La presidenta de la PALT, Maribé Doreste, indica que «es excusa de mal perdedor seguir multando y haciendo este daño enorme a la población».
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribé Doreste, reclama que se archiven de forma inmediata las sanciones impuestas a propietarios de apartamentos turísticos que usan su vivienda para disfrute propio. En conversación con El Espejo Canario, Doreste afirma que la Administración «ha acelerado todos los procedimientos de forma vertiginosa» pese al compromiso público de que «no serían multadas» las personas que emplean su propio apartamento y, de hecho, «han seguido firmando multas» durante agosto y septiembre. «La plataforma esta semana pasada pidió el archivo de todas las multas», subraya.
Aceleración de expedientes pese al compromiso público
Doreste sostiene que, lejos de suspender las sanciones mientras se clarificaba el alcance de la norma, la Administración «ha seguido firmando multas, firmando incoación de expedientes» incluso en verano, con publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia. Reitera que hay «muchas, miles de procedimientos», con una cuantía más frecuente de «2.250 euros» por el mero uso propio del apartamento los fines de semana o en vacaciones. «¿Y te multan por usar tu propia propiedad?», plantea, antes de confirmar: «Efectivamente».
Una sentencia que cuestiona el criterio sancionador
La presidenta de PALT informa de que ya existe «una sentencia» en un contencioso-administrativo perdido por la Consejería, cuyo contenido —resume— establece que «el uso residencial nunca ha sido un uso prohibido», que apartamentos y bungalós «siempre fueron viviendas» con condiciones mínimas de habitabilidad y registro como tales, y que «jamás había sido obligatorio que fueran destinados a usos turísticos exclusivamente». A la luz de ese fallo, afirma, «es excusa de mal perdedor el seguir multando».
El foco en San Bartolomé de Tirajana
Según los cálculos de la plataforma, «19.000» procedimientos podrían afectar solo a San Bartolomé de Tirajana por uso propio, lo que —advierte la entrevistada— supondría un volumen sancionador de «millones de euros». En este escenario, PALT insiste en el archivo de los expedientes y en la reversión de un criterio que, a su juicio, «hace un daño enorme a la población».
Propiedad privada y legalidad
Doreste rechaza la etiqueta de ilegalidad que, dice, se intenta proyectar sobre los propietarios: «Nosotros hemos sido legales siempre». Añade que la interpretación administrativa vigente «falta a la verdad» y se aplica «por el temor a la prevaricación», pese a que la justicia empieza a enmendarla. «Volveremos a la sala con todos los procedimientos que sean necesarios», anticipa.
Impacto económico y social
Más allá de la disputa jurídica, la presidenta de PALT alerta del «quiebre y quebranto a la economía familiar» que suponen las multas repetidas a quienes acuden a su propio apartamento de toda la vida. El modelo que se consolida, denuncia, «pretende que todo cambie para que las cosas sigan igual o peor», con la población «excluida» de espacios en los que, históricamente, ha residido o veraneado.
El origen del conflicto y la «anudación» obligatoria
Doreste sitúa el origen del problema en un diseño normativo que «obligaba» a los propietarios a «formar parte de una comunidad» y a «llegar a acuerdos» para que su apartamento fuese utilizado por terceros, incluso sin su consentimiento individual, lo que en la práctica impedía utilizar la vivienda con libertad. Ese esquema —mantiene— derivó en sanciones por no someterse a la “anudación” y por usar la propiedad para fines residenciales, pese a que ese uso no estaría prohibido.
Con una sentencia favorable y miles de expedientes en curso, PALT fija dos prioridades: el «archivo de todas las multas» por uso propio y la revisión del criterio que equipara el uso residencial con una infracción. «La sala dice que el uso residencial nunca ha sido un uso prohibido», reitera Doreste, quien reclama seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada mientras la justicia termina de perfilar doctrina.
Para Doreste, el conflicto trasciende la pugna entre propietarios y Administración: afecta a «derechos básicos» y a un modelo de desarrollo que, afirma, no puede imponerse a costa de expulsar a la población de su territorio ni de impedirle «ir de vacaciones a su propio apartamento». «Nosotros iremos a los procedimientos que haga falta», concluye, convencida de que los tribunales terminarán consolidando el criterio de que las sanciones por uso propio «se tienen que archivar».