El ex presidente del Consejo Social de la ULPGC defiende la Ley de Consejos Sociales del Gobierno de Canarias como una garantía de control y eficiencia frente a un sistema universitario que, a su juicio, ha funcionado «sin contrapesos reales».
La aprobación de la nueva Ley de Consejos Sociales en Canarias ha avivado el debate sobre los límites de la autonomía universitaria y el papel que deben desempeñar los órganos de control externo. En este contexto, el periodista y ex presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Tristán Pimienta, ofrece una visión crítica sobre el actual modelo de gobernanza universitaria, al que acusa de carecer de transparencia y eficacia.
Un modelo sin controles efectivos
Ángel Tristán defiende que los consejos sociales son instrumentos esenciales en una democracia para supervisar la gestión universitaria. «Los rectores no quieren ningún instrumento que los controle», afirma. A su juicio, se ha impuesto una visión errónea de la autonomía universitaria como soberanía absoluta, cuando en realidad, según la Constitución y las leyes orgánicas, esta debe ejercerse en los términos que la ley establezca.
Para Tristán Pimienta, el rechazo a la ley por parte de algunos sectores del mundo académico responde a un deseo de preservar una cultura corporativista y endogámica que rehúye el control externo. «Es como si un empresario no quisiera que lo inspeccionara Hacienda», ironiza.
Bajo presupuesto y sin capacidad ejecutiva
El ex presidente del Consejo Social denuncia además que estos órganos han operado tradicionalmente sin los recursos ni las competencias necesarias para ejercer su labor con eficacia. «Teníamos un presupuesto de 700.000 euros, de los cuales la mitad se iba en personal, y el resto apenas alcanzaba para contratar auditorías externas», explica.
Pese a esas limitaciones, durante su mandato se pasó de 45 a casi 700 fiscalizaciones, gracias a un esfuerzo que fue reconocido incluso por el Tribunal de Cuentas. «Pusieron al Servicio de Control Interno de la ULPGC como ejemplo para todas las universidades del país», recuerda.
Ineficiencia y falta de competitividad
Tristán Pimienta sitúa esta ausencia de fiscalización en el origen de muchas disfunciones del sistema universitario. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de los descuentos de docencia: «Hay profesores que, por tener cargos menores, dejan de dar clase, con lo que el número real de horas lectivas se reduce drásticamente».
Esto, denuncia, acaba afectando a la formación del alumnado y abre espacios que luego son ocupados por universidades privadas. «¿Cómo puede ser que una universidad pública no ofrezca másteres para sus propios graduados y sí lo haga una privada?», se pregunta.
Según su análisis, este modelo electoral en el que el rector debe ofrecer prebendas a estudiantes, personal docente y administrativo para obtener apoyos conduce a una progresiva pérdida de nivel. «Por mis cuentas, vamos ya por el sótano dos de los nuevos ministerios», comenta con sarcasmo.
La ley como herramienta de equilibrio
Lejos de ser una amenaza, la nueva legislación se presenta, para Tristán, como un intento de reequilibrar las fuerzas internas y externas de la universidad, dando protagonismo a quienes representan a la sociedad en su conjunto. «No se puede hablar de autonomía sin control. El Consejo Social es la contraprestación democrática a esa autonomía interna».
Frente a las críticas sobre una supuesta invasión de competencias, el periodista insiste en que esta ley no busca interferir en la docencia ni en la libertad de cátedra, sino en garantizar el buen uso de los recursos públicos y una gestión eficiente.
A su juicio, el modelo actual no sólo ha fracasado en términos de eficiencia, sino también en competitividad. «Las universidades españolas están a la cola en Europa, y Canarias no es la excepción, salvo contadas excepciones», subraya.
Una oportunidad para abrir las universidades
Tristán Pimienta coincide con Ana Suárez, actual presidenta del Consejo Social de la ULPGC, en que esta ley puede contribuir a una universidad «más abierta, más transparente, más participativa y más excelente». Sin embargo, advierte de que esto solo será posible si se dota a estos órganos del presupuesto, el personal y las competencias necesarias para actuar.
«Estamos ante una oportunidad de corregir una anomalía democrática que ha durado demasiado tiempo», concluye. En su opinión, el verdadero debate no es sobre la autonomía, sino sobre el derecho de la ciudadanía a supervisar cómo se gestionan los recursos públicos en una de las instituciones más importantes del Estado.