Santiago Rodríguez | Foto: EL ESPEJO CANARIO

11 de diciembre de 2018
El Gobierno canario aprueba el proyecto de ley del tercer sector

Hablamos de las novedades legislativas contra la exclusión con Santiago Rodríguez, comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza.

El Gobierno canario acaba de enviar al Parlamento el proyecto de ley del tercer sector de Canarias, un "reconocimiento a organizaciones de la sociedad civil con planteamientos participativos y sin ánimo de lucro" y que han llegado, en la lucha contra la exclusión y la pobreza, "donde no ha llegado la administración". Rodríguez señala que esta ley nace del consenso con los colectivos sociales, alcanzado a través de una asamblea en las que las organizaciones pudieron votar, primero, si querían una ley y después negociaron "artículo a artículo". Finalmente "hemos conseguido un texto totalmente consensuado" que, a juicio del comisionado, "es necesario aprobar antes del fin de la legislatura, y si es posible también la Ley de Servicios Sociales para seguir trabajando por los más vulnerables".

Ley de contratos públicos

Otro instrumento que considera efectivo en la lucha contra la exclusión es la reforma, el pasado mes de marzo de la ley de contratación pública, que añade nuevas cláusulas sociales y medioambientales. Asegura que no fue muy bien recibida por la administración central, "fue una advertencia de la Unión Europea y la amenaza de una sanción diaria". Hasta que se aprobó la reforma, el único criterio de contratación era el precio: "Ahora se apoya una contratación pública responsable y que el criterio del precio no sea el fundamental". Incluso la ley permite testear el mercado para comprobar si hay empresas de inserción que pueden hacer las distintas tareas. Ahora hay que trabajar para dar a los funcionarios un modelo de cláusulas tipo que permita hacer la selección. Rodríguez está convencido de que favorecerá a las empresas "y se convertirá en buen instrumento de lucha contra la pobreza".

Asimismo, considera que la la Prestación Canaria de Inserción es un buen punto de partida para dar cumplimiento al artículo 24 del Estatuto de Autonomía que contempla una renta de ciudadanía: "Si alcanzamos un consenso podríamos hacer una modificación de esta ley, que ya recoge la mayoría de los supuestos". El comisionado considera que es necesario "poner en la agenda política la pobreza, pero tenemos que sacarla de la pelea política".

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