
El alcalde confirma que los cuatro jóvenes han sido trasladados al dispositivo del Canarias 50 y que allí permanecen desde hace semanas, Tiene claro que «no son las mejores condiciones para ellos». Describe un espacio con literas y un hacinamiento que, a su entender, no se corresponde con la situación de unos menores que ya estaban integrados en familias y en la vida social de un municipio.
Facundo critica que, tras los acuerdos entre el Gobierno de Canarias y el Estado, estos chicos hayan terminado en un espacio de tránsito diseñado para otras circunstancias: «Están intentando meternos en el Canario 50», señala, cuando deberían buscarse fórmulas para que quienes ya tienen arraigo puedan permanecer donde han construido su vida. Recuerda además que son «niños menores que han venido huyendo de la guerra» y que, después de años de integración, su posible traslado supone romper un equilibrio delicado.
«Se quieren quedar» y el apoyo del pueblo de Arucas
El alcalde es contundente cuando se le pregunta por la voluntad de los menores: «Se quieren quedar. Se quieren quedar». Añade que «las familias de Arucas quieren que se quede» y advierte del impacto emocional que puede tener el desarraigo sobre unos chicos que ya han pasado por un viaje traumático y por un proceso de adaptación complejo. Facundo insiste en que el arraigo no es una fórmula abstracta, sino una realidad concreta que se ve en las aulas, en los equipos deportivos y en los vínculos afectivos que han ido tejiendo.
Frente a la rigidez burocrática, apela a una solución basada en el diálogo entre administraciones. Explica que las familias han estado en contacto con la Delegación del Gobierno, que es quien gestiona a estos menores solicitantes de asilo, y pide que se abra una vía específica para casos como este: «Yo espero que haya cordura y que se pueda interpretar de una manera de que se flexibilice en ciertas ocasiones», afirma. Reconoce que los funcionarios «te dicen que hay que cumplir» la normativa, pero recuerda que también hay margen para interpretar la ley con humanidad cuando hay arraigo demostrado.
Tensiones entre administraciones y presión sobre los funcionarios
Facundo no elude la dimensión política del conflicto. Señala que los desencuentros entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado han generado «una incoherencia con estos niños» y han trasladado a la administración periférica una presión difícil de gestionar. Menciona especialmente los servicios de extranjería, donde «tienen que tramitar muchos expedientes en poco tiempo» y donde el temor de los funcionarios es, en ocasiones, «dejar desasistidos» a los menores si no se cumple estrictamente la norma.
El alcalde defiende que hay que ponerse también «en la piel» de estos empleados públicos, pero insiste en distinguir los casos: habla de estos cuatro jóvenes de Arucas como un ejemplo concreto en el que la realidad social desborda los protocolos de derivación. Admite que seguramente existan más situaciones similares en otros municipios, pero prefiere ceñirse a lo que conoce de primera mano a través de las familias aruquenses.
Obras, movilidad y apoyo al comercio local
Más allá de la crisis de los menores, Facundo repasa la situación del municipio, donde las obras de la circunvalación y del recinto ferial condicionan el día a día del casco urbano. Asegura que «por Arucas se puede pasear» y que los trabajos en marcha buscan precisamente mejorar la movilidad a medio y largo plazo. Cita la circunvalación y el «pequeño soterramiento» en la GC-20, que prevé finalizado en marzo de 2026, así como la apertura escalonada de nuevas rotondas que aliviarán el tráfico de más de 30.000 vehículos diarios.
El alcalde pone el acento en la creación de aparcamientos disuasorios. Habla de «más de 900 plazas de aparcamiento gratuitas» y de otras 400 que se sumarán cuando el nuevo recinto esté operativo: «Muy pocos municipios tienen plazas gratuitas» de esta magnitud, subraya. Reconoce que las obras generan retenciones y molestias, pero las presenta como una inversión necesaria y habitual en cualquier ciudad en transformación, comparable a lo que ha visto en otras capitales europeas.
El comercio resiste
Respecto a la situación del comercio local, Facundo afirma que puntualmente muchos negocios «están bastante bien», aunque admite que el pequeño y mediano comercio sufre por cambios de hábitos y por la competencia de otros formatos de consumo. Sostiene que el Ayuntamiento siempre ha apoyado al sector, que está en contacto tanto con las asociaciones empresariales como con quienes no se integran en ellas, y anuncia que se han previsto más de 150.000 euros en el presupuesto de 2026 para compensar posibles pérdidas ocasionadas por las obras, siguiendo una línea de ayudas similar a la aplicada durante la pandemia.
Política municipal y alianzas de futuro
En su faceta orgánica, Facundo recuerda que ya no es secretario de Organización del PSOE en Gran Canaria, sino vicesecretario general de Política Municipal. Agradece la confianza del secretario general, Chano Franquis, y enfatiza que disfruta estando en contacto con sus compañeros y compañeras de los diferentes municipios, así como dialogando con cargos de otras formaciones políticas.
Sobre las tensiones con fuerzas municipalistas como Primero Canarias, que han anunciado que no quieren pactar con los socialistas tras las próximas elecciones, el alcalde relativiza los titulares y prefiere esperar a ver cómo se configuran las alianzas en 2027. Defiende que el PSOE busca «dar estabilidad a las instituciones» y cita casos como las mociones de censura en Valsequillo o San Mateo, o la ruptura en Agaete, para argumentar que la coherencia debe juzgarse en conjunto, y no solo por episodios aislados.
El informe de la UCO y la defensa de Ángel Víctor Torres
Interpelado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la gestión de contratos durante la pandemia y el papel del expresidente canario y actual ministro, Ángel Víctor Torres, Facundo se muestra rotundo: sostiene que el documento deja claro que Torres «no tuvo nada que ver con esas relaciones que se hacen delictivas». Recuerda que, en plena pandemia, los responsables públicos hablaban «con muchas personas» en un contexto de «situación desesperante», con facturas que se acumulaban y empresas que necesitaban cobrar para no quebrar.
El alcalde considera que los informes de la UCO, «están rozando la subjetividad», y subraya que la responsabilidad política se ejerce respaldada en expedientes donde «los técnicos son los que dan el visto bueno» con informes favorables o desfavorables. En ese marco, lo que hacen los responsables políticos es «validar esas facturas» y ejecutar decisiones avaladas por los servicios técnicos y jurídicos. Él mismo admite que, cuando le llega un expediente, «lo lee, lo relee» y, si tiene dudas, consulta con la Secretaría General o con el servicio jurídico del Ayuntamiento.
Memoria histórica en Arucas: violencia, fosas y reparación
La conversación deriva hacia la memoria histórica cuando se aproxima el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Facundo recuerda que era un niño de tres años en 1975 y que su generación conoce mejor la etapa de la Transición que la dictadura, pero como alcalde de Arucas sabe que gobierna «una localidad donde desaparecieron muchas personas». Explica que la comarca, junto a municipios como Agaete, fue «una de las zonas más violentas» de Canarias en términos de represión: «Pero sí que Arucas fue una de las zonas más violentas en ese aspecto de llevarse a personas inocentes que querían que hubiera una democracia».
Detalla que hay más de cien personas desaparecidas vinculadas a los pozos de la zona y que todavía quedan fosas por abrir. Destaca el trabajo de la Asociación de Memoria Histórica, encabezada por Pino Sosa, a quien describe como «una luchadora» que ha impulsado la dignificación de las víctimas y la identificación de los restos. Señala que se trabaja con el Estado y el Cabildo para que los fondos destinados a memoria histórica lleguen también a Arucas y permitan seguir con las exhumaciones.
Facundo describe con emoción el momento en que una familia encuentra los restos de un ser querido: «Lo primero es alivio y después es justicia», resume. Habla de «alivio espiritual» y de la posibilidad de llevar los restos «en sepultura o incinerados», como un gesto de reparación mínima después de décadas de silencio y miedo.
La sombra del 36 y la responsabilidad democrática actual
El alcalde recuerda que el regidor de Arucas en 1936, Juan D’Olestre Casanova, era socialista y maestro de escuela, y que terminó en un campo de concentración y asesinado. Ante la pregunta de qué habría ocurrido con él mismo en aquella época, responde sin rodeos: «Sí, hubiera sido asesinado, pero creo que uno sabe la responsabilidad que tiene y que uno también tiene que defender la libertad y la democracia». A partir de ese contraste entre pasado y presente, reivindica la necesidad de evitar que la sociedad vuelva a dividirse «entre hermanos, primos, amigos» por cuestiones ideológicas.
Facundo insiste en que hay «mucha gente que no piensa igual» que él, pero que el respeto debe ser mutuo, tanto hacia sus propias ideas como hacia las de quienes discrepan. En esa defensa de la democracia y la libertad, el alcalde enlaza la gestión cotidiana —desde el futuro de cuatro menores migrantes hasta las grandes obras o las alianzas políticas— con una memoria dolorosa que recuerda hasta dónde puede llegar la violencia cuando se quiebra la convivencia.