21 de noviembre de 2018
«Una fiscalía en el País de las Coincidencias»

Marian Álvarez

Érase una vez un catedrático de Derecho Constitucional que llegó a ministro de Justicia en los albores del siglo XXI de la mano de un presidente socialista llamado José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro, un reputado jurista, diputado nacido en Ultramar, con responsabilidades orgánicas en distintas áreas del partido, y llamado Juan Fernando López Aguilar, se acompañó del fundador de Jueces por la Democracia, Cándido Conde Pumpido, para que desde la Fiscalía General del Estado se reforzara la lucha contra la Corrupción y se marcaran los nuevos designios de la Justicia española.

Y así fue que, durante su primer mandato como Fiscal General, entre 2004 y 2007, reforzó la Fiscalía Anticorrupción, creando y dotando Delegaciones Territoriales y ampliando su plantilla. Quiso el destino que por aquellos tiempos prestara sus servicios como fiscal en la audiencia provincial de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey, miembro de la Unión Progresistas de Fiscales, quien desde 1996 y hasta 2010 fue Fiscal de la Sección de Delitos Económicos, pero también prestó sus servicios como Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (antes conocida como Fiscalía Anticorrupción) de 2003 a 2007 con llevanza de asuntos de dicha Fiscalía hasta el 2011. Curiosamente, también con la llegada de Cándido Conde Pumpidoa la Fiscalía General del Estado, se auspició a María José Segarra para que se convirtiera en Fiscal Jefe de Sevilla.

Es el tiempo en el que José Antonio Alonso y posteriormente Alfredo Pérez Rubalcaba se ocupan de la cartera de Interior coincidiendo con López Aguilar en Justicia. El mismo tiempo en el que un comisario llamado Narciso Ortega fuese designado como Jefe Superior de Policía en Canarias, donde estaría al frente de las principales investigaciones y operaciones policiales de las Islas. Cosas del destino, en 2008 Ortega fue redestinado a Barcelona donde coincidió en el tiempo con el fiscal delegado de anticorrupción Fernando Rodríguez Rey.

La conjunción de los astros quiso que algunos de los personajes de este cuento, con sus pasadas amistades coincidentes, coexistieran, por casualidad, en la Fiscalía General del Estado años después. Llegado 2018, concretamente el 3 de julio, María José Segarra, adscrita a la Unión Progresista de Fiscales, prometió su cargo como nueva Fiscal General del Estado, poco después de que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se hiciera con las riendas de la Presidencia del Gobierno.

Apenas dos meses más tarde, un 7 de septiembre de 2018, el Consejo de Ministros designaba al fiscal de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey, como nuevo Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

En el cúlmen de la concomitancia, Rodríguez Rey llega a su nuevo puesto se encuentra con que su segundo jerárquico, el Teniente Fiscal, era nada más y nada menos que Guillermo García Panasco, ex fiscal jefe en Las Palmas, de planteamiento más conservador, pero amoldable, quien fuera convenientemente trasladado a Madrid después de que una sentencia del Tribunal Supremo estimara que se había extralimitado en la investigación que ordenó contra Victoria Rosell (Jueces por la Democracia) y que incluso vulneró su derecho fundamental a la defensa. Hasta la Unión Progresista de Fiscales a la que pertenecía también Rodríguez Rey criticó en su momento que se premiara la García Panasco con un cargo en Madrid después de semejante trance.

Como es natural en estos casos en los que la concurrencia no es deseada, Rodríguez Rey releva a García Panasco como Teniente Fiscal, rebajándolo a simple fiscal en la secretaría técnica, y el 21 de septiembre nombra a María Antonia Sanz Gaite en el puesto de Teniente Fiscal.

Así está el organigrama de la Fiscalía del Estado, una Fiscalía en el País de las Coincidencias, cuando a finales de agosto arriba al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y a manos del fiscal superior, Vicente Garrido, ex compañeros de García Panasco, los informes de fiscal Santiago Sánchez y de la juez Celia Blanco, del juzgado de instrucción 2 de La Laguna donde se sigue la causa del denominado caso Grúas, en los que ambos, cambiando radicalmente de postura con respecto al archivo decretado con anterioridad sobre el caso, elevan sus dudas sobre la posible comisión de dos delitos del actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, cuando era alcalde de La Laguna. Siendo Clavijo aforado, por su condición de diputado, correspondía al Alto Tribunal Canaria investigar los hechos. Y quiso la mala fortuna que Demetrio Pintado, teniente fiscal, emitiera y elevara a la Fiscalía General un informe en el que concluía que analizado el fondo de la cuestión no se observaban indicios de la comisión de ningún delito por parte del presidente del Gobierno.

Llegados a este punto de coincidencias no es descabellado concluir, cómo ha sospechado Francisco Chavanel en varias ocasiones durante este procedimiento, que tras los cambios de opinión y las dilaciones que posteriormente protagonizó la Fiscalía del TSJC para pronunciarse sobre el fondo y sobre la forma, pudiera estar escondida la podrida mano de algunos miembros, militantes o allegados del partido en el poder, el PSOE, que conservando buenas relaciones con los que ahora ocupan cargos, usaron su capacidad de convicción para fines más que cuestionables.

Porque lo cierto es que, cuando el caso Grúas es elevado al TSJC, y este remite el informe de Pintado a la Fiscalía General, el fiscal de sala jefe de la secretaría general de la Fiscalía, esto es, el número dos de la Fiscal Jefe, es quien ejerciera de Fiscal Anticorrupción en Barcelona siendo López Aguilar Ministro de Justicia y posteriormente Narciso Ortega jefe superior de Policía de Barcelona.

Y así ocurre que, tras los retrasos injustificados de la Fiscalía del TSJC en pronunciarse sobre el fondo de la actuación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pese a tener un informe del teniente fiscal Demetrio Pintado que exoneraba al presidente de cualquier responsabilidad penal, el fiscal superior Vicente Garrido emitió un comunicado en el que señalaba que el retraso correspondía a órdenes emanadas de la Fiscalía General del Estado, a quien se debe como su superior jerárquico, que creyó conveniente no dar trámite a ningún recurso ni documento toda vez que en breve se publicaría la reforma del Estatuto de Canarias y Fernando Clavijo dejaría de ser aforado.

Posiblemente será fruto de la coincidencia que quien estableciera ese criterio sea el Jefe de la Secretaría General Técnica, jefe inmediato de García Panasco a la vez ex compañero de batallas de Vicente Garrido. Puestos a creer en casualidades y cosas del destino, puede ser que nadie se opusiera al criterio, porque con la llegada de los progresistas a la Fiscalía General algunas cabezas estaban en juego y era más fácil dejarse llevar y colaborar que morir en el intento.

Pero después de desvelar la orden de la Fiscalía de detener el proceso hasta que el presidente perdiera el aforamiento, Vicente Garrido se precipitó al intentar enmendar la tremenda metida de pata exponiéndose a entrevistas en emisoras de radio que sólo han servido para evidenciar aún más las contradicciones, dudas y lagunas de su relato, al tiempo que acentua las increíbles coincidencias de este cuento.

Se sale de lo casual o causal, en cualquier caso, que las magistradas Carla Bellini y Margarita Varona asumieran como normal el retardo en el pronunciamiento de la Fiscalía para que, una vez que entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se lavaran las manos como Poncio Pilatos, y asumiendo la falta de competencia esgrimida por la Fiscalía, que no llegó a pronunciarse oficialmente sobre el fondo del asunto, ordenara en un auto de 14 de noviembre devolver la causa al Juzgado de La Laguna.

Aún nos queda una curiosa coincidencia por apuntar. Y es que, el auto de la Sala de lo Penal que entiende que ya no es competente para juzgar a Clavijo, cuenta con el voto particular de su presidente, Antonio Doreste, que acentúa la falta de justificación para el no pronunciamiento judicial antes de la entrada en vigor del Estatuto y sostiene además que la misma no puede tener un carácter retroactivo. Y este extremo, es en el que viene a coincidir con un dictamen del Consejo de Estado, en cuya composición está la propia Fiscal General del Estado y firmado por la vicepresidenta del Gobierno apenas 24 horas después de emitirse el auto, que entiende que la entrada en vigor de un cambio normativo que afecta al derecho procesal y a un derecho constitucional como es el de juez predeterminado por ley no puede tener carácter retroactivo. ¿Es posible que conociendo este dictamen del Consejo de Estado la Fiscal General del Estado defienda la postura totalmente contraria en el caso Grúas? Es más fácil creer que el criterio defendido no ha pasado por su manos. Pero no debe pasar inadvertida sin embargo la postura de nuestro afamado catedrático de Derecho Constitucional, con el que iniciamos este relato, Juan Fernando López Aguilar, que en una entrevista publicada recientemente coincidía con el criterio de la Fiscalía y no con el del Consejo de Estado. Acaso fue también fruto de la coincidencia que después de mucho tiempo sin saber de él se haya asomado a los medios justo para defender este postulado.

Algo huele mal en este culmen de coincidencias y también contradicciones cuando incluso el portavoz de la Asociación Independientes de Fiscales en Canarias, Miguel Pallarés anunció ayer que se van a solicitar explicaciones a la Fiscalía General del Estado por lo ocurrido con el Caso Grúas toda vez que se pone en entredicho la actuación de la Fiscalía en Canarias y las explicaciones dadas por el Fiscal Superior no terminan de convencer sobre el correcto funcionamiento de este caso.

Y es que ya nadie se cree, por mucho que se empeñen, el cuento de la fiscalía en el País de las Coincidencias.

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