La abogada de la plataforma, Isabel Saavedra, señala que que el Juzgado entiende que la pareja con seis hijos menores después «no reúne la situación de vulnerabilidad».
La abogada de la plataforma Derecho al Techo, Isabel Saavedra, denuncia que el Juzgado ha reactivado el procedimiento de lanzamiento contra una pareja de Ingenio con seis hijos menores después de haberlo paralizado en septiembre, al entender que la familia «no reúne la situación de vulnerabilidad» pese a que «estamos hablando de ocho personas que no tienen una sola alternativa habitacional». Saavedra afirma que el caso demuestra «hasta qué punto la emergencia habitacional en Canarias es evidente», porque ni el Gobierno de Canarias ni el Ayuntamiento de Ingenio «han podido ofrecer una vivienda pública, social o accesible» a una familia que, subraya, «está dispuesta a pagar un alquiler razonable».
Falta de alternativa habitacional
La letrada explica que durante mes y medio «se han tocado todas las puertas», incluidas las administraciones autonómica e insular, pero la única respuesta ha sido «alguna ayuda económica, nunca una vivienda», lo que confirma, dice, que «no hay parque público para una familia de ocho miembros». Añade que la pareja ha buscado por su cuenta, pero que «cuando los propietarios saben que tienen seis hijos, se echan atrás», pese a que el padre ya trabajaba y, tras la denuncia de septiembre, «a la madre también le ofrecieron un empleo, con lo que ahora tienen más ingresos». «Ni siquiera así han podido alquilar una vivienda digna», insiste.
Un fondo buitre detrás del desalojo
Saavedra señala como parte del problema a la propiedad del inmueble, «un fondo buitre con sede en Irlanda, con nombre muy bonito, Promontoria Yellowstone», que volvió a pedir el lanzamiento en cuanto el juzgado levantó la suspensión acordada en septiembre. «Esta gente no sabe ni dónde está Ingenio, lo que quiere es especular con la vivienda», sostiene, y añade que en estos procedimientos civiles «si el fondo no insiste, el juez suspende», de ahí que reclame al Gobierno de Canarias «que negocie con el fondo y se quede con la casa» para garantizar el derecho a la vivienda de los menores. Recuerda que estamos ante un procedimiento «de justicia rogada» y que, por tanto, «si el propietario no presiona, la familia no termina en la calle».
Riesgo para los seis menores
La abogada subraya que el desahucio «no solo supone dejar en la calle a ocho personas», sino que «abre la puerta a que los servicios de protección de menores tengan que intervenir» porque se quedaría sin residencia una unidad familiar con seis hijos escolarizados. «Lo he explicado al juzgado: en el contexto actual del mercado de la vivienda, aunque tengan ingresos, no pueden acceder a una casa; y esos niños se quedan en la calle», sostiene. Por eso, en el último escrito ha pedido también la intervención del Ministerio Fiscal, «que es quien tiene que proteger a los menores».
Emergencia habitacional estructural
Para Saavedra, el caso de esta pareja de Ingenio «no es una excepción, es el ejemplo clarísimo de lo que está pasando en Canarias»: familias con ingresos que no pueden alquilar porque los precios «se han vuelto absolutamente locos» y porque el tamaño de los hogares no encaja con la oferta disponible. «Estamos hablando de gente que se está comportando de forma ejemplar, que da la cara, que lleva a sus hijos al colegio cada día sabiendo que los pueden echar, y aun así no encuentran vivienda», afirma. A su juicio, mientras no cambien las políticas de vivienda «seguirán saliendo casos como este».
Llamamiento a la movilización
La plataforma Derecho al Techo ha convocado una concentración pacífica en Ingenio «para acompañar a la familia y para denunciar un mercado de la vivienda que no es normal». Saavedra aclara que no se va a ejercer «ningún tipo de fuerza ni de violencia», pero sí a visibilizar que «hoy son Moisés y Raquel, y mañana serán otros dos, u otros ocho, si no se pone freno a los desahucios sin alternativa». «Hay que rebelarse contra esto», concluye, «porque no puede ser que un fondo buitre deje en la calle a seis menores en una isla donde las administraciones reconocen que no tienen vivienda pública para ofrecer».