Elena Vela: «En Canarias 90.000 personas cada día faltan a su puesto de trabajo»

Elena Vela | Foto: CEOE

Elena Vela | Foto: CEOE

➤ «Asumo la secretaría general de CEOE-Tenerife con mucha responsabilidad» ➤ «Para que un trabajador pueda cobrar 1.500 euros, la empresa tiene que poner alrededor de 2.400–2.500» ➤ «Prohibir el acceso del vehículo privado al Teide pone en jaque a una actividad empresarial y a millares de empleos»

Elena Vela asumió el pasado mes de septiembre la Secretaría General de CEOE-Tenerife y afirma que encara el cargo con «responsabilidad» y «honestidad» tras 15 años en la organización. Defiende un enfoque de «equilibrio» entre salarios, productividad e inversión; alerta del carácter «estructural» del absentismo laboral y reclama consenso en la regulación del acceso al Teide para evitar inseguridad jurídica y la pérdida de empleo. 

Nueva etapa «con ilusión» y «responsabilidad»

Elena Vela explica que llega a la Secretaría General tras una larga trayectoria interna: «Estoy muy contenta, ilusionada. Lo asumo con mucha responsabilidad, honestidad… y pretendiendo seguir aportando a la que considero mi casa»; recuerda que su trayectoria en la CEOE está avalada por 15 años de «dedicación, compromiso, gestión y diálogo». Subraya que asume el reto tras haber sido gerente y situándose en la continuidad de un trabajo «de equipo». 

Empleo al alza, pero con cautela por la coyuntura

Sobre los últimos datos favorables de paro en Canarias, introduce matices: parte del aumento de contrataciones en septiembre es fruto de la reactivación del sector educativo tras el parón de junio. En turismo, pide prudencia: la «situación geopolítica» y los problemas económicos en países emisores como Francia, Reino Unido y Alemania pueden «ralentizar la llegada de turistas en los próximos años», especialmente en las reservas de «última hora». 

El absentismo ya no es coyuntural, es «estructural»

Vela advierte de que el absentismo supera el 9% en Canarias: «Cuando hablamos de un 9% quiere decir que 90.000 personas cada día faltan a su puesto de trabajo». Niega criminalizar a los trabajadores y reclama «gestión más eficiente y homogénea» de las bajas, señalando que «la misma patología tratada bajo una mutua… tarda en recuperarse la mitad de tiempo que si lo hace en el sistema canario de salud». Critica el «colapso» y «listas de espera interminables» del sistema sanitario, e incide en que el problema es mayor en el ámbito público, con efectos directos sobre la calidad del servicio al ciudadano. 

Salarios, costes y el difícil «equilibrio»

Preguntada por nuevas subidas del salario mínimo, responde que proteger el poder adquisitivo es «positivo», pero insiste en acompasar decisiones en el «diálogo social» para no «destruir empleo». Recuerda que las pymes concentran el tejido productivo y que el coste laboral incluye cotizaciones y otros conceptos. «Para que un trabajador pueda cobrar 1.500 euros, la empresa tiene que poner alrededor de 2.400», apunta, y reclama tener en cuenta el impacto en «toda la estructura salarial» y en los «costes estructurales» que ya soportan las empresas. 

Vivienda, de la planificación a la ejecución

Sobre la crisis de vivienda, Vela es tajante: «Necesitamos poner viviendas en el mercado, y además, ponerlas ya». Aboga por «simplificar los procesos» —planes generales aprobados, figuras administrativas que agilicen— y abrir la puerta a «construcción industrializada» para acortar plazos, de modo que la iniciativa privada «pueda ayudar a solventar el problema» sin más dilaciones. 

Teide, protección sí; imposiciones, no

Respecto a la regulación de accesos al Parque Nacional del Teide, sostiene que el «no por el no» no es la solución. Defiende «respetar» y «cuidar» el entorno, pero pide que cualquier medida que afecte «de manera directa» a la actividad empresarial sea «consensuada, debatida e informada». Advierte de que «prohibir el acceso del vehículo privado al Teide pone en jaque a una actividad de transporte, a una actividad empresarial, y en riesgo a millares de empleos directos», además de incrementar la «inseguridad jurídica» del sector.