➤ «A esta situación se ha llegado con la participación de todos los grupos políticos» ➤ «Lo que nos van a colar ahora es un barco flotante, como si fuera una planta energética y que funciona con combustible» ➤ «El proyecto de Totisa estaba completo y al final se lo cargaron por pseudo informes de salud pública en los que los propios funcionarios se declaran activistas»
El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, afirma que la crisis energética que vive Gran Canaria no es un episodio aislado, sino el resultado de «una política energética disparatada acumulada en el tiempo» en la que, subraya, «han participado todos los grupos políticos».
Dice que la actual situación de emergencia —con un déficit de potencia convencional en el norte de la isla que cifra «en torno a 70 megavatios, que es lo que daba la planta de Totisa»— tiene cuatro responsables claros: «el presidente del Cabildo, porque es el gran instigador y está totalmente contra el gas; el consejero de Transición Ecológica, que se acobardó; y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que actúa con frivolidad e ignorancia supina». A esto se añade, la presidenta de la Autoridad Portuaria, «que se ha puesto de perfil y no es consciente de la gravedad del asunto». Según sostiene, todos ellos conocen el alcance del problema, pero han optado por decisiones políticas antes que técnicas.
Un proyecto completo que se tumbó por activismo
Medina recuerda que el proyecto de la planta en Totisa «estaba completo, tenía su estudio de dispersión de contaminantes» y que, además, permitía suministrar gas y electricidad al puerto, paso necesario para la futura electrificación portuaria. «Y al final —dice— se lo cargaron básicamente por pseudo informes de salud pública en los que los propios funcionarios se declaran activistas». Afirma que «un funcionario público no puede ser un activista» y que ahí se ve con claridad que «es un tema estrictamente político, no tiene nada que ver con la ciencia, ni con la economía, ni con la técnica». A su juicio, la consejería lo tenía fácil porque «el proyecto ya estaba muerto en el Ministerio», pero en vez de cerrar bien el expediente «se emitió una declaración de impacto ambiental negativa que ahora crea un precedente peligroso».
Un barco del que “no se sabe absolutamente nada”
En lugar de aquella solución estable en puerto, el Gobierno canario se dispone —según expone— a traer «un barco flotante, como si en vez de un hotel flotante fuera una planta energética flotante», que se colocará en el puerto y que «funciona con combustible, no con gas». «De ese barco no se sabe absolutamente nada», insiste. Y empieza a preguntar: «¿Va a estar sometido al mismo procedimiento de evaluación ambiental? ¿Con qué combustible funciona exactamente? ¿Cuáles son sus emisiones? ¿Hay estudios de dispersión de contaminantes? ¿Cuánto cuesta?» Enumera todas esas cuestiones para subrayar que la ciudadanía no dispone de la misma información ni de las mismas garantías que exigieron para Totisa. «Dicen que no va a ser permanente, pero eso no se sabe: depende del tiempo de los apagones; un apagón puede durar tres días, pero también tres meses o un año», advierte.
No es que falte suelo, es que no hay empresas
El decano introduce un matiz que, a su juicio, se está ocultando en el debate público: «La solución del barco turco no es porque no haya terreno, es porque no hay empresa». Explica que, en realidad, son dos empresas las que se han interesado y «no hay más proyectos». Por eso sostiene que el consejero «se está esforzando» y que se encuentra «con una situación tremendamente compleja y con muchos frentes abiertos», pero que lo han acabado empujando a una salida de emergencia que no es la mejor técnicamente. «No es que no hubiera sitio: es que ni Dios está interesado en montar un centro de emergencia en Gran Canaria, y entonces nos vamos al barco», resume.
Un precedente que complicará las plantas definitivas
Medina alerta también de la consecuencia jurídica y técnica de haber emitido una declaración de impacto ambiental negativa contra una instalación energética que estaba preparada para operar en puerto. «Ya me van a explicar —dice— cómo va a ser la declaración de impacto ambiental de las plantas definitivas, las de los concursos de competencia, los mil y pico megavatios que se han medido para todas las islas, que en su mayor parte van a funcionar con combustible y que, además, van a estar cerca de poblaciones». Si ahora se ha rechazado un proyecto completo por razones políticas y por informes activistas, se pregunta «cómo lo va a resolver el consejero en el futuro» cuando se deban tramitar las instalaciones permanentes.
Tenerife y Gran Canaria, “muertos en el Ministerio”
El decano añade un último elemento: ni el proyecto de Gran Canaria ni el de Tenerife están hoy vivos en Madrid. «Los dos quedaron fuera del concurso de competencia por una cuestión formal de falta de presentación de avales», afirma. Por eso considera que cuando se dice desde Tenerife que el proyecto sigue adelante «es inviable en este concurso» y que, si sale adelante, será en otro. Pese a ello, valora que en Tenerife «el presidente de la autoridad portuaria lo defiende como debe hacerlo un presidente, porque es un proyecto de interés para el puerto», mientras que en Gran Canaria «se han puesto de perfil». Pero, mientras se rehacen los concursos y se buscan empresas de verdad, la isla seguirá —concluye— «en una situación de emergencia energética en el norte» que podría haberse evitado con la planta prevista en puerto.