La presidenta del colectivo Afectados por la Ley Turística, denuncia en Bruselas la vulneración del derecho de propiedad en Canarias.
El colectivo Afectados por la Ley Turística participó la pasada semana en una mesa de trabajo sobre vivienda en el Parlamento Europeo. Su presidenta, Maribé Doreste, viajó a la capital europea para explicar una realidad que, como ella misma afirma, «ni los comisarios europeos entienden»: decenas de propietarios canarios que no pueden usar sus viviendas porque una normativa autonómica impone restricciones que, según denuncia, benefician al negocio turístico en perjuicio de los derechos ciudadanos.
Perplejidad institucional en la UE
Doreste asegura que la sorpresa ha sido generalizada entre eurodiputados y técnicos comunitarios: «Nos preguntaban tres veces si éramos realmente propietarios, si teníamos escrituras. Cuando explicábamos que sí, que nuestras casas están registradas y las hemos usado durante décadas, no daban crédito». La activista destaca que la legislación canaria ha provocado el desalojo forzoso de personas de sus propias viviendas, en favor de un modelo turístico que ella califica de «desmesurado» y «profundamente injusto».
Apoyo político en Bruselas
Durante su estancia en la capital europea, el colectivo ha recibido el respaldo de representantes de distintos grupos políticos. «Nos reunimos con eurodiputados del PSOE, Vox, Sumar… incluso se nos acercaron sin previo aviso otros parlamentarios interesados en el caso. Fue muy emotivo ver cómo se abrían puertas», relata Doreste. El objetivo es lograr una declaración de infracción contra España por parte de la Comisión Europea, por vulneración de derechos fundamentales.
Solicitud de expediente de infracción
El próximo paso, según explica la presidenta del colectivo, es redactar una solicitud formal para la apertura de un expediente de infracción. Esta petición debe estar sólidamente argumentada tanto desde el punto de vista del derecho de propiedad como del abuso legislativo. «La normativa europea es clara en cuanto a los límites que pueden imponerse al uso de bienes propios, y en Canarias se están sobrepasando», afirma.
Críticas al Gobierno autonómico
Maribé Doreste subraya que, a pesar de la vía europea, su colectivo continúa dialogando con el Gobierno de Canarias. «La consejera nos reconoce que heredó una ley mala e injusta. Pues si es así, que la cambien. Están en el gobierno, tienen los medios para hacerlo. Lo contrario es prolongar el sufrimiento de miles de familias», advierte.
Un problema que trasciende lo local
«Lo que sentimos en Bruselas fue vergüenza. Vergüenza de tener que contar que en Canarias se expulsa a la gente de sus casas con leyes hechas aquí mismo», sentencia Doreste. Con la interlocución abierta a nivel europeo y la presión social sostenida en las islas, el colectivo espera que se revierta una situación que consideran insostenible y que, según apuntan, pone en jaque los principios básicos del derecho europeo.