23 de noviembre de 2018
«Maternalismo feminista y prostitución»

Marian Álvarez

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró la nulidad de los Estatutos del Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). Entiende la Sala que admitir un contrato de trabajo que contempla ejercer la prostitución por cuenta ajena supondría reconocer la legalidad del proxenetismo, tipificado en el Código Penal.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia, declara la nulidad no por lo que los Estatutos del Sindicato recogen en su literalidad, sino, curiosamente, por lo que no contemplan.

La representación del sindicato OTRAS defendía que su ámbito funcional, su trabajo, es el de “actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes”, además de la prostitución, lo que incluía actividades como las realizadas por los trabajadores del alterne, los bailarines eróticos, los actores porno y los centros de mensaje.

Sostiene la Audiencia Nacional que esa descripción general de “actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes”, comprende tanto las actividades del alterne, como el ejercicio de la prostitución bajo el ámbito organicista y rector de un tercero, esto es, el proxenetismo. Defiende la Audiencia, como defendió la Fiscalía, que “desde el momento en que el precepto estatutario no excluye tales servicios” la ilegalidad resulta manifiesta. O lo que es lo mismo, la Audiencia se agarra a un clavo ardiendo recurriendo a lo que no dice ni especifican los estatutos para declarar la nulidad del precepto donde se determina el ámbito de actuación del sindicato, lo que lleva aparejada, dice el Tribunal, la nulidad de los estatutos en su conjunto.

Quizás podríamos dedicarnos a analizar las muchas cosas que no contemplan los estatutos de los sindicatos en el capítulo dedicado a su ámbito de actuación para comprobar cuántos de ellos deberían ser anulados no por lo que dicen, sino por lo que callan pero tampoco merece la pena desarrollar ahora un estudio de Derecho Comparado.

La sentencia, aunque cogida con pinzas, es la políticamente correcta en una sociedad que, como la propia Justicia, se venda los ojos para no ver ni reconocer la sustantividad de la prostitución, de quienes la ejercen, y de quienes la consumen.

Los estatutos de esta Asociación han sido analizados por la Audiencia Nacional en función de las demandas presentadas por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, a las que se adhirió el Ministerio Fiscal, después de que, sin querer, el Ministerio de Trabajo diera el visto bueno a la constitución del sindicato, incluso publicándolo en el BOE en cuyo texto se contempla que el visto bueno se producía tras comprobarse "que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales". La propia Ministra reconoció que la situación obedecía a que, sin darse cuenta, le habían metido un gol por la escuadra.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, rechaza pronunciarse sobre la solicitud de las demandantes para que se declarara la disolución del sindicato ya que esta pretensión debía tramitarse en un procedimiento diferente, tal y como establece la ley reguladora de la jurisdicción social.

Y ahora ¿qué? La sentencia de la Audiencia Nacional no resuelve el problema real de desprotección y desregulación al que están sometidas las mujeres, y también los hombres, que ejercen la prostitución. La investigación práctica que hace años desarrolló la magistrada Gloria Poyatos, que consiguió darse de alta en la Seguridad Social como prostituta, junto a la imposibilidad de poder sindicarse, es una buena descripción de una sociedad que admite la prostitución si supone generar ingresos en concepto de cotizaciones, pero no reconoce los derechos de quienes la ejercen.

No se trata de legalizar el proxenetismo. Se trata en definitiva de dejar de mirar para otro lado como se ha hecho históricamente con todas las situaciones de desigualdad que vive la mujer por ser mujer. Si las leyes que tenemos impiden esa defensa, habrá que dictar otras, no sólo para los casos de violaciones que, como en el Caso de La Manada, pueden quedar casi impunes, sino también en lo relativo a la prostitución y a la libertad de la mujer para dedicarse a lo que quiera.

Porque es justamente la clandestinidad y la indefensión lo que históricamente arrojó a las mujeres prostitutas a ponerse al servicio de un chulo que las explotaba a cambio de supuesta protección. En los burdeles se protegían de la calle, y en la calle las protegía el chulo. La mujer lo que necesita, también la que decide libremente dedicarse a la prostitución, es que sea la sociedad quien las proteja dictando las leyes que garanticen su libertad.

Me sumo a la mayor parte de las reivindicaciones de los movimientos feministas en su lucha por colocar las políticas de igualdad en el centro del debate social, económico y político, pero no comparto el paternalismo y adoctrinamiento que en ocasiones pretenden ejercer contra el propio género, reproduciendo la costumbre machista de creerse en posesión de la verdad absoluta, de tener la potestad decirle a la mujer qué es lo bueno y correcto para ellas, cómo deben pensar sobre sí mismas, como si cada una no pudiera decidirlo por cuenta propia. Como en la mayor parte de los radicalismos, las que objetamos nos convertimos en enemigas de la causa.

El empoderamiento de la mujer debe superar incluso al maternalismo feminista, más que evidente cuando se habla de prostitución, y nos empeñamos en salvar a mujeres que no quieren ser salvadas porque no sienten que estén en peligro ni en desventaja. Ningún bien le hacemos a nuestro género si sólo le reconocemos la capacidad y libertad para lo que a nosotras nos parezca bien.

No me gusta la prostitución, pero entiendo que mi rechazo es fruto de mi cultura, de convicciones dictadas, aprendidas e interiorizadas. Defiendo una sociedad en la que la mujer y el hombre tengan igualdad de oportunidades para poder ganarse la vida como quieran y que cualquiera de las alternativas sea siempre mucho más atractiva que la actividad sexual a cambio de dinero. Y sé que la mayor parte de las mujeres y de los hombres que se dedican a la prostitución no lo hacen por vocación y supone para ellos la peor de las experiencias, que desearían hacer cualquier otra cosa. Pero creo también que puede haber casos en los que la elección sea libre y consciente y hay que garantizar que puedan hacerlo sin que nadie se beneficie de ello más que ellos mismos.

Las mujeres debemos plantar batalla para que las mujeres tengan las herramientas que les garanticen su libertad, independientemente de cuál sea su elección. Lo contrario sería como defender el libre pensamiento sólo si coincide con el pensamiento único.

La Audiencia Nacional ha fallado en pro de lo que aún se considera política y socialmente correcto en nuestra sociedad, seguir condenando a las mujeres prostitutas a la clandestinidad, doblemente víctimas de la desigualdad. Eso no es un avance, sino un retroceso. La decisión no ayuda a combatir el proxenetismo y los abusos, que es lo que pretendía el sindicato.

Los servicios sexuales no existen porque haya quien esté dispuesto a prestarlos, sino porque hay quien quiere contratarlos. De existir un problema, no radica en la oferta sino en la demanda. Para avanzar, como sociedad, debemos empezar a enfocar la prostitución desde la perspectiva del consumidor que también lo es en virtud de su cultura, de sus convicciones dictadas, aprendidas e interiorizadas. Seamos francos, nuestra sociedad condena a las prostitutas, pero empatiza con el putero. Quizás es ahí donde hay que poner el acento.

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