28 de septiembre de 2018
El negocio municipal de Agüimes

Marian Álvarez

En la Residencia de Mayores de Agüimes, nada es gratis. Por lo que vamos conociendo de cómo se gestionaba esta instalación municipal parece que se trate más de un negocio privado que de una infraestructura pública, al menos durante los últimos años que ejerció de alcalde de este municipio del sureste el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Tras conocer los nuevos datos aportados por Candelaria Pérez, una de las afectadas por los cobros indebidos, y portavoz del resto de familias que emprendieron acciones judiciales contra el Ayuntamiento, se hace más que evidente la necesidad de que alguien audite la gestión de la residencia municipal, quizás desde el inicio de su actividad, y ponga negro sobre blanco en las posibles irregularidades, o ilegalidades, que se hayan cometido, con los dependientes como principales perjudicados.

Porque las dudas ya no sólo abarcan desde que en 2014 entró en vigor el nuevo convenio del Ayuntamiento con el Cabildo y el Gobierno, sino desde que con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007, se fueron concediendo las distintas ayudas contempladas en el Plan Individual de Atención (PIA) de cada dependiente.

Los casos que han llegado a la jurisdicción contencioso administrativa abarcan desde enero de 2014 hasta finales de 2016, cuando el Ayuntamiento, ante la trascendencia de las reivindicaciones de los vecinos, y la toma en consideración de otras administraciones, se vio obligado a cambiar su ordenanza municipal sobre las condiciones de acceso, uso y tarifas de la Residencia Municipal.

La Ley de Dependencia establece que los beneficiarios deberán correr con los gastos de su propio Plan Individual en función de su nivel de renta, con unos parámetros establecidos en los reales decretos que desarrollaron reglamentariamente la Ley. Como punto de partida, cada dependiente debe costear el 35% de sus servicios, porcentaje que puede disminuir en función de la capacidad económica de cada persona.

Entendemos que cuando ayer Candelaria Pérez dijo en el programa de radio ‘El Espejo Canario’ que todos los residentes pagaban sus 1.200 euros, y si no los tenían en efectivo lo hacían poniendo sus propiedades, se refería a usuarios que no tenían reconocida su dependencia y por tanto no tenían derecho a una ayuda del Gobierno regional. Y en este caso, cabe preguntarse qué tipo de servicio público es una residencia municipal que se queda con las propiedades de sus vecinos para costear su estancia en ellas. No decimos que sea ilegal, pero sí parece, a simple vista, bastante feo. Cierto es que la administración local está para resolver los problemas de los vecinos, como puede ser la falta de camas sociosanitarias de carácter privado. Pero tendrán que estar muy bien documentado que se hacía con esas propiedades, si eran sólo aval, si pasaban a ser municipales, y adónde iba el dinero en caso de que se pusieran a la venta.

Recordemos que la gestión de la Ley de Dependencia corre a cargo de cada comunidad autónoma. Los fondos salen de la administración central, de las propias autonomías y de los Cabildos insulares que son los que tienen las competencias, y también las plazas de atención sociosanitaria.

El Gobierno regional se encarga de evaluar a los demandantes y establecer cuáles son las ayudas o prestaciones que corresponden en cada caso. A continuación, convenia con los Cabildos la aportación de cada administración, y le transfiere los fondos para su ejecución. A su vez, si el Cabildo no tiene los recursos públicos propios, negocia con otras entidades para que presten este servicio. Así es como llegamos al Ayuntamiento de Agüimes.

La explicación que damos del procedimiento, de cuáles son los distintos estamentos por los que pasa la documentación y expedientes no es baladí. El Gobierno de Canarias entrega su aportación al Cabildo, y este deberá certificar periódicamente todos los gastos a los que se ha destinado. De la misma forma, el Cabildo entrega el dinero al Ayuntamiento de Agüimes, que también deberá certificar convenientemente el destino de los fondos.

En 2014, el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Cabildo para la prestación de servicios en centros residenciales a personas con dependencia incluía 17 plazas, con sus nombres y apellidos, en la Residencia Municipal de Agüimes. El Cabildo era el encargado de transferir los fondos al Ayuntamiento, 23.662 euros anuales por cada una de ellas.

Y es aquí donde, de manera aún incomprensible, el Ayuntamiento de Agüimes siguió cobrando 1.200 euros mensuales a los beneficiarios de la Ley de Dependencia que en realidad sólo debían aportar 234 euros mensuales.

Como habíamos señalado antes, la Residencia, esto es, el Ayuntamiento de Agüimes, debía justificar periódicamente a las administraciones superiores que ese dinero se había gastado en aquello a lo que iba destinado. ¿Cómo pudo certificar el Ayuntamiento que esos fondos iban a esos dependientes cuando en realidad los beneficiarios corrían con todos los gastos? Pues sólo hay una explicación posible: mintiendo. De hecho, en la documentación entregada por el Gobierno de Canarias a las familias afectadas se sostiene que el Ayuntamiento de Agüimes certificaba que los pacientes habían pagado 2.817, 8 euros en 2014, cuando en realidad habían abonado 14.400 euros. El apartado 4 del artículo 390 del Código Penal señala como ‘conducta típica’ del delito de falsificación de documento público faltar a la verdad en la narración de los hechos’.

No sirvieron de nada las reclamaciones de los afectados, las idas y venidas al Cabildo y al Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento no dio su brazo a torcer. Han tenido que ser los tribunales los que, cuatro años después, hayan sentenciado ese cobro indebido, y hayan condenado al Ayuntamiento a devolver las cantidades.

En todo este asunto, y también a tenor de los datos facilitados por los afectados, hay también más aspectos que deberían ser esclarecidos. La gestión de la residencia no se efectuaba con medios públicos, sino a través de un convenio con una organización no gubernamental, que recibía 850 euros por cada plaza ocupada. Es obligado pues también conocer los detalles de ese convenio, a qué estaba obligada cada parte, para entender que pasaba con la diferencia entre los 1.200 euros que pagaban los usuarios y los 850 que cobraba la ONG. Se hace también evidente la necesidad de auditar toda esa gestión para saber adónde iban a parar todos esos fondos.

El actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, ha dicho en diversas ocasiones, que el dinero destinado a esos dependientes con nombres y apellidos, y que nunca pudieron beneficiarse de él, se destinaba al mantenimiento de las instalaciones. En otras ocasiones ha dicho que esos fondos se invertían en la gestión de la residencia, lo que permitía abaratar el coste de los servicios de todos los usuarios, en aras de una mayor equidad. Algo así a que gracias a que tenían esos fondos la plaza costaba 1.200 euros mensuales y no, por ejemplo, 1.700.

En cualquier caso, ninguna de las respuestas aportadas desde el Ayuntamiento es satisfactoria, y mucho menos conforme a Ley, tal y como ha reconocido el juez en su sentencia.

Sobre la actuación del Ayuntamiento cabe pues hacerse determinadas preguntas: ¿Se actuaba a capricho sabiendo que era injusto?, ¿A qué se destinó el dinero indebidamente cobrado? ¿Mintió el ayuntamiento en las certificaciones? Las respuestas tal vez nos llevarían a un orden jurisdiccional bien distinto, como es el Penal, dando forma a figuras delictivas como son la prevaricación, la malversación de fondos públicos y la falsedad en documento público.

Y aunque es más que evidente que es el Ayuntamiento el responsable de la injusticia que se ha cometido durante estos años contra esas familias, que habrán tenido que hacer lo inimaginable para pagar unos servicios que en realidad ya estaban pagados, también cabe preguntarse qué han hecho el resto de administraciones, responsables últimas del buen uso del dinero público y de la defensa de los administrados, cuando han tenido fe y constancia del errático proceder del Ayuntamiento, de su anterior alcalde, Antonio Morales, y del actual alcalde, Óscar Hernández.

En julio de 2016, siendo vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Asuntos Sociales la socialista Patricia Hernández dijo en el Parlamento que no cabía duda que las cantidades debían ser devueltas a los beneficiarios.

Al día siguiente, en los micrófonos de El Espejo Canario, la viceconsejera de Asuntos Sociales, Isabel Mena, reiteró que esos fondos debían ser devueltos. Cuestionada sobre si podía apreciarse la comisión de algún delito, sostuvo que aún se estaba a la espera de la recepción de toda la documentación por parte del Cabildo de Gran Canaria, al frente de cuya consejería de Políticas Sociales estaba la también socialista Elena Máñez, (hoy delegada del Gobierno en Canaria) para comprobar de qué manera el Ayuntamiento había certificado el uso de los fondos.

Pero lo cierto es que ya desde cuatro meses antes, el Gobierno regional sabía que la documentación no era fiel a la realidad. Queda patente en la contestación que con fecha de marzo de 2016, y firmada por la que fuera Directora General de Dependencia y Discapacidad, Alicia Álvarez, se sostiene que en la justificación remitida desde el Cabildo se contempla que la usuaria había aportado 2.817 euros cuando en realidad había pagado 14.400 euros.

Y desde entonces hasta ahora, silencio absoluto. Dice la Ley que cualquier cargo público o funcionario que advirtiese indicios de la comisión de un delito está obligado a ponerlo en conocimiento de la Autoridad Judicial, de la Fiscalía. Queda sin resolver pues la duda de si al repasar la documentación no se advirtió delito o si simplemente se hizo la vista gorda.

La duda no es gratuita, no en vano, los socialistas cogobiernan el Cabildo de Gran Canaria en un pacto con Antonio Morales, el responsable último de lo que sea que haya pasado en la residencia de Agüimes. Y a su vez son los socialistas quienes llevaban los designios de la consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, que tampoco ha tenido lupa lo suficientemente grande para encontrar los indicios de ilegalidad.

Parece pues evidente que si unos son responsables por acción los demás lo son por omisión.

La gestión municipal de Antonio Morales en el Ayuntamiento de Agüimes no está en entredicho exclusivamente por este caso. También a tenor de las múltiples irregularidades que detectó la Audiencia de Cuentas en su fiscalización general correspondiente al ejercicio de 2013. En ese caso, la Fiscalía no advirtió la comisión de ningún ilícito penal, no sabemos si correría la misma suerte una investigación en profundidad de la gestión de la Residencia Municipal. Lo que sabemos es que los socios políticos no están por la labor de poner el cascabel al gato e instar una fiscalización de la gestión municipal. Es más probable que tengan que ser nuevamente las propias familias, que han empezado a ganar los pleitos en el contencioso administrativo, los que tengan instar la acción penal. Por lo pronto se lo están pensando.

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